Memoria histórica: luces y sombras de la acción institucional

Hace un año escribimos en estas mismas páginas una columna titulada “La memoria ha de ser de todos”, y donde reclamábamos un protagonismo y una participación colectiva de ciudadanía, asociaciones e instituciones en torno a un tema que creemos que ha de ser compartido y participado por el mayor posible de ciudadanos y ciudadanas de nuestra región, precisamente para desarrollar su propio título: “la memoria democrática”.

Comenzada ya la labor del “Proyecto” que en la Universidad de Castilla-La Mancha desarrolla para implementar en la región la Ley de Memoria Democrática, apuntábamos que el gobierno regional podía impulsar, a través de la red de archivos de Castilla-La Mancha, una labor recopilatoria de fondos documentales. Ya que, aludíamos a la necesidad de facilitar el acceso a los archivos que contienen los datos de dicha “memoria democrática”, labor que complementa la creación de bases de datos fáciles de manejar para facilitar a familiares e interesados la mayor y mejor información posible o para identificar a los “bebés robados”. Muchas regiones han digitalizado los expedientes que los archivos memorialistas contienen de sus respectivos territorios, firmando convenios con el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, los archivos militares, con el Archivo General de la Administración, del Ministerio de Justicia, etcétera.

Hemos de poner en valor la política de la Diputación de Ciudad Real, única institución provincial que promueve una política activa de colaboración hacía la implementación de la Ley de Memoria Democrática y que, a través del proyecto “Mapas de Memoria”, ha apoyado la investigación, la localización de fosas y la exhumación de cuerpos. Además, ha colaborado en una de las exposiciones más interesantes en la región que podemos ver actualmente en el Museo Municipal Cristina García Rodero de Puertollano: “El cuerpo ausente. Tantas maneras de despedirse tantas formas de pervivir”.

Por el contrario, descorazona el hecho de que, desde un campo de exterminio nazi musealizado se hayan puesto en contacto con órganos de la administración regional para saber cómo hacer llegar los objetos personales de deportados castellanomanchegos y no haya habido respuesta al requerimiento.

Y a nivel local se sigue actuando de forma arbitraria y descoordinada. Hemos de indicar que, al tiempo que señalamos que se debe cumplir lo preceptuado por la Ley de Memoria Democrática, apuntar claramente que ésta solo obliga a retirar, nunca destruir, aquellos “escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública” que hagan exaltación de la sublevación del 18 de julio de 1936 y del franquismo, “de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”. En Toledo hemos visto cómo se picaban los símbolos -sólo los símbolos- de la dictadura sin dejar rastro alguno para que los investigadores, docentes o curiosos puedan percibir en el viario urbano el testimonio de una época que, en muchos casos, es necesario para perpetuar la memoria histórica.

De la misma forma, advertimos a los que abogan por destruir o quitar el monumento del Ángel del Alcázar, que la propia ley ya excluye aquellos “elementos con singular valor artístico que formen parte integrante del Patrimonio Histórico Español” o aquellos elementos arquitectónicos que formen parte de la estructura del inmueble y cuya retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del mismo. En estos casos, la ley prevé incorporar una mención o realizar una actuación que permita “reinterpretar” dichos elementos.