¿Por qué se produjo el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña?
Pasadas las 2.00 horas de la madrugada del 13 de mayo de 2016, una llamada al 112 ponía sobre aviso a los servicios de emergencia sobre un gran incendio iniciado en el vertedero de neumáticos localizado entre los términos municipales de Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid). Numerosos efectivos de bomberos desde diferentes puntos de Castilla-La Manca y Madrid acudieron a la zona y cuando salió el sol, las llamas y la inmensa nube de humo negro podían observarse en 80 kilómetros a la redonda.
Allí se habían almacenado durante 14 años casi 100.000 toneladas de neumáticos, que estuvieron, primero ardiendo y luego en combustión hasta 23 días. Desde el primer momento, los investigadores apuntaron la posibilidad de que fuera intencionado debido a la presunta “aplicación de una fuente externa de calor” y porque se inició en uno de los límites del perímetro, con acceso sin vallar. Hasta ahora las diligencias iniciadas por el Juzgado de Instrucción número 7 de esta localidad madrileña se encuentran bajo secreto de sumario y tan solo trascendió la petición judicial para la localización de llamadas debido a un coche que transitaba por un camino colindante justo en el momento en que comenzó el incendio.
¿A quién pertenecía el vertedero, por qué fue sancionado y por qué seguía acumulando neumáticos pese a ser ilegal?
El vertedero comenzó a almacenar neumáticos en el año 2002, hace 15 años. Era propiedad de la empresa Disfilt, donde figuraba como administrador único Victorino Villadangos. En abril de ese año el Ayuntamiento de Seseña, entonces gobernado por José Luis Martín (PSOE) dio autorización para perimetrar con vallas el recinto. Ese mismo año se publicó la declaración de impacto ambiental por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, donde se establecían una serie de requisitos como la revisión y control de la parcela debido a que los neumáticos se consideran “producto potencialmente contaminante” y se establecía que, en caso de abandono, se redactaría un plan de recuperación ambiental. Un año después la empresa Disfilt obtuvo licencia municipal para su actividad.
No fue hasta dos años después, en septiembre en 2005, cuando la Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta en Toledo pidió al Ayuntamiento que lo paralizara, decisión ratificada por el Juzgado de Illescas unos meses después. En septiembre, la empresa es multada con más de 60.000 euros y la Junta pide que no entren más neumáticos. Se siguen acumulando y tienen que pasar otros tres años hasta que en diciembre de 2008 el Juzgado de lo Penal número 1 de Toledo condena a Villadangos, su propietario: la sentencia fue tan solo de tres meses de prisión y cinco meses de multa con una cuota diaria de 10 euros. Hasta ahora, esa sentencia no se ha recurrido.
Ninguna administración, ni local, ni autonómica, ni nacional, impide durante los siguientes años que los neumáticos sigan llegando al vertedero y en abril de 2011 el Juzgado de Illescas declara estos residuos como “abandonados” de forma que el Ayuntamiento de Seseña, gobernado entonces por Manuel Fuentes (IU), podía disponer de ellos. Inicia contactos con varias empresas para su retirada. Por entonces ya había casi 80.000 toneladas. No es hasta julio de 2013 cuando el Consistorio, ya gobernado por el PP con Carlos Velázquez al frente, alcanza un acuerdo para este objetivo con Deshechos y Gestión de Ruedas Iberia, que finaliza en febrero de 2016, tres meses antes del incendio, sin que se hubiera procedido a las tareas encomendadas. Un informe del Seprona había advertido de que esta empresa carecía de gran parte de la documentación administrativa para realizar tal actividad y alertaba de los riesgos de un posible incendio. Al producirse el siniestro, la Junta de Castilla-La Mancha informa de que estaba estudiando una oferta de la empresa pública EMGRISA para el reciclaje de los neumáticos.
¿Qué hechos llevaron a sancionar a la empresa Disfilt que gestionaba el vertedero?
