- El proyecto de extracción minera en el Campo de Montiel “ha estado sobre la mesa” en la negociación de los Presupuestos regionales para 2017
El proyecto de Ley ‘Antifracking’, que endurece los requisitos para la realización de prácticas de fractura hidráulica en Castilla-La Mancha, con el objetivo de impedirlas en su totalidad, ha abierto la espita sobre otras acciones que también pueden producir daños en la salud y en el medio ambiente, como es el caso de la iniciativa de extracción minera de tierras raras en el Campo de Montiel. Este proyecto está pendiente del informe de evaluación ambiental que realice su promotora, la empresa Quantum, pero cuenta con tanta contestación social en la comarca que desde los colectivos que la rechazan han reprochado a la Junta que legisle contra el ‘fracking’ pero no contra esta práctica. Ahora, Podemos se hace eco de esa petición y pedirá, en el próximo pleno de las Cortes castellano-manchegas, una ley contra la minería de tierras raras.
Se trata de una cuestión que Izquierda Unida había pedido incluir vía enmiendas al proyecto de Ley Antifracking, actualmente en tramitación. Así se lo manifestó a la formación morada, pero finalmente, el Grupo Parlamentario de Podemos ha decidido que el encaje jurídico de las tierras raras en una normativa que se centra en otra cuestión es “muy complicado”. Por eso, realizará la petición en la sesión plenaria, dentro de una propuesta de resolución tras el debate general sobre esta controvertida cuestión.
El diputado David Llorente explica que “lo mejor es contar con una buena ley contra la minería de tierras raras”. “Legislar al respecto sería una herramienta mucho más potente para luchar contra esta práctica, que enmendar otra norma que es distinta”, destaca.
Es más, el asunto ni siquiera se ha quedado al margen de la negociación de los Presupuestos para 2017. Llorente confirma que la minería de tierras raras “ha estado sobre la mesa” en estas conversaciones con la Junta y que “nadie entendería que en el presupuesto se apueste por el apoyo al medio ambiente y la agricultura, y al mismo tiempo se deje pasar este proyecto”. Recuerda que el propio Gobierno regional ya se ha manifestado contra este proyecto de la empresa minera Quantum, tanto desde la Consejería de Medio Ambiente como por boca del presidente regional, Emiliano García-Page, cuando manifestó que “no convenía ni era viable desde el punto de vista medio ambiental”.
“Nos atenemos al compromiso del Gobierno”
“El compromiso público del Gobierno está ahí, y en el documento de alcance que se aprobó los requisitos planteados son tantos, que hace inviable cualquier estudio de impacto ambiental que prepare la empresa. Por eso, nos atenemos a ese compromiso”, subraya el diputado de Podemos, quien apuesta por formar un grupo de trabajo con ecologistas, plataformas, asociaciones y partidos políticos con el objetivo de estudiar “todos los fundamentos jurídicos” que podrían incluirse en una futura ley.
En cuanto al proyecto de Ley Antifracking, unas de las normativas ‘estrella’ del Gobierno castellano-manchego, la formación morada ha registrado dos enmiendas. En la primera de ellas plantea reducir los plazos para la elaboración del futuro Plan Estratégico: la norma contempla un plazo máximo de dos años y Podemos pide que se haga a la mayor brevedad posible o en todo caso en un plazo de 18 meses. “Queremos que se agilice, con el fin de que esta cuestión no pase al siguiente gobierno; hay que resolverlo en esta legislatura”, recalca Llorente.
En su segunda enmienda, este Grupo Parlamentario pide la modificación de la parte en que se hace referencia a la población civil afectada, incluyendo que la participación ciudadana sea “obligatoria”. Fue en este punto donde Podemos se planteó incluir la petición de una norma contra las tierras raras, a la que finalmente darán otra salida parlamentaria.