En febrero de 2015, los vecinos de Alcázar de San Juan se convertían en noticia nacional por la reñida lucha que llevaron a cabo en contra de la entrada de un socio privado en la gestión de la empresa municipal de aguas de la localidad, Aguas de Alcázar. El Gobierno municipal de entonces, liderado por el 'popular' Diego Ortega, firmó finalmente en convenio con la empresa, a pesar de la protesta ciudadana que se mantiene hoy en día y que incluyó una consulta ciudadana en la que más del 98% de los vecinos participantes declararon que preferían una gestión del agua 100% pública.
Sin embargo, tras las elecciones de mayo de 2015, la situación ha cambiado. Rosa Melchor es ahora la alcaldesa de la localidad, una de las figuras que promovió gran parte de las acciones legales en contra del cambio de modelo de la empresa pública. A su lado, como concejal de Ciclo Hídrico, está Juan Garrido, activista de EQUO y también de la Plataforma en contra de la Privatización de las Aguas de Alcázar, colectivo que sigue concentrándose los viernes en la Plaza de España para protestar en contra de la participación de Aqualia en la empresa.
Garrido se mantiene en la misma postura que cuando era portavoz de la Plataforma y asegura una y otra vez que el objetivo es tener un servicio público “al cien por cien”. Para ello, la principal arma que esgrimen son las sentencias judiciales que ya se han anunciado, pero que todavía deben “ponerse en marcha”, como aquella que anulaba el Pleno en el que se adjudicó el cambio de gestión a Agualia. La sentencia, que difundió el PSOE, señalaba que se había producido una “violación de derechos fundamentales” en el Pleno celebrado el 14 de octubre de 2013. El equipo de Gobierno actual, tal como lo hizo cuando era oposición, interpreta que esta sentencia anula también todos los procedimientos firmados posteriormente entre Aqualia y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
El Gobierno ya se ha reunido con los representantes de Aqualia para empezar a negociar “básicamente su marcha”. Así lo señala Juan Garrido. Garrido señala además que están trabajando con diversos colectivos, como la Nueva Cultura del Agua y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. El concejal de Ciclo Hídrico señala que “como mucho” se contempla pagar el dinero que Aqualia ya ha invertido en la empresa municipal, aunque están “seguros” de que la empresa pedirá más dinero, por lo que repite que su principal esperanza es que se ejecute la sentencia para que la negociación resulte más favorable para el Ayuntamiento. Garrido asegura que los representantes de Aqualia se han mostrado “receptivos” a hablar.
“Saben que es un acuerdo electoral después de mayo y que ya no hay vuelta atrás”, asegura el también activista. De hecho, Garrido señala que la reunión entre el Ayuntamiento y la empresa tuvo como uno de los puntos principales hablar del contrato para que los cambios no fuesen “traumáticos ni para uno, ni para otros”. “Ellos saben que se trata de una decisión municipal, igual como lo fue la que tomó el PP”, señala el concejal. Garrido es también uno de los multados por manifestarse en una cacerolada en contra la privatización y asegura que seguirán “aireando” su enfado ante unas sanciones que consideran injustas. “Nos han puesto multas por no hacer nada, sólo por defender el agua”, asegura.
Aqualia y Alcázar de San Juan acordaron abrir un proceso de reuniones para analizar las posibilidades que existen para “agilizar” la remunicipalización del agua y evitar “alargar el proceso más allá de lo razonable”, según ha informado el Ayuntamiento. El Gobierno ha avisado también de que utilizará “todos los medios a su alcance” y que serán cuidadosos para evitar que los acuerdos que se vayan tomando sean susceptibles de ser impugnados, como ocurrió con el Pleno celebrado mientras gobernaba el PP. El objetivo sigue siendo que la empresa Aguas de Alcázar vuelva a ser 100% pública“.
Las cuentas de Aqualia
El socio del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en Aguas de Alcázar, Aqualia, ha asegurado que su inversión, hasta diciembre de 2015, supera ya los nueve millones de euros para convertirla en una empresa que preste un servicio “público de manera eficiente”. La empresa recuerda que le órgano municipal se encontraba en “causa de disolución” y que ha sido su inversión la que ha permitido que siga adelante. En este sentido, han señalado que han facturado 599.472,67 euros a Aguas de Alcázar durante el primer año de gestión, en diversos conceptos que han sido aprobados por los Consejos municipales.
En este sentido, Aqualia ha recordado también que el Ayuntamiento de Alcázar, al ser socio de la empresa, ha percibido 306.062,65 euros en el primer año de gestión de la empresa mixta. Finalmente, la empresa ha querido remarcar que los importes que factura Aguas de Alcázar se han recogido según una ordenanza fiscal, que “no ha supuesto incremento alguno” del precio del servicio de agua para los ciudadanos“.