El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha anunciado hoy que los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2016 destinarán más de 600 millones de euros al Plan de Emergencia Ciudadana. El titular de la cartera ha puntualizado, sin embargo, que todavía falta “ultimar con precisión” todas las partidas de los presupuestos, pero ha asegurado que irán dirigidos a iniciar la “recuperación” económica y social de la región. Los objetivos son ambiciosos, porque además se pretende respetar los objetivos de déficit fijados por Cristobal Montoro, ministro de Hacienda.
Para Ruiz Molina los presupuestos que se plantean para 2016 son “totalmente realistas”, aunque crecen en un 40% en relación al 2015 en las cuentas dirigidas al desarrollo económico y al empleo. En relación a la “reconstrucción” del Estado de Bienestar, el consejero de Hacienda ha destacado que el 70% del gasto no financiero irá destinado a gasto social, lo que supondrá una inyección “adicional” a las políticas de educación, de sanidad y de servicios sociales de unos 315 millones de euros. El titular ha asegurado que la principal novedad es el Plan de Emergencia Ciudadana, que se recogerá en dos anexos.
El plan estará dotado, además, de un “especial régimen jurídico”, lo que han denominado un “blindaje”, ya que no se podrá disminuir a través de modificaciones presupuestarias. El Plan tendrá prioridad en los pagos, aseguró el consejero, así como unidades administrativas con suficientes recursos humanes y materiales. Por otra parte, la ley de Medidas Administrativas y Tributarias pretenden llevar a cabo una política “claramente progresiva”, para que, dentro de los límites de la Comunidad Autónoma, paguen más impuestos quienes tienen más capacidad económica.
Ruiz Molina ha asegurado que no se subirá el el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni el Impuesto sobre el Patrimonio y que tampoco se crearán nuevas figuras tributarias. Por otro lado, se suprimirán las tasas “socialmente injustas”, tal como se había anunciado desde los inicios del Gobierno liderado por Emiliano García-Page.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado, además, de lo que consideran la “culminación” del proceso de “saneamiento” de las empresas públicas, con una inversión de más de 340 millones de euros. En GICAMAN, para empezar, el capital se ha incrementado en 149 millones de euros, junto a 104 millones para pagar indemnizaciones, sentencias y acuerdos extrajudiciales. Además, Ruiz Molina ha asegurado que se han pagado las deudas a proveedores de la televisión pública regional, lo que ha costado alrededor de unos siete millones de euros. El Gobierno ha invertido también 65 millones de euros en Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha y otros 10,3 millones en GEACAM, para saldar la deuda con la Junta de Comunidades.