En el auto del Juzgado de Illescas de 2006 se incorporaron algunas advertencias anteriores a la empresa por vertidos incontrolados de neumáticos, entre ellas las denuncias del Seprona por incumplir la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. El juez recuerda igualmente que en noviembre de 2002 ya se produjo un incendio de menor consideración y por ello apunta al “grave peligro para la salud humana derivada de la acumulación y apilamiento de neumáticos” poniendo el acento en la construcción del PAU ‘El Quiñón’ como núcleo urbano.
“No existe la barrera o valla exigida de arbustos en todo el perímetro. Los neumáticos no tienen separación. Por la parcela pasa una línea de alta tensión, lo que supone un incremento del riesgo de incendio. No están construidas las dos balsas de agua exigidas como medida contra incendios”. En definitiva, el juez, en 2006, ya estaba alertando de que no se cumplía la orden de paralización decretada anteriormente. A estas apreciaciones judiciales se unen también las aportaciones de las denuncias realizadas por los agentes medioambientales que alegaban que se estaban acumulando hasta 20 toneladas diarias de neumáticos, que no había medidas preventivas y alertaban sobre un incendio que podría producir “humo tóxico”.
¿Qué relación existe con el PAU El Quiñón que construyó Francisco Hernando ‘El Pocero’?
El polémico Plan de Actuación Urbanística (PAU) de El Quiñón, separado del cementerio de neumáticos por la carretera radial R-4, se aprobó en 2003, un año después de que el vertedero comenzara a almacenar neumáticos. Fue un proceso rocambolesco en el que cumplió un papel esencial el promotor de estas 5.000 viviendas (de las 13.000 previstas) a bajo precio, Francisco Hernando ‘El Pocero’, en sus intentos por que el desarrollo urbanístico recibiera luz verde. Llegó a presentar personalmente a la Junta de Castilla-La Mancha su proyecto, tal y como reconoció recientemente el exconsejero de Obras Públicas Alejandro Gil dentro del juicio contra el ex alcalde de Seseña José Luis Martín por presunto blanqueo de capitales.
El aumento de la población en este residencial fue creciendo en paralelo al número de neumáticos en el vertedero que muchos de ellos han podido contemplar desde sus terrazas durante años. Dos días después del incendio, El Pocero acudió a la urbanización para prometer a los vecinos que pagaría una demanda colectiva de todos ellos contra las administraciones, algo que finalmente no ha sucedido. De cualquier forma, fueron los vecinos de esta urbanización los principales afectados por el incendio. Fueron desalojados de sus viviendas por prevención ante el cambio de viento mientras el incendio seguía activo y posteriormente se les pidió que se confinaran en sus casas.
¿Qué responsabilidades políticas, civiles y penales se han derivado del incendio?
Ninguna. En el terreno judicial, la investigación iniciada por el juzgado de Valdemoro sigue bajo secreto de sumario y hasta el momento solo han podido conocerse algunos detalles como la mencionada furgoneta en los límites de la parcela. En cuanto a la responsabilidad política, tanto la Junta de Castilla-La Mancha como el Ayuntamiento de Seseña han defendido su gestión al respecto. En el primer caso, el Gobierno regional aludió en su momento al abandono de soluciones durante el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal, mientras que el actual alcalde de la localidad argumenta que siempre buscó soluciones para el vertedero y apoya, también como diputado del PP, una futura comisión de investigación.
¿Hubo riesgo para la salud por la contaminación del aire?
En el informe del Gobierno de Castilla-La Mancha realizado con motivo de este balance anual, se constata que no hubo peligrosidad ni en el análisis de las cenizas, ni en el del suelo ni el de la calidad del aire. Sobre esta última cuestión, fueron los colectivos ecologistas los que alertaron de que en Seseña se estaba respirando aire contaminado con sustancias cancerígenas como el benzopireno, e incluso algunos vecinos mostraron mascarillas con restos de cenizas.
