- El presidente de la Asociación de Pueblos Ribereños de Entrepeñas y Buendía sostiene que el último trasvase es ilegal y que acudirán a la Fiscalía
Aunque no ha conseguido su objetivo final, que es el cierre del trasvase Tajo-Segura, Francisco Pérez Torrecilla (PSOE), alcalde de Sacedón (Guadalajara) ha logrado dos cosas: llevar la sangría del Tajo hasta la primera plana de la actualidad y aunar posiciones en el seno de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, entidad que agrupa a los más de veinte municipios de la cabecera del Tajo y cuya acción no siempre estuvo presidida por la unidad.
La sequía y, sobre todo, las derivaciones de agua a Levante han esquilmado los embalses de Entrepeñas y Buendía, que actualmente se sitúan en un raquítico 9% de su capacidad. Y, pese a que en teoría el acueducto estaba cerrado temporalmente desde junio, el último trasvase encubierto materializado el pasado fin de semana, a raíz de una cesión de agua de los regantes madrileños a los de Murcia, ha terminado por hacer estallar a los ribereños. “La ministra de Medio Ambiente tiene muy poca vergüenza porque se comprometió a respetar los derechos de la cuenca cedente”, sostiene. Los pueblos de Entrepeñas y Buendía no aguantan más porque, tal como indica Torrecilla, tras cuatro décadas del trasvase Tajo-Segura, se han quedado “sin agua, sin empleos, sin turismo y sin campos de labor”.
¿Cómo valora el último trasvase autorizado por Medio Ambiente?
Es un trasvase encubierto y no una cesión de derechos como defiende el Ministerio de Medio Ambiente. El Gobierno ha engañado de nuevo a los pueblos ribereños y demuestra su dejadez con la comarca. No sólo no atienden nuestras demandas sobre la necesidad de gestionar el Tajo de otra manera, sino que no concluyen las obras de abastecimiento que llevan un retraso de tres años ni conceden ayudas para asegurar la vida de nuestras poblaciones. Además, la directora del Agua ha incumplido con su compromiso de no trasvasar agua por debajo de los 368 hm3 y la ministra anunció recientemente que se priorizarían los derechos de la cuenca cedente. Tienen muy poca vergüenza de actuar contra un río moribundo con sus embalses al 9% de su capacidad y contra una comarca que lleva siendo solidaria con el Levante durante 38 años.
¿Cuantos hectómetros cúbicos se han derivado este pasado fin de semana?
Se estima que se trasvasaron entre 2 y 3 hectómetros cúbicos por el tiempo y el volumen, que acabó en casi 30 metros cúbicos por segundo. El trasvase había que pararlo por ser ilegal, pero esta vez se superó esa ilegalidad al haberlo llevado a cabo después del 30 de septiembre, al comienzo del año hidrológico.
La maraña legal que rodea al trasvase no aclara si está cesión de agua entre particulares es legal pero lo que está claro es que vulnera la raya fijada para este año como cota mínima no trasvasable. ¿Considera ilegal este trasvase encubierto?
Es totalmente ilegal porque el Memorándum del Tajo recoge que no se puede trasvasar ni una gota por debajo de los 368 hectómetros cúbicos (hm3) en 2017 y de 400 hm3 a partir del año que viene. Aunque lo llamen cesión de derechos y apelen desde Medio Ambiente al derecho de los regantes de Estremera, en Madrid, no deja de ser un trasvase de agua por un acueducto de una cuenca a otra en la que el origen, el uso y el destino son los mismos. Desde la Asociación de Municipios Ribereños estamos valorando denunciarlo ante la Fiscalía en coordinación con otros colectivos o de forma individual.
El cese del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) se produjo solo un día antes de este último trasvase. ¿Cree que está relacionado?
Sin duda. Y es lógico. Los miembros del Sindicato Central de Regantes (SCRATS) llevan exigiendo y presionando al Gobierno para que se produzca esta cesión de derechos desde los regantes de Estremera hasta los de Murcia desde junio. Ahora entendemos que no se autorizó antes por la negativa del ex presidente de la Confederación, y todo indica a que fue una decisión de la directora del Agua cesar a Miguel Antolín porque se oponía al trasvase y le estorbaba para desarrollar sus planes con el Tajo.
¿Considera que el Estado trata a los ciudadanos de Entrepeñas y Buendía como ciudadanos de segunda?
