Coincidiendo con la semana en que se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Cocemfe Ciudad Real ha presentado el estudio promovido por Cocemfe Barcelona y Fundación Vodafone España ‘Discapacidad, Integración y el Papel de las TIC’, resultado de una encuesta realizada a una muestra de 1.039 personas sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la mejora de las condiciones de vida del colectivo de personas con discapacidad.
En este sentido, Eloy Sánchez, presidente de la entidad en Ciudad Real, ha recalcado que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías interesa al colectivo de personas con discapacidad porque, en numerosas ocasiones, vienen a suplir las limitaciones funcionales que se pueden parecer. Además, ha anunciado la posibilidad de realizarlo en comunidades como Castilla-La Mancha, “donde la población es más rural y los resultados pueden aportar vías de trabajo diferentes”.
Por su parte, Pilar Díaz, presidenta de Cocemfe Barcelona, ha remarcado la discriminación múltiple que sufren las mujeres con discapacidad, haciendo referencia a diferentes datos relativos al envejecimiento de la población, el nivel de renta y de estudios. “Si tenemos en cuenta la variable del envejecimiento de la población con discapacidad, el 50% tiene más de 55 años, a partir de los 75 años de cada 5 personas con discapacidad, 3 son mujeres y su poder adquisitivo es muy bajo. En cuanto al nivel de pobreza, las mujeres con discapacidad tienen un 15,7% de riesgo de pobreza absoluta y la media de la población es del 9%”, ha subrayado.
“Si hablamos del nivel formativo de las mujeres con discapacidad en edad laboral, se puede decir que el 6,9% son mujeres que no saben leer, ni escribir y el 53% tienen solo educación primaria, en cambio contrastan los datos en estudios superiores, como son diplomaturas o licenciaturas donde solo el 12% de las mujeres con discapacidad tenemos carreras universitarias frente a las mujeres en general que es el 30%”.
Con todos estos datos, la máxima representante de Cocemfe Barcelona ha querido poner de manifiesto una realidad palpable sobre la discriminación múltiple que sufre este grupo poblacional del colectivo de la discapacidad.
Eliminar la brecha entre mujeres con discapacidad y el colectivo de la discapacidad en general
“Estos datos son la prueba evidente y científica que ratifica nuestras afirmaciones sobre la discriminación múltiple de las mujeres con discapacidad. Hay que asumir que estos datos son una realidad para que podamos seguir trabajando para eliminar esa brecha entre mujeres con discapacidad y colectivo de la discapacidad en general y sobre todo con las mujeres sin ningún tipo de discapacidad”.
El estudio desvela también que casi un 70% de las personas se conecta con alguna frecuencia a internet, de las cuales más de la mitad utiliza la red para comunicarse o relacionarse con otras personas, y, además, el 60% dispone de un teléfono móvil inteligente. La socióloga del Observatorio de la Discapacidad Física, Montserrat Fernández ha reiterado que la edad y el nivel de ingresos influyen en el acceso a las nuevas tecnologías, así como el tipo de discapacidad.
En este sentido ha ejemplificado cómo las personas con discapacidad auditiva tienen mayores índices de acceso a Internet o un ordenador portátil que las que sufren discapacidad visual o en la movilidad. La tecnología cuyo uso por parte de las personas con discapacidad se acerca más a la media nacional es el teléfono móvil.
Por su parte, la directora provincial de Bienestar Social, Prado Zúñiga, quien puso en valor la labor que realiza Cocemfe Ciudad Real y Fundación Vodafone, ha subrayado que no se concibe una sociedad sin investigación y avances tecnológicos y que así se entiende desde la Administración regional. En este sentido ha recordado el compromiso por parte del presidente de la Junta de destinar 28 millones de euros para “recomponer” el avance tecnológico en los servicios de salud de la región. Asimismo, ha resaltado a introducción de las clausulas sociales en las licitaciones públicas a nivel regional o el aumento de 96 plazas en residencias para personas con discapacidad.