La moratoria contras las macrogranjas será hasta el 31 de diciembre de 2024 en Castilla-La Mancha. Hasta entonces, no se admitirán solicitudes ni se concederán nuevas Autorizaciones Ambientales Integradas para la instalación de explotaciones ganaderas de porcino. Tampoco se admitirán nuevas solicitudes de modificaciones de las Autorizaciones Ambientales Integradas, que supongan ampliación de capacidad. Así lo establece la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha, también conocida como la Ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales para el 2022.
La enmienda señala, eso sí, que sí se estudiará la aprobación, por parte de la autoridad competente, de la construcción de nuevas explotaciones ganaderas de porcino si se quieren incorporar sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización y separación de sólidos. Esto, para impulsar la “necesaria transformación” del sector, así como trabajos de la I+D+i y la “consecución de productos de valor añadido”.
Todo, eso sí, si se cumple la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
La portavoz del Grupo parlamentario, Ana Isabel Abengózar ha recalcado que este tipo de explotaciones han sufrido “una gran transformación” en los últimos 15 años. Según recoge Europa Press, Abengózar explicó en la Comisión de Economía y Presupuestos que de las actuales 1.286 explotaciones ganaderas de porcino que hay en 2021, 227 corresponden a esas explotaciones que requieren autorización ambiental integrada. Con esta enmienda, ha insistido, se trata de dar una moratoria hasta 31 de diciembre de 2024 para “planificar, ordenar y regular” en la región este tipo de explotaciones.