Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana rechazan el nuevo plan para el Tajo
Las reacciones contra la aprobación del proyecto del Plan Hidrológico del Tajo dentro del ciclo de planificación 2022-2027 y que muestran una postura muy diferente a la satisfacción con la que se ha recibido el texto en el Gobierno de Castilla-La Mancha.
El 'president' de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha advertido que volverán a presentar alegaciones “sustentadas técnica y jurídicamente” contra el nuevo recorte a los envíos de agua a Alicante del trasvase Tajo-Segura incluido en el Plan Hidrológico del Tajo, aunque al igual que aseguraba el presidente castellanomanchego, Puig ha remarcado que “siempre hay tiempo para el diálogo y para la negociación”.
“Con total rotundidad: creo que tenemos razones jurídicas, políticas, sociales y económicas para continuar defendiendo nuestra posición en el ámbito en el que sea necesario”.
El principal punto del desacuerdo de la Generalitat para gestionar en el futuro el trasvase Tajo-Segura se centra en el establecimiento del caudal ecológico en 8,6 m3/segundo a su paso por Aranjuez a partir de 2027. Actualmente, esa cota está fijada en 6 m3/segundo, de tal manera que si se materializa la modificación planteada, cree que los intereses de las comarcas que se nutren del trasvase (Vega Baja, l'Alacanti y Vinalopó) se verían perjudicados.
Al respecto, Puig ha reiterado que su gobierno “nunca” estará de acuerdo con decisiones que vayan en contra de los regantes valencianos y, por tanto, actuarán en consecuencia como en los últimos recortes de agua. Ha lamentado que los “avances” conseguidos en este proceso no sean suficientes y ha abogado por acompasar la red de caudales con otros recursos.
También ha hecho notar que la situación climatológica actual hace provoca incertidumbre --“no sabemos muy bien cómo estará la situación en 2027”--, por lo que ha instado a actualizar el plan “mucho más permanentemente y con una actitud más abierta y no dogmática”.
El 'president' ha garantizado así que las alegaciones que presente el Consell buscarán “mejorar” las perspectivas del Ministerio sin salirse de la ley y tanto por la vía de la negociación como la judicial.
Mientras, la Asociación de Jóvenes Agricultores de Alicante (ASAJA) ha responsabilizado al PSOE de los “recortes inasumibles” del trasvase Tajo-Segura y ha acusado a la formación de “no defender la agricultura”. “Los socialistas han cavado la tumba de los agricultores, pero también su tumba política en el Levante”, ha sostenido el presidente del colectivo, José Vicente Andreu.
La organización agraria deplora la decisión del Gobierno central de “recortar en un 40 por ciento los caudales trasvasados a Alicante, Murcia y Almería” y anuncia que denunciará al Estado por “el perjuicio económico y social que supone la supresión de 108 hm3 de caudal”.
La aprobación del plan de cuenca del Tajo es una doble victoria de Page y un ridículo absoluto del PSOE valenciano
Del mismo modo, pide que en las próximas elecciones se vote “a fuerzas políticas que no actúen de forma deliberada contra el desarrollo económico y social del sureste peninsular”. “Es el principio de una nueva guerra del agua iniciada por el Gobierno contra el Levante español, cuando lo que debería haber es diálogo y entendimiento”, ha afirmado.
Por ello, el dirigente agrario hace un llamamiento al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, para que sea “más dinámico” y solicite una reunión “urgente” en Madrid con el Ministerio de Transición Ecológica, a fin de evitar el incremento de los caudales ecológicos y “la sentencia de muerte de nuestra huerta”.
Sobre las medidas judiciales que la Generalitat Valenciana ha anunciado en defensa del trasvase, Andreu considera que “llega tarde” y de “forma tibia” al final de una lucha por el agua en la que “Ximo Puig, Mireia Mollà y el resto del Consell se han mantenido de perfil todo el tiempo para proteger su relación con los socialistas y los partidos afines que sostienen la coalición del Gobierno”.
