Las retóricas de la igualdad

Democracia implica que en la sociedad tiene que haber un cierto grado de igualdad. De ahí que, según la Constitución, los poderes públicos tengan que promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Las desigualdades de renta, posición y educación no deben ser tan grandes que en vez de favorecer la participación produzcan mansedumbre y una sumisión permanente de las personas. 

La desigualdad es uno de los problemas más graves en una sociedad democrática, porque debilita la participación, perjudica la cohesión y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Sin embargo, hay gobernantes que pasan por alto este problema y se dedican a pregonar la igualdad, por más que los datos existentes contradigan su discurso. Esta retórica de algunos dirigentes, en favor de la igualdad es la fórmula que utilizan para no tener que enfrentarse al irritante problema de la desigualdad.  

Como ejemplo de discurso ideológico se puede citar la retórica del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La región española que gobierna es una de las más desiguales y con más población en riesgo de pobreza y exclusión social, junto con Andalucía, Extremadura, Murcia y Canarias. Sin embargo, García-Page en vez de diseñar buenas políticas para corregir las desigualdades estructurales, se dedica a hacer campaña en favor de la igualdad inexistente en la sociedad castellanomanchega.  

Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, unas 640.000 personas (el 31,6 por cien de la población) están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Castilla-La Mancha, es decir que la región posee tasas muy elevadas, siempre por encima de la media nacional (que es del 26.5 por cien). Además, la tasa de mujeres en riesgo de exclusión es 3,5 puntos porcentuales superior a la masculina (40.000 mujeres más). En las familias con menores, la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión es del 35,5 por cien, siendo el porcentaje ocho puntos más elevados que en los restantes hogares (que es del 27,5 por cien). Respecto al hábitat, hay diferencia entre la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión de las zonas rurales de Castilla-La Mancha (36,4 por cien) y las zonas urbanas (29,0 por cien), con la particularidad de que esta diferencia entre ambas aumenta con el tiempo.

Para conseguir que las desigualdades no sean decisivas es fundamental el papel que pueden desempeñar las políticas de la Junta de Comunidades. Sin embargo, el impacto de la administración de Castilla-La Mancha en reducir la pobreza es del 33, 3 por cien, siendo menor que el que consiguen a nivel nacional otras administraciones (que es del 36.8 por cien). 

Pues bien, García-Page prescindiendo de los datos mencionados sobre las cifras de pobreza y exclusión, la pobreza de las mujeres y la exclusión en los hogares con menores y en las zonas rurales, está centrado en la propaganda. En vez de aumentar el esfuerzo del gobierno regional que preside, para corregir la desigualdad estructural existente en la comunidad, está empeñado en hacer publicidad continua sobre la igualdad en cualquier ocasión memorable (Día Internacional de la Mujer, día de la Región, día de la Constitución etcétera).

También a crear cátedras de igualdad de género (una sobre diversidad y otra sobre el mundo laboral); o bien a hacer ostentación de que el gobierno regional es pionero porque va a tramitar una ley en las Cortes para acabar con la brecha salarial en el ámbito laboral, como si la desigualdad entre las remuneraciones que perciben mujeres y hombres se eliminara por decreto. 

Toda esta manipulación propagandística con la que Emiliano García-Page envuelve su discurso parece estar dirigida a encubrir la desigualdad estructural existente en la región, debida en parte a la mezquindad de sus políticas. En virtud de lo cual, se podría conjeturar que el presidente de Castilla-La Mancha no se cansa de utilizar de manera perversa la retórica de la igualdad (en especial la de género), para encubrir la desigualdad regional realmente existente. 

Democracia implica que en la sociedad tiene que haber un cierto grado de igualdad. De ahí que, según la Constitución, los poderes públicos tengan que promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Las desigualdades de renta, posición y educación no deben ser tan grandes que en vez de favorecer la participación produzcan mansedumbre y una sumisión permanente de las personas. 

La desigualdad es uno de los problemas más graves en una sociedad democrática, porque debilita la participación, perjudica la cohesión y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Sin embargo, hay gobernantes que pasan por alto este problema y se dedican a pregonar la igualdad, por más que los datos existentes contradigan su discurso. Esta retórica de algunos dirigentes, en favor de la igualdad es la fórmula que utilizan para no tener que enfrentarse al irritante problema de la desigualdad.