Ya ha dado su primer paso el anteproyecto de Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, una de las normativas más importantes que se aprobarán este año en la región, previsiblemente durante la primavera. El Consejo de Gobierno regional la ha aprobado y remitido al Consejo Consultivo para que emita dictamen y posteriormente se remita a las Cortes regionales. El vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, ha detallado algunas novedades de la ley, cuyo contenido ya ha sido adelantado y analizado desde elDiarioclm.es en varias ocasiones. Ha hecho especial hincapié en el uso de herramientas fiscales para combatir la despoblación “por primera vez en la historia política del país”.
Esta normativa llega al Gobierno cuando se va a cumplir un año desde que el Ejecutivo firmó con agentes sociales y económicos, Grupos de Desarrollo Rural y la Federación de Municipios (FEMP) el Pacto contra la Despoblación que se llevó a cabo en Brihuega (Guadalajara). Desde entonces, el texto ha pasado por dos procesos de participación pública y ha sido “altamente consensuado” debido principalmente a que afecta a todos los ámbitos competenciales de la Administración autonómica.
Su objetivo principal es abordar el problema estructural de la despoblación en amplias comarcas de Castilla-La Mancha, que aparecen zonificadas conforme a los parámetros de la Unión Europea. Lo hace, según el vicepresidente, de manera “ambiciosa” puesto que cuenta con una memoria económica que contempla un gasto de 600 millones de euros a implementar tanto en nuevos programas con fondos europeos como en la repercusión presupuestaria de sus ventajas fiscales. Muchas de sus medidas se ejecutarán conforme a una futura Estrategia contra la Despoblación que tendrá un alcance mínimo de 10 años.
Ha destacado así que el anteproyecto incorpora conceptos legislativos novedosos como el de “impacto demográfico”, que exige que todas las decisiones estratégicas, desarrollos normativos y nuevos servicios de la región analicen sus efectos en zonas despobladas. Otro concepto crucial es el de “estancia efectiva”, que permite medidas de apoyo a personas o familias que viven en los pueblos, que están empadronadas allí y que reciben asistencia sanitaria en estas localidades.
Una de sus principales novedades es la flexibilización del tramo del IRPF autonómico y de los impuestos cedidos. En el IRPF la ley plantea una desgravación de hasta el 25% de la cuota autonómica para personas con esa “estancia efectiva” y del 10% en medidas de construcción y rehabilitación para las personas que quieran vivir en el medio rural. Según el Ejecutivo castellanomanchego, con la combinación de ambas desgravaciones, las personas que se vayan a vivir a municipios despoblados “no pagarán impuestos a la comunidad autónoma”.
El Gobierno destaca los dos núcleos centrales de la norma: uno de garantía de acceso a los servicios y otro de cohesión social, económica y territorial. En cuanto al primero, se establecen medidas para que la ciudadanía que vive en zonas despobladas pueda acceder a los servicios en condiciones similares a las personas que viven en el resto de la región. En el caso de la educación pública, la ley garantiza que haya colegios allí donde hay al menos cuatro niños o niñas, programas de Formación Profesional adaptados a la realidad de la comarca o contratos-programa para la financiación de enseñanzas no obligatorias. Se trata de un “compromiso de financiación” de la educación superior con la condición de que las familias sigan viviendo en estos pueblos.
En cuanto al acceso a la sanidad pública, en el anteproyecto se incorpora un incremento de los servicios en la Atención Primaria, ligado a la implementación de servicios tecnológicos, con garantía de acceso a las urgencias en menos de 30 minutos. Asimismo, respecto a los servicios sociales, y debido al elevado porcentaje de población envejecida en estas zonas, se garantiza la teleasistencia avanzada para mayores de 70 años que residan en estos territorios. Cuando no puedan permanecer en su domicilio, la ley contempla garantizar un recurso residencial en menos de 40 kilómetros de distancia. En este marco de acceso a los servicios, existe también un programa específico de atención a las personas con discapacidad y un nuevo modelo de transporte “sensible a la demanda” para comunicar los pueblos con las cabeceras de comarca.
Apoyo a las empresas
Por otra parte, en referencia al segundo núcleo, el referido a la cohesión, el vicepresidente ha querido destacar las medidas de apoyo a las empresas que se ubiquen en estas zonas, que tendrán hasta un 40% de ayuda adicional. A todo ello se une una “apuesta importante” por el sector agroalimentario, la bioeconomía y la innovación, junto con un Fondo de Apoyo Financiero a las empresas dotado inicialmente con 10 millones de euros que previsiblemente se ampliará con aportaciones de otras administraciones y de entidades financieras.
En el ámbito de la cohesión social, se establecen modelos alternativos para favorecer la conciliación familiar en la atención a niños y niñas de entre 0 y 3 años; también programas específicos de acceso a la vivienda y de rehabilitación para la reutilización del parque de viviendas; así como medidas en el acceso a la cultura, al ocio responsable y a los medios de comunicación. Unido a ello se encuentra también el fomento de las energías renovables, del consumo responsable del agua y la garantía de acceso a la fibra óptica y al 5G en todas las localidades de la comunidad autónoma.
En definitiva, el vicepresidente ha remarcado que con este anteproyecto se sentarán las bases “para que los ciudadanos puedan decidir en libertad donde vivir con la misma garantía de servicios y con incentivación positiva”.