“Han delegado la defensa de sus ciudadanos a los técnicos jurídicos de la Generalitat, poniendo a funcionarios a librar en su lugar una batalla política. Los problemas no se solucionan acudiendo a los tribunales por sistema, hay que coger la maleta y subir a Madrid y trabajar por el trasvase”, zanja Andreu, quien añade que “la aprobación del plan de cuenca del Tajo es una doble victoria de Page y un ridículo absoluto del PSOE valenciano”.
Murcia: “Se ha dictado sentencia de muerte para el trasvase”
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha comentado, a través de sus redes sociales, tras conocer la aprobación inicial del Plan Hidrológico de Tajo que “el Gobierno de Sánchez ha dictado sentencia de muerte para el trasvase Tajo-Segura”. En la misma comunicación, el jefe del Ejecutivo regional ha sentenciado que “la aprobación del plan del Tajo es otro paso más en su hoja de ruta”.
Finalmente, López Miras ha asegurado que “llegaremos hasta el final para defender los intereses de la Región de Murcia”.
Madrid se opone al plan del Tajo
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de Madrid, Paloma Martín, ha votado en contra de la propuesta del proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo “ya que reducirá la capacidad hídrica de la región”.
La responsable madrileña asegura que este Consejo se ha convocado “de manera precipitada y sin una planificación adecuada, teniendo en cuenta que será el documento gestor de la demarcación durante los próximos cinco años”.
“Hemos abordado un tema muy sensible, que afecta a millones de familias, sin tener un análisis exhaustivo de las implicaciones que puede tener las modificaciones que se plantean en el Plan”, ha afirmado.
La consejera ha asegurado que el documento que se ha presentado hoy en este organismo asesor “tiene carencias que hacen difícil atender el compromiso de proporcionar agua en cantidad y calidad suficiente para los distintos usos que prevé la Ley de Aguas”.
Asimismo, ha ahondado en que perjudicará a la zona oeste de la región, “ya que plantea modificar y limitar la actual concesión que Canal de Isabel II tiene en el río Alberche por un volumen de hasta 219,8 hectómetros cúbicos anuales, una concesión que es vital para poder garantizar el suministro de la zona cuyo embalse de referencia es el de Valmayor”.
“Valmayor suminiestra el agua a 1,7 millones de habitantes y condicionar la derivación del agua desde el Alberche a Valmayor a una autorización previa compromete el volumen necesario para el abastacimiento del agua en la comunidad y altera el modelo vigente a día de hoy. Ningún plan prevé autorización para derivar agua dentro de una misma Cuenca. Es un trato discriminación carente de cualquier justificación”, prosigue la titular regional de Medio Ambiente y Agricultura.
“No sólo nos encontramos con una ruptura unilateral de la concesión, que quiebra el principio de confianza legítima, sino que lo que proponen puede ocasionar un descenso significativo del agua embalsada en Valmayor con las consecuencias que puede conllevar en el abastecimiento de los vecinos y posibles riesgos medioambientales”, ha añadido.
En esa línea, Paloma Martín ha pedido al Consejo del Agua que aporte estudios técnicos y científicos que avalen los cambios en los criterios medioambientales y ha recordado que Canal ha reportado en los últimos seis años más de 460 millones de euros en actuaciones de depuración, 665 millones de euros en mejora de saneamiento y 270 millones de euros en materia de reutilización de aguas residuales depuradas para usos urbanos.
“El compromiso de Canal para la mejora de la calidad de las masas de agua es tan firme que nos ha llevado a devolver a los cauces un 25% de las aguas depuradas con calidad muy superior a la exigida en las autorizaciones de vertido. Por tanto, nuestra posición sobre la modificación de los objetivos ambientales no se basa en premisas económicas ni en falta de compromiso medioambiental, sino en entender que es necesario esperar a comprobar la eficacia de las actuaciones realizadas y en ejecución antes de acometer nuevas acciones”, ha concluido la consejera, quien también ha pedido al Gobierno central que se replanteé el Plan.
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