El proyecto para instalar una macrogranja de 2000 cabezas de porcino en el municipio de Luzón, situado al norte de la provincia de Guadalajara se encuentra suspendido desde finales de 2018. Así lo sostiene la plataforma Stop macrogranjas comarca de Molina de Aragón, quien asegura que el proyecto lleva “paralizado” desde hace varios meses por los obstáculos a los que se ha tenido que enfrentarse el promotor de la explotación ganadera, Granja porcina Aleju. Entre las dificultades principales destaca el emplazamiento de los terrenos agrícolas previstos para realizar el vertido y tratamiento de los purines, ubicados en Maranchón, una población aledaña que, en octubre de 2018, aprobó una ordenanza para regular la gestión de purines y blindarse, en definitiva, contra estos criaderos intensivos.
En opinión de Alberto Mayor, portavoz de la plataforma Stop macrogranjas “es una buena noticia que la macrogranja de Luzón esté paralizada y no evolucione, porque demuestra que cada vez más poblaciones de Guadalajara están concienciadas de los problemas ambientales y sociales que producen estas explotaciones en los lugares donde se instalan”. Y, por ello, subraya “se blindan con ordenanzas para impedir que lleguen a sus municipios, puesto que saben que no ayudan a combatir la despoblación”.
La ordenanza aprobada en Maranchón imposibilita de facto el vertido de los residuos de la granja en el casi centenar de parcelas que recogía el proyecto inicial y obliga a la empresa a buscar otro emplazamiento cercano. Además, el promotor tendría que presentar otro plan de vertido de purines a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural informando de su nueva localización que esta Administración debería evaluar y autorizar nuevamente.
Algo que, según refiere la misma plataforma ya habría intentado sin éxito el promotor en la localidad de Ciruelos del Pinar, otro municipio también protegido contra estas macrogranjas industriales. Asimismo, si el promotor no presenta el documento en el plazo estipulado podría derivar en el archivo del proyecto por parte de la administración regional, tal como explican desde este colectivo. “El hecho de que el promotor no encuentre otro espacio próximo a la granja donde verter los purines encarecería la actividad y podría llevarle a renunciar a la macrogranja y con ello a que la administración lo archivara a medio plazo”.
A esta circunstancia hay que añadir la oposición creciente que esta futura explotación ha levantado en la comarca molinesa, galvanizada por Stop macrogranjas, desde que esta iniciativa se hiciera pública en la primavera de 2018. En este sentido, según refieren algunos vecinos de de la comarca a este medio, el pozo que la empresa construyó hace algunos meses para captar las aguas de abastecimiento de la granja animal sufrió un sabotaje. Todas estas adversidades habrían llevado al empresario ganadero a replantearse el negocio. Desde eldiarioclm.es hemos tratado de contactar con el promotor para conocer su versión de los hechos sin haber recibido respuesta por el momento.
Todas las autorizaciones necesarias
La suspensión no oficial de esta macrogranja ganadera se produce, después de que el proyecto obtuviera todas las autorizaciones necesarias. La Junta de Castilla-La Mancha dio luz verde a la declaración de impacto ambiental de la explotación, en abril de 2018, considerándola una “actividad autorizable” y compatible, a pesar de ubicarse dentro del espacio natural de especial conservación ZEPA de las Parameras de Maranchón, la Hoz del Mesa y Sierra de Aragoncillo. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro también autorizó la propuesta del aljibe para suministrar agua al cebadero.
A estos permisos favorables se sumó también el respaldo del Ayuntamiento de Luzón y de una gran parte de la población a la iniciativa. Francisco Romero, alcalde de Luzón (PSOE) confirma a este digital que el promotor “está desilusionado con el proyecto por las adversidades que se ha encontrado y ha de decidir si sigue o no adelante con ello cuando la Administración confirme las últimas concesiones”.
En cuanto a la postura del Consistorio asevera que “apoyamos esta actividad ganadera porque supone empleo y que una familia pueda vivir en la localidad de forma permanente”. Asimismo, recalca que “esta actividad ganadera es compatible con el medio rural siempre y cuando se controle la gestión de purines” y, agrega “se ha vigilado que la granja cumpla escrupulosamente con la normativa y no podemos negar la licencia”.
En Castilla-La Mancha, cada 15 días se solicita permiso para la implantación de una macrogranja, según estimaciones de la propia plataforma. En este contexto, Guadalajara es una de las provincias donde más ha proliferado este modelo de ganadería intensiva en los últimos años. Sin embargo, la negativa social mayoritaria a estos criaderos ha logrado frenar algunos proyectos. También se ha canalizado en las ordenanzas que más de 50 localidades alcarreñas y sus pedanías han aprobado para gestionar los purines de estas explotaciones y evitar los daños sobre el medio ambiente en sus territorios.
Algunas de las poblaciones que integran la lista de municipios libres de macrogranjas son Sigüenza, Brihuega, Alustante, Corduente, Castellar de la Muela, Villel de Mesa, Algar de Mesa, Mochales, Anguita, Zarzuela de Jadraque, Riofrío del Llano, La Toba, Galápagos, Paredes de Sigüenza, Tordelrábano, Alcolea de las Peñas, Sienes, Maranchón y Ciruelos del Pinar.
