Las verdaderas razones por las que se quieren cortar los caminos para cazar en ellos

El próximo 8 de octubre comienza la temporada general de caza 2024-2025 en Castilla-La Mancha, lo que tradicionalmente se conoce como la apertura de la veda.

No serán pocas las personas y entidades a las que les asalte la duda de si al transitar por caminos, senderos y vías pecuarias se encontrarán con que se les corta el paso en aplicación de la modificación de Ley de Caza publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el pasado 21 de marzo de 2024 y que permitiría cazar en estos espacios públicos.

La respuesta lógica sería que no, que no se puede cortar el paso y menos cazar en estas vías. Pero parece que la Consejería de Desarrollo Sostenible no lo tiene claro, a pesar de que se le ha preguntado al respecto.

Lo razonable sería que la reciente modificación de la Ley de Caza castellanomanchega no se aplique por distintas razones. La primera es que la Administración General del Estado ha iniciado el proceso de recurso de inconstitucionalidad contra esta normativa, y en esa situación es previsible un recurso de inconstitucional que dejara en suspenso su aplicación. Permitir cazar en caminos o vías pecuarias en estas condiciones es sin duda recorrer el terreno de la inseguridad jurídica. Se está a la espera en todo caso de lo que ocurra en las reuniones de la comisión bilateral AGE-JCCM, si dan lugar a un acuerdo o, por el contrario, a trasladar al Tribunal Constitucional el citado recurso.

Poco se sabe de las reuniones de esta comisión, ni cuantas se han celebrado, ni del contenido de las mismas, ni de las propuestas que ambas administraciones han trasladado para reorientar a la senda de la constitucionalidad la norma aprobada en Castilla-La Mancha. Pero a nadie se le escapa que las posturas parten de posiciones distantes, por lo que el proceso es de duración y final incierto.

Mientras tanto, ningún titular cinegético debiera poder cazar ni cortar caminos públicos o vías pecuarias, al estar en pleno vigor el reglamento anterior a la modificación y que señala que estas son zonas de seguridad que deben quedar a salvo de disparos dentro de ellas o en su dirección con riesgo de alcanzarlas.

Así que quienes quieran usar los caminos, senderos y vías pecuarias con fines agrícolas, ganaderos, deportivos, educativo o de turismo rural y en la naturaleza debieran tener la garantía del Gobierno regional a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible de que la normativa les faculta a seguir transitando libremente por ellos y que son quienes cazan quienes tienen que poner las medidas para evitar situaciones de riesgo. Una cuestión de la que seguramente no estaríamos hablando si no se hubieran dado contundentes argumentos legales y de interés social y medioambiental desde los colectivos que denunciamos la maniobra de ocultación bajo la cual se amparó el cambio de la ley de caza en interés exclusivo del lobby cinegético.

El tiempo transcurrido desde que en febrero se iniciaron  las denuncias frente a la iniciativa del Gobierno regional ha permitido, por otra parte, aclarar algunas cuestiones que no son menores y que debieran ser tenidas en cuenta por la Administración General del Estado en su controversia con el Gobierno regional de Castilla-La Mancha.

Ya se dijo que no quedaban en absoluto claras las motivaciones para atender esta vieja demanda del sector cinegético y que quedó plasmada en sendos acuerdos, uno preelectoral, y otro en las Cortes regionales, de los grupos políticos PSOE, PP y Vox por el que suscribían el llamado Pacto por la Caza de Castilla-La Mancha. 

Se decía en febrero pasado, en contra de los antecedentes citados y de toda lógica, que la modificación de la ley respondía a generar mayor seguridad a quienes usan estas infraestructuras verdes durante la temporada de caza. Argumento fácilmente rebatible por la razón de los hechos, la normativa ya salvaguardaba estas zonas de la acción de cazar, y si se daban situaciones de riesgo o molestias no era por el comportamiento de quienes no cazan, sino de quienes lo hacen incumpliendo las normativas de seguridad en el empleo de armas.

Se intuían otros motivos, y esto quedó meridianamente plasmado en la nota de prensa que el 2 de julio pasado hizo pública la Federación de Caza de Castilla-La Mancha rechazando la postura del Ministerio de Transición Ecológica, donde, aparte de argumentar erróneamente que la normativa actual ya permite cortar los caminos para cazar, por lo que cabría preguntarse entonces para que la modificación de la ley de caza); deslizan que uno de los objetivos es garantizar la seguridad de los propios cazadores y la accesibilidad de los servicios de emergencia y de personas cazadoras con limitaciones de movilidad.

Si los cotos de caza ya cuentan con infraestructuras de acceso y zonas de caza donde ubicar sus puestos o dar sus batidas, de hecho emplearlas es lo que vienen haciendo desde siempre, ¿por qué piden más?, no ya cortar caminos y vías pecuarias, sino poder cazar dentro de ellos

Sin duda es lícito que quienes cazan velen por su propia seguridad y accesibilidad, pero hay una forma mucho más simple y sin afectar a derechos públicos del común de la ciudadanía, como es el de transitar libremente y con seguridad por las únicas infraestructuras verdes disponibles para ello en el medio rural y natural. Es tan sencillo como dejar de disparar en situaciones que incumplen la normativa de caza y de empleo de armas de fuego, es decir, cuando no se respetan las zonas de seguridad ni la obligación de no disparar a nada que no se sepa fehacientemente que es una especie autorizada para la caza. Por otra parte para acceder a los cotos, tanto las personas con movilidad reducida como los servicios de seguridad pueden usar cualquier infraestructura, también las públicas como lo hacen ahora.

Si los cotos de caza ya cuentan con infraestructuras de acceso y zonas de caza donde ubicar sus puestos o dar sus batidas, de hecho emplearlas es lo que vienen haciendo desde siempre, ¿por qué piden más?, no ya cortar caminos y vías pecuarias, sino poder cazar dentro de ellos. Pues resulta lógico pensar que porque así amplían a costa de terrenos públicos y sin contraprestación la superficie del coto y pueden cazar más, que es de lo que se trata. Y hacerlo además, ocultándose de testigos que pueden resultar incómodos y denunciar las malas prácticas tan habituales en el mundo de la caza.

En estas cuestiones la ciudadanía de Castilla-La Mancha o la que visita estas tierras debiera estar bien informada, evitando contaminarse por los puntos de vistas de que quienes solo defienden intereses sectoriales, partidistas o su propio beneficio económico. Lástima que en este tema la Administración regional y los partidos con representación en las Cortes se hayan puesto del lado contrario del que debieran, dando alas a las reivindicaciones injustas y particulares del sector de la caza.

Tampoco se pide tanto, respetar los caminos, senderos y vías pecuarias, supone dejar como espacios libres de caza muy poca superficie de terreno en relación a ese enorme 88 % de superficie de terrenos cinegéticos que hay en Castilla-La Mancha, y supone también evitar riesgos a quienes los usan pacíficamente dando sentido a la promoción del empleo sostenible y razonable del medio natural y evitando un retroceso en las medidas que pretenden evitar el despoblamiento.