Legislar y cumplir: muchas de nuestras leyes no se aplican porque... ¡No se han desarrollado!

España, es curioso, es uno de los países -también el resto de la Europa meridional, debe ser cosa cultural- en que se legisla mucho y bien. El problema es que en la mayor parte de los casos se queda negro sobre blanco. Más de una vez hemos repetido la frase de Romanones, prócer político que tenía en Guadalajara y en Toledo intereses, que decía “Haga usted las leyes y déjeme a mí los reglamentos…”. Y lo hemos hecho al saber que muchas de nuestras leyes sobre nuestro patrimonio cultural no se aplican porque… ¡no se han desarrollado!

Del estado de derecho, uno de los elementos más importantes es la división de poderes. Y es lamentable que no funcione correctamente en nuestro ordenamiento legal, aparato institucional o práctica política. La fiscalía no tiene, como ocurre en otros países, suficientes medios o policía propia que le permita actuar de oficio y dirigir las investigaciones conducentes, no sólo a identificar el delito contra el patrimonio, sino también investigarlo y… sancionarlo. Prueba de ello es que prácticamente no ha habido en nuestra región ninguna pena que inhiba el maltrato o destrucción de nuestro patrimonio cultural.

Y es que, las actuaciones de la Guardia Civil o de la Policía Nacional son limitadas. La segunda, prácticamente se limita a lo relacionado con la exportación ilícita y expoliación de bienes artísticos, mientras que la primera tiene, a través del Grupo de Patrimonio, actuaciones a través de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, el Servicio Fiscal y, en nuestra región, del SEPRONA, que es el Servicio que se coordina con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en éste área. 

Un último elemento a tener en cuenta en este capítulo es la propia gestión cultural, que está en nuestro entorno en gran parte en manos de instituciones públicas, ya sean estatales, regionales o municipales. Y que no se desarrolle una eficaz política preventiva de protección del patrimonio cultural. 

Los ayuntamientos requieren, para desarrollar sus competencias en la materia, directrices claras y formación para sus técnicos y políticos, que evite que se produzca desatención del patrimonio por desconocimiento, y que estimule y encauce aquellas políticas activas de protección de nuestro patrimonio cultural.

Sobre la gestión de la administración regional, hemos visto lo largo de estos últimos años sus aciertos y, sobre todo, sus sombras. Política cultural a la que la falta de un mínimo interés por parte de los partidos de la oposición, desinterés que se alarga hasta la víspera electoral y, por último, un gobierno central que no ejerce su labor de tutela y coordinación como debiera. Un ejemplo: se habla de Doñana como un nefasto ejemplo de gestión por parte de la Junta de Andalucía que va a llevar a su descalificación como “reserva de la biosfera”, mientras que la no menos desastrosa situación de las Tablas de Daimiel se queda en la esfera de lo nacional, y ni la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha -el gobierno actual por inhibición, la oposición por prometer legalizar el expolio del agua que se realiza- ni el Estado de España, hacen nada por enmendar a tiempo el fin anunciado del Parque Nacional. ¿Hablamos de Toledo como ciudad Patrimonio de la Humanidad?

Así, la labor legislativa, la dotación de recursos necesarios, la gestión y administración en este campo o la vigilancia y la sanción ejemplificadora, son tareas que se deben hacer diligentemente, en caso contrario, por acción u omisión, asistimos a graves delitos contra el patrimonio cultural.  

España, es curioso, es uno de los países -también el resto de la Europa meridional, debe ser cosa cultural- en que se legisla mucho y bien. El problema es que en la mayor parte de los casos se queda negro sobre blanco. Más de una vez hemos repetido la frase de Romanones, prócer político que tenía en Guadalajara y en Toledo intereses, que decía “Haga usted las leyes y déjeme a mí los reglamentos…”. Y lo hemos hecho al saber que muchas de nuestras leyes sobre nuestro patrimonio cultural no se aplican porque… ¡no se han desarrollado!

Del estado de derecho, uno de los elementos más importantes es la división de poderes. Y es lamentable que no funcione correctamente en nuestro ordenamiento legal, aparato institucional o práctica política. La fiscalía no tiene, como ocurre en otros países, suficientes medios o policía propia que le permita actuar de oficio y dirigir las investigaciones conducentes, no sólo a identificar el delito contra el patrimonio, sino también investigarlo y… sancionarlo. Prueba de ello es que prácticamente no ha habido en nuestra región ninguna pena que inhiba el maltrato o destrucción de nuestro patrimonio cultural.