Sí, porque si no fuéramos ciudadanos de segunda no llevaríamos esperando tres años a que se complete la obra de abastecimiento. La distinción es muy clara. Los murcianos son ciudadanos de primera, alzan la voz y al día siguiente el Gobierno aprueba el decreto de sequía y desembolsa 40 millones de euros. En cambio, nosotros protestamos durante tres años porque no podemos beber agua del grifo y no nos hacen ni caso. La diferencia de trato es evidente.
¿Cuándo estará concluida la conducción de Morillejo que, en principio, evitará que muchas poblaciones tengan que abastecerse con camiones cisterna en verano?
El Gobierno anunció que esta infraestructura estará concluida a finales de este año, pero también prometió lo mismo dos veces, anteriormente, en 2014 y el pasado abril y no cumplieron los plazos. Desde luego con la escasa voluntad que este Ejecutivo ha manifestado para invertir en esta obra no creo que se acabe ni este año ni en 2018. Nos tienen completamente abandonados. ¡Qué fácil sería contentar a 10.000 habitantes garantizándoles el suministro de agua!
La sequía y el cierre temporal del trasvase han hecho que el Ministerio de Medio Ambiente aumente la producción de las desaladoras. ¿Por qué no se hizo antes?
A los regantes de Murcia les sale mucho más barata el agua que procede del trasvase en comparación con las desaladoras, porque está muy subvencionada por el Estado. En concreto abonan 9,7 céntimos por cada metro cúbico de agua de un total de 40 céntimos que es el coste real. Por el contrario, el precio del agua desalada es de 30 o 40 céntimos. Es política. El PP en España y en la región de Murcia tiene a los regantes debajo del brazo y les persuade una y otra vez de que el trasvase es la única forma posible de riego para sus tierras. Sólo cuando realmente no existe agua como ahora, pone en funcionamiento las desaladoras. Si el Gobierno solucionara el problema del agua, ¿qué ofrecería a sus votantes? Corrupción. Ese es el negocio del SCRATS: comprar agua barata y revenderla a sus agricultores al triple de precio.
El daño a la cabecera del Tajo y al ecosistema del río a su paso por Toledo y Talavera es sangrante. ¿Nadie está interesado en pararlo?
Muchos colectivos estamos volcados en acabar con esta situación, pero quien ha de tomar las decisiones, no lo hace. La Confederación tiene la obligación de cuidar el río y no se ocupa, y para el Ministerio es evidente que la cuenca del Tajo es la del Tajo-Segura. El daño medioambiental es grave. Se ha perdido una gran cantidad de flora y fauna, están creciendo algas y vegetación invasiva en la ribera del río y salen espumas por la falta de depuración de las aguas.
¿Son suficientes los recursos judiciales de la Junta de Castilla-La Mancha?
Son necesarios y un avance con respecto al pasado. En los últimos años, el Gobierno de Cospedal se limitó a derogar el Estatuto de Autonomía en el Congreso y aprobar un Memorándum que está matando al río. Ahora la Junta apoya cualquier iniciativa que surja en defensa del Tajo. García-Page ha visitado la zona dos veces en esta legislatura y nos ha ofrecido ayuda ante los problemas de abastecimiento. El cambio de actitud es total.
La Plataforma en defensa del Tajo y el Alberche ha exigido a la Junta que tome cartas en el asunto, que muestre una mayor contundencia y cree una Consejería del Agua. ¿Está de acuerdo?
Es una buena medida que elevaría el problema del agua a otros como la Sanidad o la Educación. Desde la Agencia del Agua me consta que su director está colaborando al máximo, pero si se crease una Consejería del Agua se gestionaría este tema de una forma más eficiente y seríamos todavía más conscientes de la problemática.
¿El Memorándum del Tajo que firmó Cospedal con el ex ministro Cañete y el resto de presidentes autonómicos en 2013 fue la puntilla al río y a la cabecera pese a que aumentaba a 400 hm3 la cota mínima no trasvasable?
El Memorándum fue la medida más dañina que se ha tomado contra el Tajo. La trampa era aumentar hasta los 400 hm3 la lámina mínima no trasvasable, pero a cambio de poder trasvasar cuando hubiera algún metro más. Es ineficaz y no sirve para nadie, ni siquiera para los regantes de Murcia, como se ha comprobado este año. En mayo, el río se encontraba en 368 hm3 y se cortó el grifo con todo el verano por delante. Solo permite esquilmar los embalses con independencia de la entrada y salida de agua y de la época del año.
