Cospedal, persona “non grata”

No creo descubrir nada nuevo si afirmo que la corrupción en la política, en los negocios o en los demás ámbitos de la vida organizativa e institucional, supone una amenaza para la estabilidad y la seguridad de las sociedades que la padecen. Y, desafortunadamente, desde hace muchos años la sociedad española padece de forma especialmente sangrante y vergonzante de este mal.

El fraude, la corrupción institucionalizada o el uso ilícito de los instrumentos del Estado de Derecho pisotean los valores fundamentales de la democracia e impiden el libre desarrollo de su ejercicio. Hay gente en política para quienes la ética política y social sobre la que se sustentan dichos valores carece de importancia y de valor. No es de extrañar que la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la clase política marque records negativos.

Pero, más allá de las cuestiones morales, los efectos en nuestra vida cotidiana se dejan sentir también en los derechos, la economía y la confianza en el futuro de nuestros pueblos, de nuestra región y de nuestro país.

Las grabaciones y noticias que hemos escuchado en las últimas semanas, esas que

vinculan a la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y a su

marido, con el infame excomisario Villarejo, son la gota que colma el vaso de la

inmoralidad política. Corrupción, desaparición de pruebas en causas judiciales,

obstaculización del trabajo de la justicia, trabajos extraordinarios de dudosa legalidad, espionaje, etc.

Las cloacas del Estado llevan, en ocasiones, tanta inmundicia como las

cloacas del Chicago de los años veinte. Los comportamientos vinculados al fraude y la corrupción encuentran su reflejo en el padecimiento causado a la población castellano-manchega en los años de su gobierno. Ahora se entiende perfectamente la simbiosis entre los recortes de derechos y servicios y el abuso de poder.

La política económica y social desarrollada en la región llevó deliberadamente a un importante segmento de la población a la pobreza. Se colocó a Castilla-La Mancha entre las tres regiones más pobres de España, la segunda con mayor riesgo de exclusión social, la Comunidad Autónoma con mayor tasa de pobreza infantil,

la que se disponía de menos ayuda a las familias (sólo a una de cada 2.000 familias); en definitiva, el laboratorio de los recortes de todo tipo.

A modo de ejemplo, sólo en Servicios Sociales se recortó más que otras diez Comunidades Autónomas juntas. Cospedal nos desprecia; desprecia a esta tierra y a sus gentes, y por tanto no se merece ni nuestro respeto ni el respeto de las instituciones democráticas de nuestra región. Cospedal ha demostrado ser una Presidenta regional ingrata, es decir; no solo nunca ha agradecido a los y las catellanomanchegas su trabajo y esfuerzo diarios, sino que los ha insultado y menospreciado continuamente.

Por todo ello, por su más que cuestionable y deplorable comportamiento político, por las prácticas de espionaje, por las formas de proceder encubriendo actos ilegales, por

escuchas ilícitas, por las medidas políticas desfavorables para la mayoría social, tomadas con intención de menoscabar los servicios públicos en nuestra región haciendo de ellos una fuente de negocio personal; por todo esto, y por la necesidad de reparar el daño simbólico y moral a la imagen y la autoestima de nuestra tierra, Cospedal debe ser declarada persona “non grata” en Castilla-La Mancha.

Cospedal no es bienvenida en nuestra Región. Y yo, como la mayoría de la gente, no

quiero tener que avergonzarme de su presencia en cualquier acto institucional. No creo que deba representar a nuestra tierra bajo ningún concepto. No se trata solo de una declaración de intenciones. Se trata, sobre todo, de una declaración de principios sobre lo que es y debe ser la representación política en nuestra región y en nuestro país.

Es puro sentido común, excepto quizás para quien carece de principios. Que Cospedal es ya socialmente persona “non grata” en Castilla-La Mancha es un hecho

comprobado en las urnas, ahora toca conseguir que, además, lo sea de derecho.

No creo descubrir nada nuevo si afirmo que la corrupción en la política, en los negocios o en los demás ámbitos de la vida organizativa e institucional, supone una amenaza para la estabilidad y la seguridad de las sociedades que la padecen. Y, desafortunadamente, desde hace muchos años la sociedad española padece de forma especialmente sangrante y vergonzante de este mal.

El fraude, la corrupción institucionalizada o el uso ilícito de los instrumentos del Estado de Derecho pisotean los valores fundamentales de la democracia e impiden el libre desarrollo de su ejercicio. Hay gente en política para quienes la ética política y social sobre la que se sustentan dichos valores carece de importancia y de valor. No es de extrañar que la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la clase política marque records negativos.