El borrador del anteproyecto del decreto por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en Castilla-La Mancha se encuentra disponible para información pública hasta el 21 de marzo. Se trate de un documento que pretende establecer las directrices que “garantizarán” a todo el alumnado así como dar respuestas a las demandas de la propia comunidad educativa en este sentido. Entre las distintas normativas que quieren hacer “efectivo” el derecho a la educación inclusiva, se encuentra la Ley Orgánica de Educación, que en su Título Preliminar establece la equidad, la no discriminación y la autonomía a cada comunidad educativa para las actuaciones organizativas en cada centro.
La ley 7/2015, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha establece los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad, e pro de la protección de este colectivo. En la ley 7/2010, de Educación, recoge que la diversidad es un valor y así establece que el conjunto de actuaciones educativas se dirijan a favorecer el progreso educativo de los alumnos.
La inclusión se entiende en el decreto como una “respuesta a la diversidad del alumnado”, a través de medidas educativas que puedan identificar las distintas barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado Este concepto es clave en esta nueva normativa, señala el director general de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional de la Consejería de Educación, Amador Pastor. “Hasta ahora hemos tenido una normativa que aglutina la atención a la diversidad y las tareas de orientación. Pero la comunidad educativa pide que haya una que separe, para que no vayan en paralelo, sino que se crucen dos diferenciadas”.
Cambio de mentalidad
Principalmente, la idea del decreto es identificar los posibles obstáculos que tiene el alumnado en cuanto a la participación y a la presencia de los mismos en las aulas, ya sea por una posible discapacidad, por el idioma o las posibles barreras educativas y emocionales. “Las medidas van desde las más individualizadas, hasta el nivel del centro para que todos tengan capacidad de participación y presencia de manera ordinaria”, explica Pastor. La normativa también se centra en la prevención de estas posibles barreras, y anticipar también medidas compensatorias “antes de poner la etiqueta”.
“El decreto marca un cambio de mentalidad en la inclusión educativa. Luego tendremos que trabajar en órdenes, protocolos e instrucciones para acotar cada una de las particularidades precisas”, señala el director general. Y es que existen diferencias entre los impedimentos, ya que, explica Pastor, hay discapacidades que son permanentes, como las de un alumno en silla de ruedas, que deberán trabajarse con un cambio en la infraestructura, pero hay otras que tienen un carácter más temporal, como en el caso del lenguaje. “Hay barreras insalvables, pero debemos trabajar con medidas necesarias para ofrecer su espacio a los alumnos”, relata.
El decreto contempla todas las etapas educativas, desde la educación infantil hasta la formación profesional, ya que la Universidad tiene su propia manera de trabajar estos aspectos. Para llegar a estas medidas, se ha hecho un trabajo “exhaustivo”, incluyendo comisiones provinciales, una regional, y también con organizaciones y sectores dentro de la comunidad educativa, incluyendo al CERMI y asociaciones como la ONCE, Plena Inclusión o las relacionadas con el autismo o el trastorno de déficit de la atención.
El decreto pretende estar publicado alrededor del mes de junio, pero primero debe pasar por los órganos correspondientes, como son la mesa sectorial de Educación, el consejo escolar y el Consejo de Gobierno. “Hemos querido provocar un camio de mentalidad en atención a la diversidad. Siempre la diferencia ha sido asociada a desventaja y lo que queremos es que independiente de una discapacidad o barrera, pongamos en el foco la potencialidad de los alumnos para desarrollar sus capacidades. Esto es lo que queremos hacer a la ciudadanía”, concluye el director general.