Un equipo de GEACAM, la empresa pública de medio ambiente de Castilla-La Mancha se ha desplazado este lunes hasta la calle Baños 25 de Albacete, donde permanece confinado un bloque de viviendas en el que se detectaron nueve contagios de COVID-19 para proceder a su desinfección. En esta ocasión, tal y como anunciase ayer el director general de Salud Pública de la región, Juan Camacho, interviene a petición de la autoridad sanitaria y lo hará cuando el equipo médico acabe con las pruebas PCR que desde ayer se les están practicando a todos los habitantes del bloque de viviendas, 14 en total, con solo seis ocupadas y un total de 18 vecinos. Este martes se esperan los resultados de las pruebas para confirmar si hay o no más casos de infección..
De momento, hay nueve afectados positivos por COVID-19 en el edificio y tres de ellos están ingresados en cama convencional en el Hospital General Universitario. Serán 14 días los que este edificio, y por lo tanto sus residentes, se encontrarán confinados en él.
En el momento en el que se notificó el primer positivo, “había personas que no estaban en el edificio desde hace tiempo”, por lo que tal y como ha asegurado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, “no se sabe aún el número de afectados, estamos a la espera de la actualización de la Dirección General de Salud Pública, ya que además los equipos epidemiológicos hacen un rastreo muy amplio para determinar todos los contactos familiares, laborales o comerciales que han tenido esas personas que han dado positivo en el PCR”.
En este sentido, Ruiz Santos ha recordado que “cuando hay un brote no solo se hace la prueba inicial, para poder determinar que ha desaparecido hay que hacer dos pruebas más, no basta que pasen los 14 días para determinar que esa persona tiene el alta epidemiológica”.
El juzgado nº 1 de Albacete ratifica el confinamiento
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Albacete (en funciones de guardia) ha dictado Auto, con fecha 5 de julio de 2020, por el que se ratifica la medida de confinamiento de un edificio de viviendas adoptada por la Delegación Provincial de Sanidad en Albacete tras detectarse dos brotes de COVID-19.
La intervención judicial en este caso es necesaria puesto que la resolución administrativa limita derechos fundamentales, en este caso la restricción de la libertad de la veintena de vecinos que habitan en el edificio, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.