Pero la Junta lo ha negado hasta ahora, en base a los datos de la comisión de expertos en calidad del aire que se constituyó para tal fin y que se cerrará este mes de mayo: afirma que los valores medios diarios PM10 (partículas cuyo diámetro es menor que 10 micrometros) superaron el valor límite diario de PM10 los días 18, 21, 26, 27 y 29 de mayo y 3 de junio, en la Unidad Móvil Autobús situada a 700 metros del incendio. Recuerda que la ley permite que se pueda superar este Valor Límite diario hasta en 35 ocasiones en las medidas realizadas durante un año. También apunta que no se registraron superaciones del umbral de alerta del ozono troposférico.
“Las actuaciones durante el incendio y posteriormente en la limpieza de la parcela, nos permiten concluir el incidente con una valoración eficiente del trabajo realizado, de tal forma que se ha podido corroborar que no se han superado los límites ambientales de calidad del aire que marca la normativa vigente, y que el terreno ha quedado libre de residuos, ya que de su estudio se deduce que no se alcanzan los niveles para tener que declararlo como suelo contaminado”, concluyen desde el Ejecutivo regional.
¿Qué ha pasado con todo el material incendiado y el resto de neumáticos?
La Junta de Castilla-La Mancha, en paralelo a las actuaciones de completa extinción, puso en marcha un protocolo de gestión de residuos para la retirada de todo el material incendiado, tanto de neumáticos como de cenizas y fracciones metálicas. El 26 de septiembre, cuatro meses después del incendio, finalizaron las tareas de retirada de los residuos de metal: un total de 1.290 toneladas. Los gestores autorizados que lo han recibido son plantas legales de Arganda del Rey y Pinto.
En cuanto a la retirada de neumáticos fuera de uso, finalizó el pasado mes de diciembre con un total de 9.712 toneladas, que han sido trasladadas a Reciclajes la Mancha S.L. (Campo de Criptana) y Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (Chiloeches). Por último, el pasado mes de febrero se retiraron todas las cenizas (más de 20.000 toneladas) destinadas a Recuperaciones Energéticas Novés, S.A. ubicado en Novés (Toledo) y Tradebe Valdilecha, S.L., en Madrid. La suma total del gasto en Seseña ha sido de 4,7 millones de euros.
¿Cuáles son las principales críticas a esta gestión realizadas por ecologistas y oposición?
A la mencionada calidad del aire, que Ecologistas en Acción ha seguido denunciando, se han unido otras consideraciones como las decisiones adoptadas en relación a los vecinos de El Quiñón: tanto su desalojo como su confinamiento y el cierre de los colegios, que provocaron que muchos padres criticaron por opinar que la contaminación era peor en la urbanización que en los colegios. Desde la oposición, el PP mantuvo en los primeros meses numerosas acusaciones a la Junta por no haber destinado presupuesto suficiente ni haber llevado a cabo políticas de prevención, y que la Junta le devolvía pidiendo explicaciones al Ayuntamiento por la gestión municipal.
¿Cuándo se celebrará la comisión de investigación en las Cortes de Castilla-La Mancha?
En esta parte de la investigación, es Podemos quien ha tomado las riendas. Fue el Grupo Parlamentario de esta formación quien pidió la constitución de este órgano el pasado verano pero todavía no se ha convocado. El secretario regional, José García Molina, ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de clarificar lo sucedido y ha llegado a hablar de “mafias” y “sicarios”, tras la solicitud datos, que hasta ahora suponen hasta 25.000 folios de información. También ha pedido apoyo al Parlamento europeo para que inste a las Cortes castellano-manchegas a convocar ya la comisión.
En un artículo de opinión publicado en eldiario.es, el líder de Podemos también preguntó por el “silencio de todos los actores” acerca del papel de la empresa Michelín en “toda esta trama”. “Sería oportuno que pudiésemos saber los motivos que avalaron la decisión de instalar en el año 2000 su plataforma logística en Seseña, a escasos 6 kilómetros del vertedero (…) y nos gustaría poder preguntar a sus directivos por las posibles valoraciones que se hicieron del incendio de Seseña en la reunión general de accionistas que mantuvo la compañía el mismo día del incendio, 13 de mayo de 2016”.