Castilla-La Mancha destinará 6.869 millones de euros a gasto social, 110 millones más que en el presente ejercicio, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023. Lo ha presentado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha destacado que se trata de un presupuesto donde “la principal prioridad será garantizar el robusto funcionamiento del Estado del Bienestar” y en el que ha primado más “la responsabilidad” que “tirar la casa por la ventana” ante un año electoral.
Las cuentas ascienden a 12.431 millones de euros -un 1,3% más que las de este año, con un gasto no financiero que sube un 3,2- y “salvo catástrofes” la previsión es que entren en vigor el 1 de enero de 2023. El incremento es menor que el “totalmente extraordinario, de más del 15%” de las cuentas de 2022, que estuvieron ayudadas por los Fondos COVID de la Administración del Estado y los fondos del mecanismo de Recuperación y Resiliencia. No obstante, en términos de gasto no financiero, los ciudadanos recibirán en bienes y servicios hasta 10.166,5 millones.
Al gasto social -que supone el 70% del gasto no financiero- le sigue en el Proyecto de Ley el que se invertirá en desarrollo económico y empleo, un total de 2.049,3 millones, unos 186,2 más que en 2022, “para seguir implementando medidas que permitan corregir” la situación generada por la pandemia y “agravada” por la actual situación internacional.
El presupuesto del próximo ejercicio está “muy preocupado por el alza de los precios sobre familias y empresas” y su principal prioridad será “no escatimar un solo euro público para no dejar a nadie atrás, sin desatender nunca el rigor a la hora de administrar los recursos públicos, pensando en la sostenibilidad financiera”.
En cuanto a los ingresos, y pese al contexto de “alta volatilidad” y “total incertidumbre”, Ruiz Molina sí ha asegurado la “certeza” en cuanto a los ingresos que se puedan recibir ya que “más del 90% de los ingresos se sustentan en ingresos ciertos” y en la “certeza de cumplir compromisos por volumen de gasto”.
Como novedad, el presupuesto del año próximo incorpora el impacto de la lucha frente a la despoblación en las diferentes políticas, cuantificado en 1.714,5 millones de euros -sumando las de servicios públicos y las desarrolladas en los ámbitos económico, social y territorial-. También incluye por vez primera el presupuesto de la Cámara de Cuentas, que asciende a 2,5 millones de euros, y 4,3 millones de euros en concepto de gasto para las elecciones, lo que ha derivado en que la política de servicios generales se incremente un 6,6%.
Como datos reseñables, el titular de Hacienda ha resaltado el “importante crecimiento” de las políticas de gasto destinadas a infraestructuras generales, urbanismo y vivienda en un 33%, debido a la inclusión de los fondos económicos de la Unión Europea, y que el gasto en sanidad prácticamente sea similar al del año pasado, lo que se justifica porque durante 2023 no se tendrá que hacer frente “al ingente gasto” realizado en material para afrontar el COVID, que en tres años creció un 21%.
Por grandes áreas, ha resaltado que la sanitaria contará con 3.620,4 millones de euros con los que está previsto afrontar los nuevos hospitales o nuevos centros de salud, incrementar las plantillas en diferentes centros sanitarios, consolidar la contratación realizada por el COVID, mejorar la capacidad resolutiva del servicio de salud apoyándose en las nuevas tecnologías, reforzar la Atención Primaria y “hacer un sobreesfuerzo para ampliar la cobertura vacunal”.
En el ámbito educativo, donde el presupuesto crece hasta los 2.267,3 millones (85,5 millones más), se seguirán bajando las ratios, concretamente en Educación Infantil, se atenderá el incremento de la oferta de FP, se financiará un nuevo proyecto de investigación y se seguirá ejecutando el plan de infraestructuras. El área de cultura crece un 5% y el impulso al deporte un 9%.
