La diputada nacional del PP, Rosa Romero, ha denunciado hoy lo que califica de “graves irregularidades” y “deficiencias” del Gobierno de Emiliano García-Page en relación con el presupuesto regional del año 2017, el primero aprobado tras el pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos.
Los 'populares' no descartan la vía judicial tras conocer el Informe Anual sobre Castilla-La Mancha que realiza el Tribunal de Cuentas, en el que se advierte, apuntan, “de la falta de rigor presupuestario, las irregularidades en las contrataciones, el llamativo incremento en gastos de personal de la Junta de Comunidades o del perjuicio de estas cuentas para la economía de la región que se tradujo en más déficit, más gasto, y más deuda”.
Según la dirigente popular el Tribunal de Cuentas “saca los colores” al Gobierno de Page por realizar actos de convalidación de hasta ocho millones de euros “sin fiscalizar en Consejo de Gobierno”, de los que 2,2 millones de euros son adquisiciones, obras, servicios y otras prestaciones de ejercicios anteriores a 2017 y que, además, no están contabilizados en la cuenta de acreedores de 2016.
También, dicho informe apunta que en el inicio del ejercicio 2017 existen 66 millones de euros de deudores pendientes de cobro -de ejercicios anteriores- y al cierre aumenta hasta los cerca de los 100 millones de euros, lo que supone un 30 por ciento más.
Se incumplió el objetivo de déficit
Por otro lado, Romero ha recordado que el presupuesto de 2017 incumplió el objetivo de déficit desviándose del 0,6 al 0,71 por ciento del PIB de la región, incumpliendo la regla de gasto, lo que se tradujo en más déficit y más deuda, situándose Castilla-La Mancha 10 puntos por encima de la media del resto de comunidades autónomas.
En este sentido, denuncia que el Gobierno conjunto PSOE-Podemos “puso en peligro la gestión y el mantenimiento de los servicios sociales públicos” y pone como ejemplo el Servicio de Salud (SESCAM) con una tasa de pacientes en espera quirúrgica por cada mil habitantes así como la tasa media de espera que se situó muy por encima de la media del conjunto del país.
Incremento llamativo de contratos directivos en la Agencia del Agua
Además de esto, Romero ha denunciado que se produjo “un incremento muy llamativo” de contratos directivos en la Agencia del Agua, ya que estas contrataciones se realizaron después de mandar el Proyecto de Presupuestos a la Consejería de procedencia (en ese momento la gestión del agua se encontraba en Fomento).
De esta manera, ha detallado que se contrató a un director de comunicación y a un director de área jurídica administrativa, por lo que se “volvió a incrementar el número de puestos directivos pagados por todos los castellano-manchegos tal y como se ha venido realizando con los gobiernos socialistas”.
Además, ha indicado que en el Ente Público Castilla-La Mancha Media también se incrementaron las contrataciones y se hicieron contratos antes de recibir las autorizaciones de provisión de puestos trabajo, incumpliendo así la Ley de Personal de Castilla-La Mancha de 2017.
Igualmente, el Informe también detecta “graves irregularidades” en la fijación de las remuneraciones en los contratos de alta dirección.
Incumplimiento en Transparencia
Romero, también ha alertado de la “falta de transparencia” del Gobierno conjunto PSOE-Podemos, al igual que, añaden, “es grave y llamativo” que la región no cuente con un Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en el ejercicio fiscalizado, puesto que finalizó en el año 2016 y no se aprobó el siguiente hasta finales de 2018.
En la lista de “deficiencias”, el PP también apunta que el Instituto de la Mujer el Gobierno regional “repartió hasta 19 millones de euros en ayudas sin justificar” y en materia de medio ambiente, el informe se hace eco de “las graves deficiencias de un total de 39 estaciones de agua de depuración gestionadas por infraestructuras de Castilla-La Mancha que incumplen la normativa europea, incluso hay abiertos expedientes sancionadores comunitarios”, lo que ha supuesto, señalan, una “pésima gestión” en materia de medio ambiente y de agua.
Con estos argumentos en la mano, Romero ha avanzado que el PP de Castilla-La Mancha exigirá explicaciones a Page y estudiará acudir a los tribunales “si estos hechos pueden significar que sean constitutivos de algún tipo de delito”.
El PSOE lamenta la “oposición generadora de inseguridades del PP”
El PSOE de Castilla-La Mancha ha defendido este lunes los presupuestos regionales del 2017 como los de “la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha”, al tiempo que ha lamentado la oposición generadora de inseguridades que hace el PP.
Sobre la posibilidad de que el PP no descarta acudir a los tribunales, Padilla ha dicho que cuando el si el Tribunal de Cuentas detecta irregularidades va a la Fiscalía directamente, según recoge Europa Press.
“Lo que está claro es que los presupuestos del 2017 fueron los de la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha después del Gobierno regional del PP de Cospedal, aplaudido por Paco Núñez”, ha manifestado la diputada socialista.
La Junta: “Hay observaciones” pero no “ilegalidad”
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas responde que, “con carácter general”, las cuentas de todo el sector público regional en el ejercicio 2017 se rindieron cumpliendo con la normativa.
Sin embargo, reconoce que el Tribunal de Cuentas “realiza observaciones a la comunidad autónoma, sin que en ningún caso detecte alguna ilegalidad” y además alega que desde el punto de vista de “la operatoria contable” hay que tener en cuenta que los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2017 no entraron en vigor hasta el 6 de septiembre de ese ejercicio. Hasta entonces se funcionó con los de 2016 prorrogados.
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas recuerda, igualmente, en relación con el incumplimiento del objetivo de déficit y la regla de gasto fijados para el ejercicio 2017, que son datos “ya conocidos y que han sido certificados por el Ministerio de Hacienda”.
Hacienda y Administraciones Públicas dice rechazar “de manera contundente las acusaciones infundadas del Partido Popular en relación con este informe del Tribunal de Cuentas”. Añade que no se corresponde con el contenido del informe y pide “rigor” a la formación política en sus declaraciones sobre las cuentas del sector público regional.