Ahora sí estamos cerca del final. Al menos, eso parece. En el último suspiro del semestre de presidencia portuguesa, se acaba de alcanzar en Bruselas el ansiado acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se aplicará a partir de 2023.
Ha sido un proceso muy largo, superior a la negociación de la PAC que ha funcionado en el periodo 2014-2020 que, finalmente, se ha prolongado hasta finales de 2022. Sin entrar en detalles, aquella fue también una negociación compleja, en la que los Estados Miembros (EEMM) tuvieron un amplio margen de maniobra en la aplicación de las medidas decisivas. Fue, sin duda, una oportunidad perdida en España para avanzar en la convergencia de las ayudas o en la eliminación de las referencias históricas. Otros EEMM sí hicieron los deberes y avanzaron en la misma línea de la filosofía de la reforma. Podemos recordar algunos elementos de las negociaciones en una entrada de este blog, de entonces, La PAC, ahora en España.
Ahora toca hacer los deberes de lo que se tenia que haber decidido en 2013. La práctica totalidad de los Estados Miembros sí los hicieron. A fecha de hoy, 22 países tienen una única región agronómica, tres, Francia; Finlandia y Bélgica, dos y Grecia, tres. En 16 de los 27 hay ya una convergencia de las ayudas del 100%, lo que significa que en una misma región agronómica todos los agricultores cobran la misma ayuda por hectárea. En el caso de que solo exista una región en el país, que como hemos visto es así en casi todos los casos, se estaría aplicando lo que se conoce como una tasa plana en las ayudas. Todos los agricultores del país, reciben la misma ayuda por hectárea, independientemente de donde esté situada su explotación y de su orientación productiva. Y todo esto, antes de empezar a aplicar la nueva PAC.
En España la situación es bien distinta. Hay 50 regiones agronómicas, casi el doble de las de los otros EEMM de la UE, juntos. Hay comunidades autónomas como La Rioja, por ejemplo, en la que conviven 14 regiones agronómicas, con ayudas diferentes entre ellas y sin convergencia dentro de cada región, lo que genera una situación de diferente trato a los agricultores en un territorio extraordinariamente pequeño. Así, parcelas limítrofes y/o con la misma orientación productiva tienen ayudas muy distantes. Y así, en toda España.
De nuevo, la reforma acordada en Bruselas vuelve a orientar la filosofía de la PAC en la dirección de la convergencia, de la reducción de regiones y de la eliminación de las referencias históricas, base -estas ultimas- de la actual divergencia de las ayudas por regiones y orientaciones productivas. Parece que las instituciones comunitarias quisieran dar a España, y sus 50 regiones, una nueva oportunidad, que no podemos desaprovechar.
Todos en el sector, en mayor o menor medida, estamos a favor de apoyar la agricultura y ganadería profesionales y el relevo generacional. En Castilla-La Mancha, de manera particular, a las pequeñas y medianas explotaciones, modelo de la agricultura y ganadería familiar, representativa de la inmensa mayoría de nuestro territorio rural.
Es imprescindible, para ello, eliminar las referencias históricas que generaron pagos, que siguen vigentes, en función de lo que se producía en la parcela en cuestión hace ya más de 20 años. Así, esos derechos siguen generando ayudas hoy en función de lo que se produjo entonces, cuando en muchos casos ni siquiera los cultivos son los mismos. Además, consecuencia de estas referencias históricas es el hecho de que la diferencia entre las ayudas medias entre la región con pagos más altos y la región con pagos más bajos, de las 50 de nuestro país, sea tremenda. Donde más se cobra por hectárea (1 430 euros) se cobra 24 veces más que en la región donde menos se cobra (60 euros). En Grecia, uno de los pocos países donde no hay una sola región, la diferencia entre las región con ayuda media más alta y la que tienen ayuda media más baja, se sitúa en 1,2 veces.
Una oportunidad para valientes
Esta reforma es una oportunidad para ser valientes. Es necesaria la eliminación de estas referencias históricas, hoy arcaicas e irreales. Pero también, la reducción al mínimo de las regiones agronómicas, para que una parcela de herbáceos de secano, por ejemplo, esté donde esté, tenga el mismo trato. No tendría sentido que, con este planteamiento de igualdad de trato a todos los agricultores, hubiera más allá de cuatro o cinco regiones productivas: herbáceos y leñosos, de secano y regadío, y pastos. Y, lógicamente, dentro de cada región, igual ayuda para todos, es decir, convergencia del 100%.
Es cierto que la agricultura española es muy diversa, pero no más que la italiana, por ejemplo, donde el país es una única región agronómica. La negociación va a ser muy compleja y seguramente algunas de estas cuestiones necesiten un periodo transitorio, y una aproximación intentando el máximo consenso entre las CCAA. Pero el final del periodo, 2027 debería ser la fecha límite para la eliminación de las referencias históricas, la convergencia del 100% y la reducción drástica de las regiones.
Mientras, una excelente noticia es que la PAC incorporará la condicionalidad social, que ha defendido Castilla-La Mancha desde el principio. Las tesis del Parlamento Europeo se han impuesto en este punto y no cobrarán la PAC aquellos agricultores y ganaderos que incumplan la normativa laboral y los derechos de los trabajadores. Un paso de gigante para defender a los trabajadores agrícolas y a la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos que cumplen la normativa.
Si se ha conseguido un acuerdo de esta relevancia entre 27 EEMM, el Parlamento y la Comisión, ahora es el momento de modernizar la PAC en España y cambiar a un modelo más justo y más fácil de explicar y argumentar a los ciudadanos, a los consumidores, a los que, de una forma u otra, va dirigida esta política, de las pocas que, cuando se aplica bien, refuerzan nuestro compromiso con el proyecto europeo.