Otros criaderos
Al contrario que Luzón y otros tantos proyectos que no lograron asentarse en la provincia, en buena medida por la movilización vecinal, otras explotaciones funcionan actualmente en el territorio de Guadalajara, tras haber superado todos los trámites administrativos. Es el caso de la macrogranja porcina situada en Poveda de la Sierra, en pleno Parque Natural del Alto-Tajo, en la comarca de Molina.
Esta instalación, que alberga 2000 cabezas de porcino se encuentra operativa y a pleno rendimiento desde el pasado otoño. Su situación en una zona periférica con el Parque Natural del Ato Tajo fue determinante para que Agricultura diera luz verde al impacto ambiental del proyecto. Además, esta iniciativa contó con el respaldo firme del Ayuntamiento del municipio, lo que, sin duda, allanó su construcción.
A 70 kilómetros de Poveda de la Sierra, otro municipio del Alto-Tajo, Tordesilos centraba recientemente la atención por la existencia de otra iniciativa semejante. Se trata de la edificación de dos naves de ganado porcino, a 4 kilómetros de esta localidad junto a una laguna natural y una zona de sabinares en repoblación, reconocida como uno de los hábitats de singularidad especial de Castilla-La Mancha, dentro del área protegida del Parque Natural del Alto-Tajo. Esta planta ganadera de 2.000 cabezas, impulsada por la empresa Alina Urdea Urdea se sitúa en la fase de consultas previas que el Gobierno regional traslada a las distintos organismos afectados, así como a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a los grupos ecologistas WWF-Adena, Dalma y Ecologistas En Acción.
Precisamente, esta última organización ha sido una de las que ha presentado alegaciones contra este proyecto, al entender que incurre en “graves deficiencias y omite información relevante”. De materializarse este cebadero sería el segundo que acoge Tordesilos, 17 años después de que otra instalación similar se asentara en este municipio. Ambas sumarían 4000 porcinos en una población de 70 habitantes, emplazada en una de las zonas más afectadas por la sangría de la despoblación en la región castellano-manchega.
Además de la ganadería porcina, los criaderos intensivos de terneros se extienden cada vez más en la provincia guadalajareña. De este modo, en el municipio molinés de Alcoroches planea una explotación ganadera para cebar a 600 terneros en una parcela de 56.000 metros cuadrados, localizada en el polígono de Alcoroches, a escasos kilómetros de la localidad. Impulsada por un promotor local en 2018, el proyecto se encuentra en la fase de revisión del estudio de impacto ambiental por parte de la Administración regional.
“Ganadería salvaje”
La coalición Unidas Podemos mantuvo una reunión, este martes, en Guadalajara con la plataforma Stop Macrogranjas, dentro de la ronda de conversaciones que este partido político ha abierto con diferentes colectivos de la provincia durante la presente campaña electoral. Al encuentro, celebrado en la sede de la asociación El Rincón lento asistieron los candidatos de la coalición a las elecciones generales por Guadalajara, Julián Atienza y Milagros Ruiz-Rosso, junto a Susana Tundidor, coportavoz de Equo Guadalajara y varios miembros de Stop macrogranjas.
El objetivo de la reunión era conocer de primera mano la problemática de las macrogranjas que afecta desde hace varios años a la Guadalajara rural. En este sentido, desde la plataforma hicieron hincapié en cómo la contaminación originada por los nitratos en los acuíferos está afectando ya a los manantiales de algunos pueblos de la provincia, obligándoles a consumir agua embotellada. También plantear posibles acuerdos con el fin de fijar una posición común de cara a la futura aprobación de una normativa con la que se regulará la ganadería intensiva a nivel estatal. Este decreto se ha estancado desde que en agosto saliera a información pública, debido a la convocatoria de las próximas elecciones generales.
Julián Atienza, que en una reciente entrevista en el digital Henaresaldia.com calificaba la ganadería intensiva como “salvaje, insostenible y contraria al desarrollo rural”, se comprometió a apoyar a la plataforma Stop macrogranjas en Castilla-La Mancha. Asimismo, aprovechó para acusar al Gobierno regional de “favorecer un modelo económico que no crea empleo, ni fija población rural y solo sirve para el enriquecimiento de un puñado de grandes empresas que luego colaboran con las fundaciones de la Junta”, en referencia al caso acaecido entre Incarlopsa y la Fundación Impulsa. La oposición de esta formación a la ganadería intensiva quedó de manifiesto en las alegaciones que presentaron este mes contra el proyecto solicitado en Tordesilos.
Desde Stop macrogranjas valoran como “positivo” este primer encuentro y esperan que “fructifique”, con la mirada puesta en la aprobación de la norma que regulará estas explotaciones intensivas en todo el territorio español, en una posición de apoyo a “la labor de oposición que las plataformas estatales hacen de la ganadería industrial y la apuesta firme por la ganadería extensiva en el mundo rural.