El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha dado por iniciado el curso político y lo ha hecho volviendo a arremeter contra el acuerdo entre el PSC y ERC que dio el mando de la Generalitat al socialista Salvador Illa. Aunque había rebajado levemente el tono sobre esa “financiación singular” pactada para Catalunya, hoy el Ejecutivo de Emiliano García-Page lo ha llamado “concierto catalán”, contra lo defendido por la ministra María Jesús Montero, y ha augurado que no se llevará a cabo porque supone un “ataque flagrante” al principio de igualdad recogido en la Constitución.
Lo ha dicho el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, con motivo de la remisión a las Cortes regionales del techo de gasto para los Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2025.
Al indicar que son 8.315 millones de euros, un 4,5% más que el año pasado, ha contrastado la estabilidad en esta comunidad autónoma, donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta, con la “incertidumbre” a nivel nacional: “No sabemos todavía si habrá Presupuestos Generales del Estado para 2025, debido a que PP, Vox y Junts ya rechazaron el techo de gasto y hay amenazas de ERC en relación a su posible aprobación”.
Dicho esto, el consejero se ha referido a que los presupuestos castellanomanchegos incluyen un elevado porcentaje de las denominadas “entregas a cuenta” que dependen del sistema de financiación autonómica, y ha reiterado por ello la necesidad del cambio de este modelo. Lo ha pedido en el marco de un acuerdo “en el que participemos todas las comunidades autónomas y no se permitan privilegios para algunas”, como ocurre, ha dicho, con acuerdo entre PSC y ERC, “un concierto y un privilegio” para Catalunya.
“Es un concierto y así lo dice la literatura académica”
“Yo no lo llamo financiación especial, yo lo llamo concierto, y así lo dice la literatura académica. Aunque la ministra me llame mentiroso, es un concierto. Y en la Constitución, los conciertos solo están contemplados para País Vasco y Navarra”, ha argumentado.
El Gobierno de Page tiene intención de seguir solicitando un fondo de nivelación transitoria para que las regiones “infrafinanciadas” como Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia reciban una financiación conforme a la media del resto de autonomías, y que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) cifra en 3.000 millones de euros, 315 millones correspondientes a Castilla-La Mancha.
En este punto, Ruiz Molina ha rechazado que sea Catalunya “la que decida el nivel de recursos del que debemos disponer el resto de comunidades autónomas”. De hecho, ha ironizado con esta cuestión afirmando que, si se aprobara el mencionado acuerdo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ya no lo convocaría la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sino la nueva 'consellera' catalana de esta cartera, Alicia Romero.
De cualquier forma, se ha mostrado convencido de que ese pacto “no se va a poder llevar a cabo” porque es “un flagrante ataque al principio de igualdad que recoge la Constitución por activa y por pasiva”.
El PP de Castilla-La Mancha, por su parte, ha ignorado estas declaraciones. La secretaria regional, Carolina Agudo, ha pedido a Emiliano García-Page, “romper con su clásico de despacharse a gusto ante los medios y esconderse, y dar un paso al frente como han hecho los presidentes del PP”.