Respecto a los servicios sociales, dispondrán de 981,8 millones (25,2 más que actualmente), aumentando el gasto en discapacidad un 10% y las prestaciones económicas de la dependencia entre un 5 y un 15%. Se mejorará la ayuda a domicilio y se reforzará la teleasistencia, impulsando además la construcción de nuevos recursos de atención a la discapacidad y mayores.
La inversión en materia de desarrollo económico y empleo superará los 2.049 millones de euros de gasto absoluto respecto a 2022, con 186,2 millones más “para el robustecimiento del tejido empresarial” y continuar reduciendo el desempleo. De hecho, se destinarán 597,7 millones a fortalecer y modernizar el tejido productivo, 346,7 a políticas de empleo, 580,8 millones al desarrollo de infraestructuras básicas y 265 millones de euros a políticas de sostenibilidad ambiental.
Gasto por secciones
Por secciones de gasto, el Sescam contará con 3.554,5 millones de euros --cifra similar al año en curso--; Educación, Cultura y Deportes con 2.344,4 millones (3,8% más); Agricultura, Agua y Desarrollo Rural con 1.334,9 millones (un 0,4% más); Bienestar Social con 925,9 millones (sube un 2,8%) y Economía, Empresas y Empleo con 499,3 millones (6,7% al alza).
Desarrollo Sostenible cuenta con 360,5 millones, 5,7% más; Fomento con 436,5 millones, un incremento del 44,9%; Hacienda y Administraciones Públicas con 216,5 millones , un 11,6% menos; Sanidad con 123,6 millones, 16,5% más; el Instituto de la Mujer con 47,1 millones de euros, 1,6% más y Presidencia de la Junta con 23,8 millones, 1,4% más.
La Consejería de Hacienda ve reducido su presupuesto, en parte por los fondos de Recuperación y Resiliencia ya ejecutados este año, y en parte por determinadas cuantías del Gobierno central que se estimaba que iban a gestionar las consejerías pero que se han derivado en 2023 a gasto sanitario.
El gasto de personal se aproxima al 40% del gasto no financiero y asciende a 3.969,6 millones, de los que el 91% va dirigido al personal sanitario, maestros, educadores y al que está al frente de los servicios sociales. El consejero ha detallado que el presupuesto contempla el incremento salarial anunciado por el Estado para los empleados públicos, que supone un 2,5%, y podría verse incrementado hasta el 3,5% en función del IPC y el PIB. En este capítulo, las operaciones de capital suman 1.584,8 millones, un 8,4% más que en 2022, para generar un capital de 122,7 millones de euros, ha explicado Ruiz Molina.
Ingresos
Respecto a los ingresos -las probabilidades de que no se cumplan “son mínimas”, ha recalcado, se recogen 2.054,1 millones (un 26,5% más) de impuestos directos, 2.972 millones (un 23,8% más) de impuestos indirectos y un total de ingresos de capital de 1.178,8 millones de euros, ascendiendo el total de ingresos no financieros a 10.004,6 millones. El total de ingresos financieros es de 2.427 euros, cifra que baja un 28% debido al descenso en los recursos de endeudamiento.
Por capítulos, el 42,55% de ingresos procede de impuestos y tasas, el 37,8% de transferencias corrientes y de capital, y el 19,52% de activos y pasivos financieros.
Los beneficios fiscales subirán un 74,8% -hasta los 434,2 millones- a consecuencia de los anuncios realizados por el presidente regional, Emiliano García-Page, en el Debate del Estado de la Región, especialmente relacionados con el impuesto sobre las rentas. El dinero destinado en 2023 al pago de deuda será de 130 millones de euros --un 70% menos que lo que se necesitó este año--.
Un presupuestos “expansivos en lo social, ambiciosos en lo económico y eficientes” en lo que al funcionamiento de la Administración se refiere, ha finalizado Ruiz Molina, quien por otro lado ha señalado que próximamente se presentará un plan que incide en la necesidad de ahorro por parte de todas las consejerías del Gobierno autonómico.