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Estos días en que se intenta, casi a la desesperada, contener la extensión del nuevo coronavirus, lo cual sin duda entraña serías dificultades, y en que asistimos a toda una panoplia de actitudes y respuestas según los países (¿falta coordinación?), mientras contemplamos como se intenta un difícil y sin duda polémico equilibrio entre los intereses económicos y los imperativos de salud pública (“ni demasiado pronto, ni demasiado tarde”), vemos no obstante la importancia que reviste tener un servicio público de salud sólido y bien financiado. ¿Es nuestro caso?
Es conocido el acoso que los servicios públicos han sufrido y sufren en nuestro país y en otros muchos de nuestro entorno, merced a estrategias de privatización inspiradas en una ideología extremista y ultra liberal, y el recorte importante de recursos económicos y humanos que han sufrido estos servicios con ese objetivo.
El informe reciente sobre España de Philip Alston, relator de la ONU contra la pobreza extrema, lo confirma así:
“La recuperación después de la recesión ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después del 2008 y nunca se restauraron”.
Las bases legislativas para la privatización de la sanidad en nuestro país son obra del PSOE, que contó para ello con el apoyo fiel del PP, el partido más corrupto de Europa, corrupción que también el PSOE ha practicado hasta casi hartarse. Aparentemente muy distintos, ambos partidos han coincidido, sobre todo a partir de la época de Felipe González, no solo en la corrupción ubicua sino también en una política de acoso a lo público, privatizaciones, recortes, y deterioro deliberado, inspirada en el neoliberalismo extremo.
Lo que se ha salvado de esa ofensiva contra lo público ha requerido unos enormes movimientos de protesta ciudadana; en algunos casos una defensa en los tribunales (cierre de PAC en la atención primaria de Castilla-La Mancha); y también una base política nueva comprometida con lo público para hacerle frente.
Vemos por ejemplo como en algunos centros de salud de nuestra atención Atención primaria falta material esencial e indispensable para el buen servicio. Faltan profesionales, que en muchos casos han huido a otros países por el maltrato laboral que aquí reciben.
Se expulsa ahora de su puesto de trabajo a profesionales interinos capacitados tras toda una vida laboral, debido a un fraude de ley del que han sido víctimas, fraude que no tenía otro objeto que ahorrar costes constituyendo un cuerpo de personal en precario y discriminado durante toda su vida laboral, ignominia en la que han colaborado (antes para la explotación y ahora para la expulsión) sindicatos adocenados y políticos sin escrúpulos.
En resumen, faltan recursos materiales y humanos que han sido recortados especialmente en los servicios públicos, base y fundamento del Estado de Bienestar.
Sin embargo si que ha habido recursos públicos generosos, que además no se aspira a recuperar, para rescatar autopistas privadas quebradas por un mal diseño del negocio (inútiles con máster en codicia); como también los hay y no faltan, para rescatar a los golfos de las finanzas, esos “excelentes” de esta extraña “gobernanza” posmoderna.
Pero sobre todo vemos, y esto es importante señalarlo, como Estados Unidos, donde el neoliberalismo es norma, carece de un servicio público de salud preparado para hacer frente a desafíos de este tipo. Desafíos que en el futuro serán cada vez más frecuentes, y que por su naturaleza nos vuelven a recordar (por si lo habíamos olvidado) que lo “público” es una realidad tangible, también en el mundo globalizado, y la forma en que la sociedad se organiza si quiere llegar a ser verdaderamente una sociedad.
Estos días en que se intenta, casi a la desesperada, contener la extensión del nuevo coronavirus, lo cual sin duda entraña serías dificultades, y en que asistimos a toda una panoplia de actitudes y respuestas según los países (¿falta coordinación?), mientras contemplamos como se intenta un difícil y sin duda polémico equilibrio entre los intereses económicos y los imperativos de salud pública (“ni demasiado pronto, ni demasiado tarde”), vemos no obstante la importancia que reviste tener un servicio público de salud sólido y bien financiado. ¿Es nuestro caso?
Es conocido el acoso que los servicios públicos han sufrido y sufren en nuestro país y en otros muchos de nuestro entorno, merced a estrategias de privatización inspiradas en una ideología extremista y ultra liberal, y el recorte importante de recursos económicos y humanos que han sufrido estos servicios con ese objetivo.