En la misma semana que la jueza del caso conocido como 'los 8 de CaixaBank' volvía a aplazar el juicio tras rechazarse que sea a puerta cerrada, el eurodiputado Miguel Urbán visitó Toledo para realizar un encuentro ciudadano de análisis sobre la situación a la que se enfrentan los ocho activistas de la PAH Guadalajara, para quienes piden hasta tres años y medio de cárcel, junto a algunas de las personas afectadas por este caso y la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara en la cooperativa La Divergente. La represión, reflexionaba el europarlamentario de la Izquierda Europea, no puede achacarse a la extrema derecha, sino que se trata de una condición que lamenta se está “enquistando” en la sociedad. “Vox no existía cuando se aprobó la Ley Mordaza”, señalaba en conversación con este medio, antes del acto de debate, en donde ha resaltado que la actitud de los activistas es “loable” al no querer “plegarse”.
El caso de 'los 8 de CaixaBank', activistas de la Plataforma Antidesahucios de Guadalajara que llevan cinco años y medio de espera tras su detención en 2017, es sólo uno de los muchos que se viven. “No sólo es Guadalajara, no sólo es Castilla-La Mancha, ni España. Lo que está pasando ahora en Francia es inaceptable”, recalcaba Urbán. “Se trata de criminalizar en toda Europa el derecho a disentir”, insistía el europarlamentario. “Tenemos una visión de que Europa es la cuna de los derechos humanos y esto es una falacia, cada vez vemos más vulneraciones en todos lados. Podemos poner la diana de la extrema derecha cuando hablamos de Hungría, de Polonia, donde evidentemente se ataca la independencia judicial y la separación de poderes, pero esto pasa en Dinamarca, pasa en Francia y pasa en España”, resaltó.
La situación, analiza Urbán, es que los estados de derechos se están “resintiendo muchísimo”, y en especial en España. “Tenemos que decir alto y claro la oportunidad que hemos perdido de avanzar en nuestra democracia eliminando la Ley Mordaza. Todos los partidos que apoyaron la investidura de [Pedro] Sánchez llevaban en sus programas la supresión total, no una modificación y sigue ahí. Es una mala noticia”, explica.
“En Europa hay muchas leyes mordaza y son un ataque directo a la democracia”
Pero va más allá: “En Europa hay muchas leyes mordaza y son un ataque directo a la democracia”. Además, explica que la ciudadanía en general no parece tener una “conciencia generalizada” de lo que ocurre, aunque sí se identifican 'tic' cada vez “más autoritarios”. “Esta es la realidad, que hay un desconocimiento muy grande de los casos concretos. Por eso tenemos que reunirnos y ver que las personas criminalizadas son padres de familia, tienen un trabajo, son vecinos y vecinas nuestras. Hablamos de un grupo que se organizó para parar un desahucio”, recalca.
Pero los 'ocho de Caixabank' no son los únicos, señala. Habla del caso de 'los seis de Zaragoza': “Que chavales de 26 años se vayan a comer siete años de cárcel es una auténtica locura. No le cabe a nadie en la cabeza y todo con la palabra de un policía como única prueba. Esto pasó con Alberto Fernández [exdiputado de Unidas Podemos] y con Isa Serra. Pero claro, a unos se les quita el cargo público y a otros se les mete siete años en la cárcel”, lamenta. Su resumen es claro: “Vemos que la extrema derecha podría ser el elemento más agresivo de esta deriva autoritaria, pero esto es del sistema. El neoliberalismo está mutando de uno progresista a uno autoritario”, explica.
“Para asegurar las cuotas de beneficio del poder corporativo se utiliza al Estado y a todos los medios necesarios para garantizar sus beneficios. Evidentemente, el derecho a disentir y a la protesta resiente los beneficios de las grandes empresas, porque van en contra de las multinacionales. El problema es que ahora los beneficios de las multinacionales están por encima del derecho a protestar”, concluía.
“Esto no es casualidad”
Gustavo Rioja, uno de 'los ocho de Caixabank', realizó un análisis de una cronología de los hechos que les han llevado a la situación actual. Una situación por la que CaixaBank, como acusación particular, pide más de tres años de cárcel, mientras que la Fiscalía, un año y medio. “Es importante contextualizar por qué estamos así. No es casualidad y menos cuando tratamos con el poder”, señalaba. “En Guadalajara hay escasamente 120 viviendas sociales, y con esto se despachan los informes europeos de protección de vivienda”, explicaba. Por eso, la provincia se volvió uni “punto de inflexión” de la lucha contra los desahucios.
Rioja recordó, por ejemplo, el caso de Sáfira, una mujer con discapacidad que también fue imputada por resistirse a un desahucio.Su madre también fue imputada. Pero luego fue absuelta. “Y la absolución cabreó a todo el sistema judicial alcarreño”, aseguraba Rioja en el acto. Desde ese momento, afirma, la presencia policial ha aumentado. “Camuflados”, señalaba el activista. Y también las multas. Rioja también apuntó al caso del abogado Diego Herchhoren, abogado y activista de la PAH que fue absuelto en primera instancia de los delitos de coacciones y desobediencia de los que se le acusaba por fotografiar a agentes judiciales durante el desahucio de una familia con un bebé en el barrio de Guadalajara del Alamín, en marzo de 2019. Esta vivienda de la que se desahució a la familia, señaló Rioja, sigue cerrada desde entonces.
“A nosotros se nos detuvo aunque era un delito leve de manifestación”, explicaba el activista, en unos hechos ocurridos en una sucursal en Cabanillas del Campo en 2017. “Nuestro delito fue encerrarnos en una sucursal de CaixaBank para pedir un papel que pudiese paralizar un desahucio. Esto fue nuestro delito. Pero por delito leve nos tuvieron ocho horas encerrados en un calabozo y hasta ahora”, señalaba. Tasia, otra de las afectadas, explicó que “nadie nos dijo que nos estaban deteniendo”. “Nunca nos leyeron nuestros derechos. Y estuvimos ocho horas en vez de 48 porque a la hora había cien personas exigiendo que saliéramos. Es gracias al apoyo ciudadano que resistimos, porque ni la Gürtel ha tenido tanto tiempo de instrucción”, concluía.