Los consumidores domésticos que residan en municipios de más de 5.000 habitantes y la industria (con excepción para la industria agroalimentaria) serán quienes principalmente soporten el nuevo impuesto que tiene previsto aprobar el Gobierno de Castilla-La Mancha vinculado a la nueva Ley de Aguas de la región.
El pasado martes el Consejo de Gobierno daba luz verde al anteproyecto del texto normativo que ahora está en manos del Consejo Consultivo, durante un mes, para que sea remitido después a las Cortes de Castilla-La Mancha, donde el Ejecutivo regional espera que pueda ser aprobado “por unanimidad”, según ha asegurado hoy el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
En rueda de prensa, el consejero ha ofrecido detalles de la nueva ley y, en particular, sobre el canon medioambiental que se convertirá en un nuevo impuesto propio de la comunidad autónoma “para cumplir la Directiva Europea 2000/60”, explicaba Martínez Arroyo, bajo la máxima de “quien contamina paga” y también de acuerdo con lo que dicta la Ley de Aguas del Estado, añadía.
Habrá exenciones del 100% para personas en situación de exclusión social, víctimas de violencia machista y familias numerosas. Una bonificación que llegará al 70% para cooperativas agroalimentarias y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) y al 40% en el caso de que se trate de industria agroalimentaria. Otras bonificaciones tienen que ver con la despoblación. Serán del 50% para quienes vivan en pueblos de menos de 2.000 habitantes y del 25% para quienes residan en municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes.
“Es un canon muy progresista porque permitirá redistribución de la riqueza y beneficiará a todos los ciudadanos”, justificaba el consejero, que lo ha considerado “fundamental” para la puesta en marcha de “infraestructuras esenciales que garanticen el ciclo esencial del agua” y por eso anunciaba un Plan de Depuración que se va a presentar en la próxima reunión de la Mesa Regional del Agua que se celebrará en Albacete a finales de septiembre o principios de octubre.
IU cree que “se impulsa el regadío en una región seca”
La propuesta para poner en marcha un nuevo impuesto autonómico en materia de agua ha recibido ya las críticas de IU porque, denuncia la formación, subirá el recibo del agua hasta en 35 euros más y cree que servirá, no tanto a los fines medioambientales que predica, sino “para impulsar un modelo de desarrollo de regadío en una región seca”.
Y lo cierto es que hoy el consejero ha dicho que los agricultores estarán exentos a la hora de pagar este tributo. “El canon no se aplica en la agricultura. No lo va a pagar el agricultor”. Sin embargo, parte del impuesto podría ir a parar a aumentar o mejorar los regadíos regionales.
La tesis de IU la abona también la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de dedicar parte de los fondos europeos de reconstrucción, Next Generation-EU, al fomento de los regadíos en varios puntos de la región. Será una “inversión muy relevante”, decía Martínez Arroyo, con un total de 130 millones de euros, de los que 33,6 millones procederán de los fondos de reconstrucción, a través de la Sociedad Estatal de Inversiones en Regadíos (SEIASA) para el embalse de Peñarroya, Argamasilla de Alba, Tomelloso y Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real. Además, esas inversiones se producirán en las comunidades de regantes de Balazote, Tobarra, Aguas Nuevas, Fuenteálamo y Pozo Cañada, en Albacete.
Martínez Arroyo destacaba la “importancia” que tendrán los fondos europeos en materia de agua porque “van a cambiar y dinamizar la economía de España y de Castilla-La Mancha”. Estos fondos europeos, junto al canon medioambiental servirán no solo para nuevos regadíos sino para pagar infraestructuras como depuradores o redes de abastecimiento.
Martínez Arroyo ha citado los 16 millones de euros se destinarán a la depuración en municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes. La Junta llegará a casi 30 millones (sumando fondos europeos y recursos propios), en concreto en Alcaraz, La Gineta, Mahora y San Pedro, en Albacete, o Quero, La Guardia y El Toboso, en Toledo y Uceda y Chiloeches, en Guadalajara.
Además, habrá otros 11 millones de euros para el abastecimiento en municipios de hasta 20.000 habitantes. En este aspecto, la Agencia Regional del Agua sacará una convocatoria este otoño.
También ha destacado las inversiones en la depuradora de Argamasilla de Alba, o la sustitución de bombeos en el Júcar, tanto en Cuenca como en Albacete, con 52 millones. “La mayor inversión de la historia de Castilla-La Mancha en materia de regadíos”.
Se ha referido a la puesta en marcha, la próxima primavera, del primer ramal de la tubería manchega en 15 municipios de la región. “Será agua en cantidad y calidad suficiente durante todos los días del año sin restricciones. Entre 8 y 10 de los 50 hm3 que tiene garantizados Castilla-La Mancha para la tubería manchega. Aclaro que no suponen incremento del agua desembalsada de Entrepeñas. En vez de ir al Levante va al Alto Guadiana, exclusivamente para abastecimiento humano”.
Otra de las inversiones destacadas se centrará en el Campo de Calatrava, con 35 millones de euros “para garantizar agua en municipios que tienen restricciones casi permanentes del agua”. El consejero ha avanzado la próxima firma de convenios “con todos los municipios este otoño. Será un paso muy importante para cambiar la realidad del Alto Guadiana”, aseveraba.
La puesta en marcha de este nuevo impuesto del agua no será la única cuestión fiscal que recoja la nueva ley. Martínez Arroyo ha anunciado que habrá una “armonización” del canon de captación y conducción de las aguas “para beneficiar a los habitantes de los pueblos más pequeños para contribuir al reto demográfico”.
“Castilla-La Mancha podrá opinar en las transferencias de agua entre regiones”
La Ley de Aguas “viene a cubrir un hueco importante en la región”, decía el consejero, y deroga la Ley 12/2002. “Nos habíamos quedado muy desfasados, la realidad ha cambiado y era necesario y muy urgente cambiar la ley” que, destacaba, “considera el recurso como un derecho humano y lo trata como bien público y no privativo del que se tienen que beneficiar todos los ciudadanos de manera solidaria en la redistribución de la riqueza”.
Un texto normativo, añadía, que está “basado en la economía circular del agua, que nos sitúa a la altura de otras comunidades autónomas y que parte del concepto de solidaridad”.
Ha citado entre sus objetivos la mejora y optimización de la gestión del agua, mejorar el servicio a los ciudadanos y el medio ambiente. También ha resaltado las más de 60 alegaciones recibidas y la participación de más de 50 entidades “en su elaboración y discusión posterior”.
En este punto ha destacado que Castilla-La Mancha “va ahora poder opinar en los procesos de toma de decisión de transferencias de agua entre cuencas, si afectan a la región. Espero que podamos consolidarlo en el proyecto normativo porque es un anhelo histórico de la región”, aseguraba. Hay que recordar la aspiración regional, ya anunciada en 2019, de poder intervenir en la toma de decisiones sobre los trasvases, en particular el Tajo-Segura.
Además, la nueva ley modificará el Consejo Regional del Agua y lo hace de forma “coherente”, decía, el consejero, con la Mesa Regional del Agua, el órgano que decidirá, desde ahora, en esta materia en la región.