La “línea roja” marcada por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en las alegaciones al nuevo catálogo de prestaciones a dependientes sigue sin ser “negociable”. Este colectivo quiere que la Consejería de Bienestar Social retire la palabra “excepcional” en las prestaciones a cuidadores familiares de grandes dependientes y que con ello se reconozca el trabajo de las 4.500 familias que consiguieron que los tribunales anularan el ‘decretazo’ del Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal. De esta manera ha reaccionado el presidente de esta Plataforma, José Luis Gómez-Ocaña, a las declaraciones de la consejera, Aurelia Sánchez, en una entrevista con el eldiario.es/clm.
“Parece que a todo el mundo se le ha olvidado que el que estemos ahora hablando de un nuevo decreto se debe a que nuestra Plataforma, que precisamente agrupa a familias que son cuidadores, fue la que tuvo el valor de recurrir una orden que a todo el mundo le parecía cruel pero que nadie recurrió”, argumenta.
Por eso pide que los cuidadores familiares sean tratados ahora “en su justa medida”, porque “de ninguna manera se puede entender, sobre todo en grandes dependientes, ese carácter excepcional de la ayuda”. Es más, avisa Gómez-Ocaña de que precisamente ese fue el “agujero negro” por el que el Gobierno de Cospedal “demolió” las prestaciones.
La Plataforma quiere dejar claro que no pretende que se den prestaciones a todo el mundo, sino que se retire la palabra “excepcional” y por tanto sea una ayuda más. Dice desconocer cuál es el procedimiento interno al que se refiere la consejera para evaluar los casos uno a uno, pero que en cualquier caso “debería regularse” en el nuevo decreto de reconocimiento de la situación de dependencia. Un decreto, recuerda, que se firmó en el Pacto por la Dependencia y que estuvo “avalado” por el presidente, Emiliano García-Page.
Las críticas de Gómez-Ocaña no han sido solo para la consejera. Ha acusado al Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Castilla-La Mancha de tener un “interés especial” en que no se reconozcan prestaciones económicas a cuidadores familiares, alegando que así lo pusieron de manifiesto en el último Consejo Asesor de Servicios Sociales. Desde la Plataforma han pedido, además, que el PIA (Programa Individual de Atención) no se realice solo con el criterio de un trabajador social sino que sea consensuado con el dependiente y/o su familia.
Por último, reconoce que el carácter excepcional de estas ayudas sí esta reflejado en la Ley Estatal de Dependencia, pero que eso “no es excusa” para no modificar la normativa a nivel autonómico, ya que esta norma ha sufrido otros muchos cambios desde 2006 y además no supondría gasto adicional a la Junta porque es la prestación “más barata”. También ha avisado de que llegarán “hasta el final” en la recuperación de las cantidades perdidas desde el decreto de Cospedal de julio de 2012, pidiendo que se modulen durante los cuatro años de legislatura actual hasta que se recupere el nivel de prestaciones de hace más de tres años.