La Junta de Comunidades se personará como acusación particular contra el acusado por la muerte del lince 'Kairós', encontrado muerto el miércoles 17.
A esta persona se le imputa la muerte del lince con un lazo ilegal no selectivo en Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Uno de los puntos que se investiga ahora es si el animal murió realmente donde lo encontró el equipo del Seprona o si el acusado, natural de Castellar de Santiago (Ciudad Real), manipuló el animal y murió en otro sitio. El acusado habría movido al animal una vez muerto para trasladarlo a otra zona de donde habría fallecido.
Se enfrenta a un delito relativo a la protección de la fauna, según la Consejería de Agricultura. El Seprona es el organismo que efectúa toda la investigación en relación a la muerte del animal y principalmente ahora el movimiento que hizo el presunto asesino del animal del cuerpo del mismo y dónde murió realmente: si donde fue encontrado o en otro lugar por determinar y trasladó el cuerpo por alguna razón.
Desde la Consejería se ha comentado además que se van a incrementar los medios para evitar estas trampas y lazos que están puestas en las zonas de suelta de los linces ibéricos del programa Iberlince. Algo de lo que Ecologistas en Acción ya avisó hace escasas semanas con motivo de la suelta de nuevos animales en los Montes de Toledo. Hace 20 días la asociación ecologista avisó que en la zona donde se habían soltado los animales de los Montes de Toledo había 3.000 lazos ilegales de caza, similares al que ha matado a 'Kairós'.
Sin embargo a la hora de soltar estos animales, como denunció la formación ecologista, cuando se sueltan a los animales no se controlan las trampas de la zona cercana, dando lugar a que escasos kilómetros de la suelta hay lazos preparados donde estos animales pueden morir y echar por tierra todo el trabajo del programa Iberlince.
El lince 'Kenitra' murió de un disparo en la cabeza; aún no se conocen las causas de la muerte de 'Kala', el primero que falleció. Este tercer lince ha sido de nuevo matado por la acción del hombre.
La muerte de estos animales se considera delito por lo que está en manos de los juzgados de primera instancia correspondiente, pidiéndose cautelarmente la retirada de los permisos para cazar de los acusados.