El 75% de las ofertas de empleo, según datos de la consultora Lee Hetch, se gestionan desde el llamado ‘mercado oculto’. Es aquel que funciona cuando la gestión de las vacantes en las empresas nunca llega a ser pública: no hay procesos de selección abiertos y las plazas se cubren mediante promociones internas o autocandidaturas recibidas, gracias a la movilidad geográfica de los empleados de un centro de trabajo a otro o entre departamentos, a través de procesos confidenciales de selección de personal o bien a través de contactos profesionales (lo que hoy se conoce como ‘networking’).
De hecho, tan solo dos de cada diez ofertas de empleo se hacen públicas a través de procesos de selección abiertos (convocatorias públicas, anuncios en prensa, difusión en redes sociales, servicios de empleo…). La situación, según explica Mª Ángeles Castellanos, secretaria de Empleo y Políticas Sociales de CCOO en Castilla-La Mancha, “provoca que no todo el mundo tenga las mismas garantías de acceso al trabajo”. Los contactos se terminan agotando y muchos desempleados viven en zonas alejadas de los tradicionales focos o nichos de empleo. La sindicalista cree que, en muchos casos ni siquiera es efectivo el sistema de “autocandidaturas” para las personas con más dificultades de acceder a un puesto de trabajo.
“No hablamos de un espacio ilegal ni de economía sumergida”, recalca Castellanos, pero “si careces de red de contactos y buscas empleo la alternativa que queda es casi la adivinación de que empresas pueden necesitar cubrir vacantes y presentar autocandidaturas”. Todo un hándicap sin “recomendaciones” previas, sostiene CCOO.
Según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el mes de julio de este año en Castilla-La Mancha el número de personas inscritas en las oficinas de empleo era de 220.859, de las cuales 178.023 constan como paradas registradas. Y de las 89.403 colocaciones que se produjeron ese mes de julio, solo 3.995 lo fueron con una oferta previa, lo que supone tan solo un 4,46% del total.
Mª Ángeles Castellanos cree que ocurre porque “nunca se ha impulsado desde lo público una labor de intermediación y orientación potente. Se ha dejado en manos del ámbito privado y las empresas recurren a lo que les resulta más fácil y económico”. En algunos casos, detalla, lo hacen a través de consultoras o empresas de recursos humanos para sus procesos de selección y, en otros, a través por ejemplo de los contactos directos de la propia gente que ya trabaja en la empresa.
“La intermediación laboral nunca ha funcionado”
La situación permite que muchas de las ofertas de empleo pasen desapercibidas al control público. Por ejemplo, “aquellas que son machistas o discriminatorias no evidencian de forma pública. Se escapan a ese tipo de control pero no creo que sea el principal motivo sino que realmente no hay un sistema púbico que ofrezca este servicio con garantías.
“La intermediación laboral nunca ha funcionado porque no se ha hecho un trabajo serio de prospección. Solo se dispone de la lista de personas inscritas en las oficinas de empleo pero ni están bien encuadradas, ni bien orientadas, ni se hace un servicio más personal y directo”, explica.
Castellanos cree que se facilitarían las cosas a las personas que residen en las zonas rurales, en particular a las mujeres que nunca han trabajado y no saben cómo empezar a hacerlo o a aquellas víctimas de violencias machistas a las que, recuerda el sindicato, “su maltratador aísla y por tanto sus contactos para salir de esta situación son casi inexistentes”.
En opinión de la secretaria de Empleo y Políticas Sociales “se ofrecería un servicio público que no busca solo el beneficio económico”. La sindicalista recuerda además que “durante la época de Cospedal, lo poco que había en Castilla-La Mancha se suprimió”.
Blindar el servicio en el Estatuto de Autonomía
Pero CCOO no solo reclama la recuperación y ampliación del servicio de empleo. “Para darle garantías de estabilidad, para que no esté al albur de quien gobierne en cada momento, queremos que aparezca en el Estatuto de Autonomía que se está negociando”. Una petición que ya han trasladado al Gobierno regional. “El Estatuto ha de recoger el Servicio público de empleo como agente intermediador y de orientación laboral con personal especializado”.
El sindicato propone que el servicio se dote de “personas que múltiples perfiles y capacidades”. Desde orientadores laborales “que realicen un trabajo muy personalizado con pequeños grupos” hasta otros profesionales que “se dediquen a trabajar con las empresas, para saber qué necesidades tienen y asesorarles para cubrirlas”.
Mª Ángeles Castellanos cree que poner en marcha este servicio supondría invertir sobre todo en personal. Lo considera un “gasto relativo” para las arcas regionales porque asegura que “lo más costoso son las infraestructuras que ya existen: las oficinas de empleo en los pueblos de la región y que están cerca de casi todos los municipios”. CCOO espera “poder trabajar” su propuesta con el Gobierno regional y seguir avanzando durante el proceso de elaboración de los Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2018.