Da la impresión que, al menos durante los últimos meses, la situación del Tajo ha cobrado actualidad. ¿Puede ser la grave crisis que atraviesa un punto de inflexión para cambiar la política del agua en España?
La situación crítica del Tajo está llevando a una reflexión y la realidad se impone por sí sola. Estoy convencido de que, si se alcanza el Pacto del Agua que reclama la Junta, éste evitará que el caso del Tajo se repita en cualquier otra derivación en el futuro. No me imagino a ninguna región cediendo agua de forma voluntaria como lo ha hecho Castilla-La Mancha.
¿Es posible alcanzar un Pacto Nacional del Agua?
Los planes de la actual ministra hacen inviable que se firme cualquier Pacto Nacional del Agua. Pretenden cerrar un acuerdo con el mayor número posible de comunidades autónomas para seguir trasvasando. Y la finalidad del pacto es que se empleen otros sistemas para generar recursos hídricos como las desaladoras. Un Pacto del Agua en el siglo XXI no puede contemplar el trasvase Tajo-Segura. No se puede seguir negociando con un agua que no sobra. Sólo se alcanzará cuando se cierre la tubería.
Emiliano García-Page ha dicho en alguna ocasión que la solución al Tajo llegará desde Europa...
Es una visión optimista. Europa ha actuado de forma ambigua y sólo se ha basado en recomendaciones al Gobierno. Confiamos en la utilidad de la Unión Europea para ayudarnos a superar este problema, pero debe ser más contundente y obligar al Gobierno a cumplir con la Directiva Marco del Agua, que establece la prioridad del uso de la cuenca cedente, algo que el Ministerio de Medio Ambiente no está respetando.
El Sindicato de Regantes de Murcia ha mostrado su enfado con la ministra Tejerina este verano y el Gobierno de Murcia, a raíz de los escándalos de corrupción, parece mermado. ¿Puede ser una oportunidad para que el Gobierno de Rajoy y el PP modifiquen su política con el Tajo?
Ahora que el PP comienza a perder la hegemonía en Levante por la corrupción es un buen momento para que el Gobierno se replantee cambiar la política con respecto a la gestión del Tajo. Es complicado porque la política del PP es trasvasar al máximo para generar riqueza en el Levante y no tienen otra alternativa. Esta política se ha mantenido en el tiempo por las exigencias del SCRATS y de los dirigentes del PP en Murcia y le ha granjeado muchas mayorías absolutas. Sin embargo, la idea que se nos vendió de ‘agua para todos’ no cala tanto ya entre la población.
¿Qué opina del SCRATS?
Es un lobby que especula y negocia con el agua porque la compra a un precio y la revende a otro mayor. Abusan constantemente permitiendo el uso de miles de hectáreas ilegales a las que ofrecen regadío. Acumula un gran poder político y social en Levante, incluso por encima del PP. Nadie se plantea otra forma de gestión que no sea la que defiende este sindicato.
El PSOE de Castilla-La Mancha rechaza el trasvase, pero ningún partido de ámbito nacional, incluido el PSOE, propone cerrar la tubería. ¿Es factible el cierre definitivo del trasvase?
Un informe desarrollado por Greenpeace sobre el trasvase y sus consecuencias concluye que la tubería puede cerrarse en el periodo de tres años siempre y cuando se pongan en marcha las desaladoras, se construyan otras nuevas y se exploten los acuíferos subterráneos. Es necesario un Gobierno valiente que rectifique su política y abandone el discurso de que Levante se muere sin trasvase. En este Gobierno no veo a gente con esa actitud de dar un paso adelante, proponer alternativas y cerrar el trasvase.
Es verdad que los pueblos de la cabecera tienen pocos habitantes, pero desde algunos colectivos se ha echado en cara en los últimos meses la falta de implicación de los ciudadanos de esta zona en la lucha por el Tajo. ¿Cómo lo ve y qué movilizaciones está considerando la Asociación de Municipios Ribereños?
Soy autocrítico. Es verdad que no nos movemos. Llevamos 38 años con esta situación y la gente está resignada y cansada ante un problema que no se soluciona. Con el el apoyo limitado que hemos recibido en las últimas movilizaciones, no nos planteamos más marchas de momento. Entiendo que desde fuera se perciba así porque nosotros, aunque sumamos poca población, somos responsables también de no habernos movilizado lo suficiente en 40 años.