El Consejo de Estado recibirá en audiencia (telemática) este miércoles a las 13 horas al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page para que la comunidad autónoma presente las alegaciones pertinentes ante el proceso abierto para revisar los planes hidrológicos.
La audiencia, que en realidad es un mero formalismo telemático para presentar las consideraciones de la comunidad autónoma, coincide con la celebración este mismo día de una manifestación en Madrid convocada por el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) como protesta por el cambio del plan de cuenca del río Tajo que, en la práctica, supondrá menos derivaciones de agua desde la cabecera del Tajo, entre Cuenca y Guadalajara, hacia Alicante, Murcia y Almería.
En un documento de tres páginas, al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, el Gobierno de Castilla-La Mancha plantea sus alegaciones al proyecto de Real Decreto aprobatorio de los nuevos planes hidrológicos de las demarcaciones intercomunitarias para centrarse en particular en el plan de cuenca del río Tajo. Es el único al que pone objeciones.
El Ejecutivo castellanomanchego expone ante el Consejo de Estado que “ha de respetarse siempre la prioridad de la cuenca cedente” y que ese es un principio establecido en el Plan Hidrológico Nacional, una norma que, resalta, tiene “rango de ley”.
García-Page subraya que “en Castilla-La Mancha también se necesita agua para el abastecimiento humano de nuestros habitantes, especialmente en nuestro medio rural”.
Después alude a la implantación de un régimen de caudales ecológicos en el río Tajo para recordar que no existen hasta el día de hoy a pesar de que “no sólo una obligación normativa sino una determinación impuesta por varias sentencias del Tribunal Supremo promulgadas a partir de 2019”.
La tercera consideración del presidente castellanomanchego se refiere, directamente, a los argumentos esgrimidos por las comunidades autónomas de Valencia y Murcia. El pasado mes de noviembre se filtraba a la prensa murciana que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estaba valorando la posibilidad de no aplicar el incremento de caudales ecológicos en el río Tajo si su estado era bueno en el año 2026.
Sobre esta cuestión, que el Gobierno de Castilla-La Mancha da por superada, García-Page aclara en sus alegaciones que “el régimen progresivo y automático de implantación de caudales ecológicos mínimos en el Tajo, si bien retrasa la implantación efectiva de los caudales ecológicos determinados en el proceso de planificación, fue aceptado por una mayoría de los participantes de los procesos de participación pública previos al Consejo Nacional del Agua”.
Y añade que “la progresividad tiene su razón de ser en que la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana puedan ampliar su capacidad de desalinización desde ahora hasta el año 2026”.
En este aspecto incide el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Alega que “una vez el secretario de Estado anunció, de forma previa a la votación del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo y del Proyecto de Real Decreto, que se eliminaría la condicionalidad de la aplicación del régimen progresivo de caudales ecológicos mínimos, cualquier argumento que pretenda condicionar la implantación de caudales ecológicos en el río Tajo carece de validez”.
A eso se suman, añade, las diversas sentencias del Tribunal Supremo por lo que la inclusión en la Disposición Adicional 9ª de la condicionalidad de la aplicación del régimen progresivo de caudales ecológicos mínimos en función del cumplimiento del llamado ‘Programa Especial de vigilancia’ a las que aluden otras comunidades autónomas vulneran distintas normas.
Cita en concreto, las competencias que el vigente Texto Refundido de la Ley de Agua (TRLS) atribuye a las confederaciones hidrográficas en cuanto a la elaboración, seguimiento, control y revisión de los planes hidrológicos, en cuatro de sus artículos (23, 24, 26 y 35).
También vulnera, sostiene, “el principio de participación pública en la elaboración de los planes hidrológicos” que establece el artículo 14 de la Directiva Marco del Agua, cuya transposición se refleja en la citada Ley de Agua. Incluso alega la vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, “que obligan a reiterar la información pública, previamente a la aprobación definitiva de un instrumento de planificación, cuando se introducen modificaciones sustanciales después de la exposición al público”, como es el caso.
Las alegaciones toman como antecedente la reunión del Consejo Nacional del Agua celebrada el pasado 29 de noviembre en la que el Ejecutivo castellanomanchego se pronunciaba a favor del nuevo plan para el río Tajo, al considerar que la nueva planificación mantenía los caudales ecológicos reclamados por la comunidad autónoma. Un extremo al que se opone el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig. Hoy mismo decía desde Bruselas que “no se está actuando de forma correcta” con el recorte de agua del Tajo-Segura.
En Castilla-La Mancha las cosas se ven de forma muy distinta. “Oída la declaración del secretario de Estado, en la que hizo constar, in voce, que la implantación de los caudales ecológicos en el eje del Tajo entre los embalses de Bolarque y Valdecañas se verificará conforme a las disposiciones acordadas en el proceso de planificación, el proyecto de Real Decreto obtuvo el voto favorable de esta Comunidad Autónoma”, recuerda el presidente Emiliano García-Page que es quien presenta las alegaciones.
Una postura abiertamente enfrentada a la su homólogo en la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, que también ha pedido audiencia al Consejo de Estado y que este mismo martes consideraba que “no se ha actuado de forma correcta” al recortar envíos de agua desde la cabecera del Tajo, con destino el río Segura.
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