Los okupas de Fraguas no ingresarán finalmente en prisión. La decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de retirar la denuncia que pesaba contra ellos por daños al medioambiente implica que la condena se rebaja a 2 años. Esto significa que los seis activistas, acusados por delitos de Ordenación del Territorio, usurpación del Monte y daños evitan la pena inicial de 4 años y seis meses de cárcel.
La noticia que da un giro en la resolución del conflicto que mantiene el colectivo okupa con el Gobierno regional desde que en 2013 comenzará la repoblación de esta aldea abandonada de la Sierra Norte de Guadalajara, se ha dado a conocer en los compases finales del juicio, celebrado hoy en la capital alcarreña. Así lo ha confirmado a eldiarioclm.es Jaime Merino, uno de los activistas del grupo desde las puertas de los juzgados de Guadalajara. “Es nuestro triunfo que se haya retirado la denuncia por daños y demuestra un gesto de la Junta para sentarnos a dialogar y encontrar una salida consensuada para Fraguas”.
Por su parte, Alberto Rojo, delegado de la Junta en Guadalajara, afirma a eldiarioclm.es que “estoy satisfecho con que se haya retirado la acusación por daños, porque, aunque la repoblación de Fraguas es ilegal, la pena es ahora más proporcional y justa al daño causado. Asimismo, asevera que ”los actos ilegales cometidos en Fraguas deben tener sus consecuencias“ y que ”respetaremos la sentencia“.
El juicio, que se ha iniciado entorno a las 11 de la mañana en el Juzgado de lo Penal de Guadalajara y que ha quedado visto para sentencia, ha suscitado una concentración pacífica en apoyo de los okupas en las inmediaciones del tribunal, además de una gran expectación mediática. En la sala, a la que ha tenido acceso la prensa, se encontraban el grupo de los seis acusados formado por Isaac Alcázar, Isabel Turina, Gonzalo Aracil, Milagros Aguilera, Daniel Gómez y Javier Pablo Ruggiero, junto con el magistrado, el Ministerio Fiscal, el abogado de la defensa y la letrada de la acusación que representaba a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Durante la vista, la defensa ha sustentado su estrategia, precisamente, en reclamar que se retirase el delito de daños al considerar que “durante la instrucción del caso ningún auto judicial ni recurso de la Junta habían reflejado que se hubieran producido esos daños”. Una demanda que finalmente ha sido atendida por la Junta de Castilla-La Mancha, personada como acusación particular en este juicio. En declaraciones a este digital, Erlantz Ibarrondo, abogado de la defensa, matiza que “no ha habido daños en el proyecto de Fraguas contra el entorno natural, sino todo lo contrario, pues lo único que han pretendido los okupas es rehabilitar una población respetando su arquitectura y la naturaleza”.
En este sentido, Isaac Alcázar, uno de los acusados y primeros pobladores que se asentó en Fraguas, ha destacado que “somos ciudadanos activos que combatimos la despoblación rural ante la inacción de la Administración. Asimismo, asegura que ”solo pretendemos repoblar una aldea que estaba totalmente abandonada y llena de residuos de una forma sostenible, autosuficiente y respetuosa con el monte“.
Además, la defensa ha conseguido que el juez admitiera a cuatro de los seis testigos para que participaran en el juicio, entre los que se encuentra Salvador Eras, antiguo vecino de Fraguas. Este cambio de postura se daba, después de que la decisión del juzgado de no citar a ningún testigo provocó el malestar entre los okupas que veían “vulnerado su derecho a la defensa”, según comentaba Merino a este medio.
Por el contrario, la acusación particular mantiene los delitos contra la Ordenación del Territorio, castigado con dos años de prisión y el de Usurpación de Monte público, que fija cuatro meses de cárcel para los okupas. De esto modo, la condena que solicitan ahora el Ministerio Fiscal y la acusación particular se limita a dos y cuatro meses para cada uno de los encausados frente a los cuatro años que se reclamaban antes del juicio.
Al término de la sesión, el abogado de la defensa ha mostrado su “satisfacción” por el resultado de la vista, al tiempo que ha destacado la declaración de los acusados que “no han negado en ningún momento lo que se ha hecho en Fraguas, pero han explicado bien que su motivación era reconstruir un poblado, su entorno y luchar contra la despoblación rural”.
Por su parte, la abogada de la acusación ha señalado que el caso de la repoblación de Fraguas puede producir “un efecto llamada” para otras iniciativas en el futuro, según comenta un testigo a este digital. Una vez concluido el juicio, queda por conocer cuál será la sentencia definitiva. El fallo podría comunicarse en el plazo de un mes. A partir de entonces, se mantiene la posibilidad de continuar la causa por la vía administrativa.
Diálogo
La Junta de Castilla-La Mancha ha dado el paso de abrir un tiempo de diálogo con los okupas del poblado de Fraguas, en palabras del propio colectivo okupa, cinco años después de que iniciasen la ocupación de esta aldea, situada en la Sierra norte de Guadalajara y tras ser denunciados por la Administración regional en mayo de 2013, durante la etapa de Gobierno de María Dolores de Cospedal (PP).
El anuncio de esta negociación, por parte de los repobladores de Fraguas, con la que se propone buscar una salida consensuada a este conflicto se produjo tan solo unos días antes de que tuviera lugar la vista judicial en la que se reclamaron inicialmente penas de 26 años de prisión contra seis de los activistas. Jaime Merino, uno de los okupas de Fraguas, aseguraba a este medio que habían recibido esta semana la llamada de un miembro de Ecologistas en Acción en la que les informaron de que la Junta estaba dispuesta a hablar con el colectivo okupa sobre el conflicto de Fraguas.
Aunque, de momento, se desconocen más detalles de las futuras conversaciones, lo que sí parece cierto, según Merino, es que el diálogo se conduciría desde la Dirección Provincial de Agricultura y, que contaría con la mediación de la organización Ecologistas en Acción. Este medio no ha podido, sin embargo, confirmar esta extremo con la Junta de Comunidades.
Alberto Rojo, delegado de la Junta en Guadalajara afirma a eldiarioclm.es que “siempre hemos apoyado la repoblación de la provincia de Guadalajara y por eso hablaremos con todo colectivo que plantea una iniciativa viable y dentro de la ley, porque Guadalajara lo necesita”.
Desde el colectivo de Fraguas acogen esperanzados la vía de la negociación con la Junta, “ya que denota que nos comienzan a valorar y que tienen predisposición de alcanzar una solución pactada y justa para Fraguas”.