La localidad toledana de Ocaña incumple la Ley de Memoria Histórica y se aferra al pasado franquista

El monumento franquista en la plaza Gutierre de Cárdenas, un busto de José Antonio Primo de Rivera, una enorme cruz de los caídos junto a la iglesia parroquial, la avenida Generalísimo, la calle Mártires de Ocaña o la calle general Moscardó. Son algunos ejemplos de la simbología franquista que sigue conservando el municipio toledano de Ocaña a pesar de la solicitud de retirada de los mismos que llevó a cabo el pasado año el Ministerio de Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de la Memoria Histórica.

Ocaña, con 11.597 habitantes, es uno de los 47 municipios que aún conserva vestigios del franquismo en espacios públicos en la provincia de Toledo, la primera del país en este ranking por delante de Valladolid -43-. El Ayuntamiento de Ocaña fue además denunciado en el año 2017 por la formación política Compromís al no considerar el cambio de nombres franquistas de sus respectivos callejeros, aunque finalmente la demanda no prosperó.

En este sentido, Carlos Mulet, senador designado por las Corts Valencianes que se integra en el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem) de la Cámara Alta, viene requiriendo, “ante la pasividad de los gobiernos central y autonómico”, a centenares de ayuntamientos de España que cumplan con la Ley de Memoria Histórica.

En el caso del Ayuntamiento de Ocaña, el senador ha realizado multitud de requerimientos que llevaron en la anterior legislatura a incoar un procedimiento contractual tendente a la elaboración de un catálogo de la simbología franquista y de la nomenclatura de varias vías públicas presentes en el municipio que permitiese adoptar la retirada de las mismas y, por tanto, se dejase de incumplir la mencionada legislación -aprobada en 2007- en la localidad.

Decenas de solicitudes para cumplir con la ley

Sin embargo, en el Consistorio del municipio toledano aún no se ha elaborado dicho catálogo y no se han atendido las decenas de peticiones de Mulet, que inició en el año 2017 una campaña con la que se puso en contacto a través del Senado con más de 2.000 municipios que cuentan con calles con nombres relativos al franquismo. En esta legislatura continúa solicitando actas de acuerdos del pleno u órganos de Gobierno de Ocaña en los que se apruebe la retirada de estos símbolos y se cambie el nombre de vías como la avenida José Antonio, además de las citadas anteriormente.

Entre los vestigios a los que hace referencia también cita un monolito de la Falange en la esquina de la avenida Generalísimo con Alonso de Ercilla. Se trata de monumentos conmemorativos que suponen una exaltación de la Guerra Civil y que no dan cumplimiento “al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978”, según apuntaba el Ministerio de Justicia en la misiva enviada a 656 ayuntamientos españoles para dar cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica, que entre sus objetivos, busca reconocer y ampliar derechos en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura.

El Ayuntamiento no se pronuncia

El Ayuntamiento de Ocaña ha estado gobernado desde el año 1999 ininterrumpidamente por el Partido Popular hasta el pasado año, cuando el socialista Eduardo Jiménez se alzó con la Alcaldía gracias al apoyo de Ciudadanos. A pesar de la petición de este medio, el actual equipo de Gobierno ha declinado hacer declaraciones sobre esta situación, de la que no se conoce ningún avance para dar cumplimiento a la actual legislación.

Mientras tanto, el Gobierno de España sigue trabajando en la aprobación de una nueva Ley de Memoria Democrática sobre la que el Consejo de Ministros presentó su anteproyecto el pasado 15 de septiembre. Esta tendrá una sección específica dedicada a los “símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática” con una definición “más precisa” para retirar este tipo de tanto en edificios públicos o privados (incluyendo los religiosos). También se incluirá un “procedimiento detallado de retirada o eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática, de no haberse producido de manera voluntaria” y habrá medidas expresas que incluyen privar de ayudas y subvenciones a los infractores.

Además, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, entregado este miércoles 28 de octubre en el Congreso, destina un total de 11,3 millones de euros para esta partida que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó a cero desde 2013. Mientras tanto, el Gobierno continúa con su campaña de reparación a las víctimas del franquismo, con el acto de entrega de declaraciones de reparación y reconocimiento personal a doce víctimas de la represión de la dictadura franquista, entre ellas la de Florencio Soto Martín, jornalero de Añover de Tajo y militante del CNT, que fue fusilado el 22 de junio de 1940.