- Entronca con la futura Ley de Vivienda e incorpora novedades como facilitar a los jóvenes el acceso a inmuebles en régimen de alquiler o propiedad
Las políticas de vivienda que quiere llevar a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha comienzan a tomar forma más allá de las ayudas aprobadas durante la legislatura y de la futura Ley de Vivienda, aún pendiente de recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno. La Consejería de Fomento ha comenzado también a elaborar el proyecto de decreto para la regulación del Plan de Vivienda 2018-2021, actualmente sometido a consulta previa.
De esta forma, la Administración autonómica ha tomado la delantera al Gobierno de Mariano Rajoy que todavía tiene que aprobar el plan estatal. En principio, el proyecto castellano-manchego se atiene a las líneas generales del estatal (al que también ha presentado varias alegaciones) e incluye un programa específico de ayudas para víctimas desahucios, en consonancia con el rescate habitacional que se quiere regular por ley dentro del Plan de Garantías Ciudadanas.
Cuando se apruebe, este Plan de Vivienda será el séptimo con el que cuenta Castilla-La Mancha. Por su parte, el estatal del periodo 2013-2016, prorrogado durante el ejercicio 2017, ha sido el último vigente y se centró en las ayudas al alquiler y a la rehabilitación, sin fomentar la adquisición de la propiedad de vivienda con ayudas públicas ni la construcción de nuevas viviendas.
En el futuro decreto castellano-manchego, el Gobierno regional quiere continuar con las ayudas al alquiler y a la rehabilitación edificatoria, después de la “gran demanda que han tenido las mismas en planes anteriores”. Con respecto al arrendamiento, el objetivo es que los dos sectores de la población más vulnerables, jóvenes y mayores, puedan acceder a viviendas de una forma más sencilla. Y en el caso concreto del colectivo juvenil, la intención es implantar un programa de ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente.
En la futura planificación también se incorporará un programa específico de ayudas para personas que han sido objeto de un desahucio, aunque de momento no incorpora más detalles a este respecto. Pero en las líneas generales del Plan Estatal se habla también de poner a disposición de estas personas viviendas desocupadas y disponibles de las entidades financieras para ser ocupadas en régimen de alquiler y aportar una ayuda económica para el mismo.
Se añade que las comunidades autónomas podrán destinar esta ayuda, con el mismo objeto, a otras viviendas que estén en la misma situación y sean de otros titulares. Los importes de estas subvenciones pueden ser de hasta 400 euros al mes (en función de lo que determinen los servicios sociales de cada comunidad o ayuntamiento) y con un plazo de dos años.
El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere incorporar otro programa que al igual que en planes anteriores, ha resultado eficaz para la mejora de barrios específicos como es el de fomento de la regeneración urbana y rural. Se incluirán ayudas para la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, urbanización y reurbanización de espacios públicos y en su caso, la edificación de edificios o viviendas nuevas en sustitución de edificios o viviendas demolidos.
Reactivación del sector inmobiliario
Con todo ello también busca contribuir a mantener la reactivación del sector inmobiliario, fundamentalmente desde el fomento del alquiler y el apoyo a la rehabilitación de vivienda, y de la ayuda a la adquisición para los jóvenes, que “facilitará la venta de parte del stock de vivienda tanto libre como protegida y fomentará levemente la producción de viviendas”.
Las líneas generales del Plan Estatal, que todavía no ha elaborado el Gobierno de Mariano Rajoy, ponen especial atención en jóvenes y personas mayores. Además se establecen algunas medidas complementarias que afectan a las comunidades autónomas, como la concesión de una ampliación sin límite de la suspensión del periodo de amortización de los préstamos convenidos acogidos a planes estatales anteriores.
En el Plan Estatal 2013-2016 se posibilitaba a las autonomías a conceder dicha interrupción durante un plazo máximo de 3 años y finalizaban sus actuaciones el 31 de diciembre de 2017. Con la suscripción de los convenios para la ejecución de la prórroga de este plan nacional, estas actuaciones pueden extender su plazo hasta el 31 de diciembre de 2018. En el nuevo Plan Estatal se establecerá un mayor plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 con el fin de adecuar los plazos.