Nuevo golpe judicial a uno de los proyectos de macrogranjas porcinas que se proyectan en Castilla-La Mancha. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Cuenca ha estimado favorablemente el recurso interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento de Cañete por la que autorizó la instalación de una macrogranja porcina de 2.400 plazas de cebo en el término municipal. Con esta decisión, no solo queda anulada la licencia municipal sino también la declaración de impacto ambiental vinculada a la misma.
Los colectivos Stop Macrogranjas Pueblos Vivos y Ecologistas en Acción, recurrentes contra la macrogranja, habían alegado en su acción judicial que se había producido por parte del Ayuntamiento la “voluntaria supresión” de cualquier trámite de exposición pública o de audiencia respecto de la declaración de impacto ambiental, el cual debía haberse practicado antes de dictarse la resolución del órgano sustantivo.
No obstante, la sentencia no valora esta cuestión, sino que entra de lleno en el acto impugnado, no por irregularidades formales sino por falta de información. Establece así que ni en la autorización municipal ni en la declaración de impacto ambiental se ofrece una explicación a las alegaciones, limitándose a la emisión de los informes favorables para la concesión de licencia urbanística.
El juez reprocha que en cuestiones concretas como el tratamiento de los purines, “no existe un plan detallado y específico de gestión”, cuando tiene una “relevancia importante desde el punto de vista ambiental y sus posibles repercusiones”. Tampoco existe un “verdadero plan agronómico” ni tampoco se ha llevado a cabo “un estudio más detallado y concreto desde el punto de vista hidrológico, cuando se está hablando de un consumo importante de agua que afecta a aguas superficiales”.
Aspectos fundamentales “que no han sido debidamente concretados”
Por ello entiende que hay aspectos fundamentales desde el punto de vista de la repercusión medioambiental, dadas las“ graves consecuencias que ello comporta”, que no han sido concretados debidamente a efectos del desarrollo de la actividad.
El colectivo Stop Macrogranjas Pueblos Vivos ya había denunciado que esta operación se había realizado “con opacidad, sin sometimiento a información pública y sin tener en cuenta las alegaciones”. Según apuntaba esta asociación, ha crecido la indignación vecinal por considerar que su ayuntamiento tomó la decisión de la autorización “a espaldas” de los ciudadanos.
La Plataforma ya presentó hace más de un año, ante el inicio de las obras, un recurso administrativo solicitando su paralización, pero la respuesta fue que la macrogranja no tenía licencia de obra. “Sorprendentemente, tras una denuncia ante el SEPRONA, el Ayuntamiento se desdijo de su escrito anterior y manifestó que sí disponían de licencia de obras para el movimiento de tierras y el vallado”. Fue el momento en el que presentaron el nuevo recurso ahora estimado.