La Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha ha sido aprobada jueves en las Cortes regionales con los votos a favor de PSOE y PP y el voto en contra de Vox.
El texto incluye una disposición adicional por la que se facilita una “prestación por inactividad laboral” para los miembros del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y otros altos cargos. Esta prestación, dice el texto será igual a la recogida “en los términos previstos en el artículo 10, número cinco, norma primera de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1981”.
La prestación corresponde, según la ley nacional citada, a quienes cesen en el cargo “durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de veinticuatro mensualidades una pensión indemnizatoria mensual igual a la dozava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado”. Esta pensión indemnizatoria es incompatible con las retribuciones que pudieran corresponderles, en el caso de ser designados de nuevo para otro cargo.
La posibilidad de recibir prestación llegará también a los miembros de las Cortes de Castilla-La Mancha. Y es que la disposición adicional tercera incorpora a la normativa autonómica un sistema de prestación similar al regulado en la Administración General del Estado y en otras Comunidades Autónomas “para compensar las limitaciones que en materia de incompatibilidades impone la Ley 11/ 2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha”.
También se “extiende esta prestación a los miembros de las Cortes de Castilla-La Mancha, lo cual viene a suplir la inexistencia del derecho a prestación por desempleo de los mismos al finalizar su mandato”, según detalla la exposición de motivos del nuevo texto legislativo.
En el caso de los diputados y diputadas del Parlamento regional se abrirá ahora la posibilidad de que puedan acogerse a la prestación por desempleo una vez que dejen el escaño. Algo que suprimió la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal en la legislatura entre 2011 y 2015. La regulación de esta prestación, según ha explicado a elDiarioclm.es, Enrique Tenorio, director de la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se incluirá en el texto que reforma el Reglamento de las Cortes de la comunidad autónoma.
La disposición que avala esta prestación no se había incluido inicialmente en la Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha. Fue incorporada a través de una enmienda de adición pactada por PP y PSOE en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes, celebrada el pasado 5 de julio y con la que Vox se muestra en desacuerdo.
Así lo expone el texto de manera literal: “Los miembros del Consejo de Gobierno cuando cesan en sus funciones y, por cualquier circunstancia, no reingresen en el puesto de trabajo que ocupaban antes de su nombramiento, tendrán derecho a una prestación por inactividad laboral”. Y añade: “Las personas titulares de los órganos a los que hacen referencia los artículos 26 y 31 de la Ley 11/2003, cuando cesen en sus funciones y, por cualquier circunstancia ajena a su voluntad, no puedan reingresar en el puesto de trabajo que ocupaban antes de su nombramiento, tendrán derecho a una prestación por inactividad laboral”.
Estos artículos hacen referencia al secretario general de la Presidencia, viceconsejeros, delegados provinciales de las consejerías, directores generales, secretarios generales técnicos, secretarios generales, y delegados provinciales de la Junta. Cargos que hasta ahora, y según confirman fuentes de la Vicepresidencia primera de la Junta de Comunidades, no tenían derecho a prestación por desempleo.
En la ley se explica que la prestación tendrá una duración determinada por la Ley General de la Seguridad Social, y que será “igual a la doceava parte del 80 por 100 del total anual de las retribuciones que estuvieran percibiendo en el momento del cese durante los primeros doce meses y del 60 por 100 de las citadas retribuciones durante los restantes meses”.
Los altos cargos deberán solicitar la prestación en la Oficina de Integridad, cuyas competencias también se establecen en la nueva ley. Las personas que quieran pedirla, tendrán tres meses tras la publicación de su cese en el Diario Oficial de la comunidad autónoma para hacerlo.
Esta disposición ha sido duramente criticada por el único partido de la cámara que no la apoya: Vox. El diputado regional por Ciudad Real, Luis Blázquez, calificaba la medida como una “paga VIP para consejeros y políticos de la región”. “Esta ley enmascara un perverso motivo”, aseguraba en su turno de palabra.
Esta ley enmascara un perverso motivo
“Nos oponemos rotundamente a este sueldo VIP que se quiere plantear cuando precisamente lo están pasando peor las familias en Castilla-La Mancha”, señalaba el diputado, quien también criticó que “siempre se ponen de acuerdo cuando hay dinero de por medio”, en referencia a PSOE y PP. “Ya concluyo que esta ley se podrá llamar de integridad pública, pero es de todo menos íntegro”.
Blázquez también aseguró que la medida costará “veinte millones de euros” a las arcas públicas. El vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, respondió con contundencia: “Es falso, mentira”. Guijarro lo resumió como un “modelo similar” a la prestación por desempleo, con la “diferencia” de que no hay derecho a indemnización y que lo pagaría la Junta de Comunidades a través de la Oficina de Integración.
Por parte del PSOE, la diputada Ana Isabel Abengózar, criticó que “la España que madruga” haya querido “dar lecciones de decencia” en el Pleno. “Votan que no a esta ley, pero ponen la mano y reciben más de 170.000 euros. Llevan un séquito de asesores donde van. ¿Esto se lo han explicado a los ciudadanos?”, describió la parlamentaria socialista, que añadió que “poco han trabajado ustedes”, al presentar solo cuatro enmiendas al proyecto de Ley.
Abengózar resumió lo que dispone la ley explicando que no es “una paguita”, sino una “prestación por desempleo” para quienes se dedican a la política y que cuando abandonen el cargo no tengan un puesto laboral al que volver. “Una prestación por desempleo como cualquier ciudadano cuando sale de un puesto laboral”. Por parte del PP, la diputada Tania Andicoberry lamentó que “lo indecente e inmoral es tanta demagogia”.
Es la ley “más exigente” en transparencia asegura el Gobierno
El vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, realizó una defensa de la ley asegurando que Castilla-La Mancha siempre ha sido la región “más exigente” en obligaciones de transparencia. “La corrupción regional nunca ha sido noticia, debemos seguir esforzándonos para que no tenga cabida en la administración y para ello debemos establecer obligaciones y controles”, explicó. De ahí, la necesidad de esta nueva ley, añadió.
La normativa, continuó, sitúa a la Administración regional en el “más alto nivel de exigencia” en materia de 'integridad', que incluye a “todas las empresas, fundaciones, asociaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en la que la administración pueda participar de forma directa e indirecta”, incluidos los consorcios públicos. Guijarro también señaló que los cargos de la administración no solo deberán presentar una declaración de bienes, sino que habrá control de su situación patrimonial, para comprobar el incremento, o no, de su patrimonio.
Además, la ley contempla medidas para no incurrir en incompatibilidades, que incluye la regulación de la actividad privada que se desempeñe durante los dos años posteriores al cese. “Pido el respaldo a la ley, porque creo en ella. La comunidad autónoma no podrá estar en mejores manos”, destacó.
132 altos cargos
Según las cifras expuestas por el vicepresidente primero, actualmente hay 132 altos cargos en la administración regional, de los que el 54% son funcionarios que pueden volver a su puesto de trabajo cuando acabe su labor actual. Del 46% restante, poco menos de la mitad tiene también empleo asegurado al acabar con su puesto actual.
Es decir, sería una treintena de altos cargos, siempre según los datos del Gobierno regional, los que tendrían derecho a la prestación que establece la nueva Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, la última ley que aprobarán las Cortes castellanomanchegas antes de cerrarse el vigente curso parlamentario por las vacaciones de verano.