Este viernes, 3 de agosto, finaliza el plazo que el Ministerio de Agricultura ha abierto de consulta pública del proyecto de real decreto por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas intensivas. Se trata de un documento informativo relativo a un futuro proyecto de real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, que el Ministerio tiene intención inicialmente de tramitar y que sustituirá a la norma nacional en vigor.
“Constituye la primera fase de este proceso, encaminada únicamente a recoger aspectos generales de la normativa y aquellos aspectos que se pretenden regular en la misma. Posteriormente, a lo largo del último trimestre del año, se incorporará a la consulta pública el borrador del proyecto, sobre el que se pueden hacer observaciones al contenido articulado. Existe un plazo prolongado, por tanto, para que aquellos interesados puedan pronunciarse sobre los aspectos concretos de la citada normativa”, ha señalado el Ministerio.
El real decreto actual, publicado hace más de 18 años, establece las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, y establece los requisitos generales que tienen que cumplir las explotaciones para potenciar el crecimiento del sector, a través de una serie de medidas para proteger el medio ambiente, y para disminuir la difusión de enfermedades.
Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma
El sector porcino español ha evolucionado de forma muy significativa desde el año 2000, momento en que entró en vigor la normativa de ordenación sectorial vigente en estos momentos. “Estos profundos cambios que ha experimentado el sector justifican, por sí mismos, la modificación de un marco normativo que se configuró para regular un sector que presenta una estructura productiva y empresarial totalmente diferente, y que se enfrenta a unos retos significativamente distintos a los que se enfrentaba hace casi 20 años”.
Por otra parte, el marco normativo que regula las producciones ganaderas y, en general, la producción de alimentos de origen animal, ha cambiado “radicalmente” en estos años, en el ámbito de la sanidad animal, de la higiene y trazabilidad, y en el ámbito de la protección ambiental. Según recoge este real decreto, la norma debe establecer unos criterios respecto a la dimensión de las explotaciones que permitan garantizar la sostenibilidad económica de los productores y la sostenibilidad ambiental del entorno en el que se desarrolla su actividad.
Además, entre los retos más importantes a los que debe enfrentarse el sector durante los próximos años, destaca el decreto, el establecimiento de nuevas obligaciones en materia de bioseguridad y sanidad animal y los nuevos compromisos en materia medioambiental, “que hacen necesaria la adopción de medidas adicionales por parte de las explotaciones ganaderas, y la normativa de ordenación es el lugar más apropiado para su regulación”.
En materia de bioseguridad y sanidad animal, “es importante reforzar y ampliar los requisitos existentes en esta materia a todas las explotaciones de ganado porcino, adaptándolos al riesgo potencial que presentan los distintos tipos de explotaciones”. AsíÌ mismo, es importante establecer un régimen claro de responsabilidades en materia de bioseguridad y sanidad animal, incluir requisitos en materia de formación para el personal que trabaja con ganado porcino, asiÌ como mejorar las obligaciones de la normativa en vigor para el movimiento de animales procedentes de distintas explotaciones y mejorar las obligaciones en materia de ubicación de explotaciones y distancias mínimas entre explotaciones y otros establecimientos que puedan presentar un riesgo higio-sanitario.
“La normativa de ordenación sectorial es el marco apropiado para el establecimiento de una serie de medidas que permitan reducir las emisiones en los distintos tipos de explotaciones, que permitan, a su vez, reducir las emisiones globales de amoniaco a la atmósfera”. En materia medioambiental, también es necesario actualizar y reforzar los requisitos que el actual real decreto establece para la gestión de estiércoles en las explotaciones ganaderas, para adaptarlos a las exigencias que establece el resto de normativa en la materia y para adaptarlos a la realidad científica y técnica de la gestión de estiércoles en el ganado porcino.
“No tenemos acceso al borrrador”
La Coordinadora Nacional de Plataformas Stop Ganadería Intensiva ha pedido al Gobierno central que se amplíe el plazo de consulta pública poniendo a disposición de la ciudadanía el borrador del proyecto del real decreto. “Se ha publicado en época estival donde la gente no está tan al día de estas cuestiones y hay muy poco margen de tiempo para que nosotros podamos elaborar unos requerimientos”, ha señalado Inmaculada Lozano, coportavoz de la plataforma CLM Stop Macrogranjas y miembro de la Plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón.
“Es un tema que preocupa sobremanera a la ciudadanía en muchas zonas de la geografía española, como se puede comprobar por el grado de movilización vecinal. Es un tema complejo y con múltiples ramificaciones que abarcan ámbitos de gran importancia como son, entre otros, la contaminación y el agua”, explica Lozano.
Además desde la Coordinadora han pedido que se cuelgue el borrador del proyecto del real decreto para poder hacer las alegaciones pertinentes, “porque si no sabemos como va a ser ese borrador no podemos ajustarnos a él y saber que alegaciones podemos presentar”.
Aunque no han presentado alegaciones, desde la Coordinadora tienen claras sus reivindicaciones: “Pedimos una normativa estratégica y precisa sobre el esparcimiento de purines, regular el número de cabezas por explotación, que se prohiba en zonas vulnerables de nitratos este tipo de instalaciones y pedimos también que haya una figura mucho más estricta o dura en este tipo de instalaciones para hacerles cumplir la ley, entre otras”.