El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca ha dictado que el Obispado de Cuenca tendrá que retirar los símbolos franquistas de la fachada de la Catedral visibles en la calle Obispo Valero. La sentencia, a la que ha tenido acceso Las Noticias, afirma que las resoluciones de los Plenos municipales en las que se instaba a retirar estos símbolos son ajustadas a derecho.
No obstante, especifica que los símbolos a retirar son el nombre de José Antonio Primo de Rivera y el yugo y las flechas, simbología que identifica visualmente el régimen franquista, y no la cruz, dado que es un símbolo cristiano “perfectamente incardinado en la fachada de la Catedral”.
El Obispado de Cuenca impugnó la resolución del Pleno del 14 de diciembre de 2016, que desestimaba a su vez el recurso de reposición formulado contra la moción conjunta presentada el 5 de mayo de 2016 por los grupos municipales de Izquierda Unida y PSOE, en la que se pedía la retirada de los citados símbolos exhibidos en la vía pública (inscripción de José Antonio Primo de Rivera y tres escudos de la Falange).
De esta forma, el Pleno exigía a la autoridad eclesiástica que quitara los mismos en el plazo de un mes en base a la Ley de Memoria Histórica, advirtiéndole de la ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento a costa del Obispado y de la retirada de ayudas y subvenciones.
El juzgado ha determinado que procede que el Pleno municipal, como órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el Gobierno municipal, y dada las divergencias que aún provocan este tipo de símbolos, adopte este tipo de decisiones. Así, continúa, el Ayuntamiento debe actuar, aun cuando no se trate de un bien de su titularidad, y tomar las medidas para que estos símbolos desaparezcan, máxime teniendo en cuenta que se encuentran a la vista en una vía pública.
Para ello, debe pedirse previamente autorización a la Consejería de Educación y Cultura, órgano competente en Patrimonio, al tratarse la seo de un Bien de Interés Cultural. Una vez realizado este trámite, los símbolos podrán ser retirados por el Obispado de manera voluntaria, o bien por el Consistorio de manera subsidiaria, y los gastos de dicha retirada deberán ser sufragados por el Obispado, al encontrarse en un edificio de su propiedad.