El derecho humano al agua, cuestión ineludible e inaplazable

En Alcázar de San Juan, como en muchos otros lugares de nuestro país y del resto del mundo, hemos sido testigos de cómo el agua se utiliza como moneda de cambio por los ayuntamientos para conseguir pingües ingresos económicos a cambio de entregar la gestión del recurso más valioso que tenemos los vecinos.

Las multinacionales han visto en el agua un importante negocio. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las empresas constructoras como FCC-Aqualia se han lanzado al negocio del agua. En España hoy en día el 55% de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua, que son esenciales para la vida humana, han sido privatizados. La media europea se sitúa en un 30%, y a nivel mundial se reduce al 10%.

La sociedad civil ante este ataque se está defendiendo. A continuación expongo las acciones llevadas a cabo en los últimos tiempos, en el reconocimiento del derecho humano al agua.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua, estableciendo que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

En mayo de 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante su Resolución 64/24, hacía un llamamiento a los Estados Miembros “para garantizar que las estrategias de salud nacionales contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de agua y saneamiento al tiempo que apoyan la progresiva realización del derecho humano al agua y al saneamiento” El 28 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una nueva resolución que lleva el derecho humano al agua potable y a un saneamiento saludable un paso más allá.

El Consejo daba, así, la bienvenida a la compilación de buenas prácticas sobre el derecho al agua potable y a un saneamiento saludable. La resolución hace un llamamiento a los Estados para que garanticen la suficiente financiación para el suministro sostenible de servicios de agua y saneamiento. En julio de 2013, el Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque, se centra en la cuestión de la sostenibilidad en la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

La Relatora examina de qué manera esos derechos pueden y deben respetarse en favor de las generaciones actuales y futuras, explicando de qué manera el contenido y los principios normativos de los derechos humanos al agua y al saneamiento contribuyen a hacer posible su sostenibilidad. El 25 de julio de 2015, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha votado favorablemente un informe para dar validez a la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que ha tenido éxito y que exige, a través de casi dos millones de firmas, una gestión pública y acorde con los derechos humanos del agua y del saneamiento (llamada Right2Water).

Los eurodiputados han exigido al Ejecutivo Comunitario que presente propuestas normativas para revisar la Directiva Marco sobre el Agua “para que se reconozca que el derecho al agua asequible es un derecho humano básico”. Los eurodiputados también han reclamado que la producción, distribución y tratamiento de agua y los servicios sanitarios sean excluidos de cualquier acuerdo comercial que negocie la Unión Europea. El 4 de noviembre de 2016 en la Declaración por la Gestión Pública del Agua, las alcaldesas y alcaldes presentes en el Encuentro de Ciudades por el Agua Pública, celebrado en Madrid, manifiestan que el agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados.

Asumiendo plenamente que el abastecimiento de agua para el consumo humano y el saneamiento es un derecho humano que, de acuerdo con el cuerpo doctrinal de Naciones Unidas, es indispensable para vivir dignamente siendo condición previa para la realización de otros derechos fundamentales. Entendiendo que la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento tiene que, además de ser necesariamente pública, promover nuevas formas de control social que garanticen la transparencia, la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana efectiva.

Consecuentemente, rechazando la privatización de los servicios del ciclo integral urbano del agua y apoyamos los procesos de re-municipalización que se están llevando a cabo en numerosas ciudades y pueblos para recuperar la gestión pública. El 24 de mayo de 2015, el papa Francisco en su encíclica Laudato sí, sobre el cuidado de la casa común, da también la opinión de la Iglesia Católica: “Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”.

El movimiento por el derecho humano al agua y contra la utilización del agua como objeto de mercancía, es una realidad imparable en la actualidad. Cada vez son más los pueblos, ciudades, comunidades y estados que toman conciencia del problema y apuestan por la gestión pública del agua. Defendamos juntos el derecho humano al agua.

En Alcázar de San Juan, como en muchos otros lugares de nuestro país y del resto del mundo, hemos sido testigos de cómo el agua se utiliza como moneda de cambio por los ayuntamientos para conseguir pingües ingresos económicos a cambio de entregar la gestión del recurso más valioso que tenemos los vecinos.

Las multinacionales han visto en el agua un importante negocio. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las empresas constructoras como FCC-Aqualia se han lanzado al negocio del agua. En España hoy en día el 55% de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua, que son esenciales para la vida humana, han sido privatizados. La media europea se sitúa en un 30%, y a nivel mundial se reduce al 10%.