Los conocidos como ocho de Caixabank, todos integrantes de la PAH de Guadalajara, se han declarado insumisos judiciales porque entienden que su caso responde a una operación orquestada por parte de la judicatura para reprimir a activistas. Estas ocho personas se enfrentan a hasta tres años y medio de prisión por unos hechos ocurridos en una sucursal de Caixabank, el 5 de diciembre de 2017. La vista oral del juicio está señalada para el 10 y 12 de febrero de 2025, a la que no acudirá ninguno de ellos.
Ivalú Fuica es la portavoz de los afectados y rememora lo que sucedió aquel día, víspera del Día de la Constitución de hace siete años: “Iban a desahuciar a una compañera de Cabanillas que se había visto en la necesidad de ocupar una vivienda vacía de este banco, con menores a su cargo. El banco le había dicho que no lo haría hasta que tuviera alternativa habitacional, pero no se lo confirmaban por escrito, así que fuimos a la sucursal a acompañarla y negociar, como solía hacer la PAH”, inicia su relato.
Aquel alzamiento inmobiliario, que finalmente fue ejecutado sin que la familia pudiera acudir a otro lugar en el que guarecerse del frío invernal, terminó con la detención de la mujer que iba a ser desahuciada junto a siete activistas. “Estuvimos allí sin alterar nada. Los trabajadores pudieron seguir desempeñando sus funciones con total normalidad, y llegó la hora de cierre, y nos negamos a marcharnos hasta que pudiéramos negociar con el responsable”, continúa explicando Fuica.
Sus deseos quedaron en nada. Pronto, la Guardia Civil se personó en el establecimiento. Los activistas llevaron a cabo la resistencia pasiva que suele caracterizar a la PAH y se quedaron sentados. Finalmente, ocho de ellos salieron por la puerta de la sucursal esposados y detenidos, conducidos al cuartel de la Benemérita de ese pueblo guadalajareño. “Hubo una detención sin lectura de derechos y sin comunicar el motivo de la detención”, denuncia Anastasia Liedo, una de las encausadas.
Ella incide en que “un delito de allanamiento de establecimiento público no conlleva detención, así que la tuvieron que justificar después y cuando estábamos en el cuartel añadieron otros delitos”. Liedo todavía recuerda con cierta sorpresa lo ocurrido aquel día de protesta. “Era una práctica totalmente habitual en la PAH, y siempre pacífica, no sé por qué ese día quisieron detenernos”, enuncia.
Contra la Fiscalía
Después llegaron las primeras citaciones judiciales. Tras lo que se considera en derecho como una dilación indebida de los tiempos del procedimiento, tal y como señala Francisco García, abogado del caso, todos ellos han terminado acusados de varios delitos.
Por un lado, Caixabank, “manifiestamente exagerada” según el letrado, les imputa delitos de allanamiento de establecimiento público, coacciones, resistencia a los agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Por ello piden una pena de tres años y medio de prisión. La Fiscalía, por su parte, les imputa delitos de resistencia, desobediencia y un delito leve de allanamiento. Por los dos primeros piden una pena de 10 meses de prisión, por el último, dos meses de multa con cuota diaria de 10 euros.
En este sentido, Liedo, la acusada, enuncia que este caso jamás debería haber sido admitido a trámite. “Ya sé que la Fiscalía pide menos y que no entraríamos en prisión, pero yo soy inocente y no voy a aceptar ninguna condena. Lo hacen para que no ejerzamos nuestra libertad de expresión”, se queja. Además, tilda de “más grave aún” la postura del Ministerio Público: “Se supone que defiende los intereses del Estado, entre los que deberían estar la libertad de expresión y el derecho a la protesta. No es mejor por pedirnos menos meses de cárcel”.
Defenderán su inocencia
García, el defensor, opina que este tipo de casos judiciales son “un aviso a navegantes, para que la gente se resigne a ser desahuciada de manera sumisa”. Asegura que defenderá la inocencia de todos sus clientes: “Consideramos que ninguno de ellos actuó como consideran la acusación particular y la Fiscalía”, reitera.
Liedo sostiene que “según las declaraciones de los guardias civiles no hubo ningún tipo de resistencia, y los trabajadores de la oficina dijeron que tampoco se dio ningún tipo de coacción, así que no hay por donde armar la causa”.
Asimismo, el letrado destaca lo que tilda de “irregularidades” en el procedimiento. Se refiere, por ejemplo, a la pérdida por parte de la entidad bancaria de las grabaciones de seguridad de lo sucedido aquella jornada. “Dicen que no existen, que las han perdido. Digo yo que, si hay unas personas que han delinquido contra ti de la forma en la que dices, lo primero que haces es preservar las pruebas”, enfatiza García.
Hacia la insumisión, una protesta política
En este punto, los ocho de Caixabank se han declarado insumisos judiciales. “Hay una tradición en el Estado español, y en el mundo entero, relacionada con la desobediencia civil, es decir, el negarse a cumplir una norma por razones éticas o principios”, introduce el abogado. En este caso, todos los afectados han manifestado una “nula confianza en la Administración de justicia” al entender que “actúa como una suerte de defensora de los intereses de Caixabank y no del bien público”, en palabras del defensor.
Liedo opina que “los abusos que hemos visto por parte de la justicia nos han creado un descrédito hacia ella increíble”, e ilustra sus motivaciones con lo ocurrido con los conocidos como seis de Zaragoza y las seis de la Suiza, o el asedio que sufre el Sindicato Andaluz de Trabajadores a través de numerosas y cuantiosas multas económicas. A nivel personal, piensa que “es un juicio contra el activismo, no contra ocho activistas de la PAH”.
El no acudir a los juzgados los próximos días 10 y 12 de febrero supone para los activistas una forma de protesta política. “Yo si iré, y los testigos también”, asegura García, el abogado. En este sentido, se abren varias posibilidades. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si una petición excede los dos años de prisión no se puede celebrar la vista en ausencia de los acusados, pero la petición del Fiscal es menor. “Caixabank puede reducir su petición de forma previa al juicio, y se celebraría. Si no lo hace, el juez podría suspender la vista, pero también poner en busca y captura a mis defendidos”, añade el abogado.
Este extremo supondría la posibilidad de detener a los ocho de Caixabank y su ingreso en prisión provisional hasta que se celebrara la vista oral. “Nosotros vamos a comunicar dónde estamos en todo momento, seguramente en la concentración que convoquemos esos días del juicio, pero no colaboraremos”, comenta Liedo.
Preparados para lo que venga
“Queremos dar un paso más, una especie de órdago que señale estas causas absurdas únicamente orientadas a meter miedo a la gente para que no protesten y defiendan sus derechos”, exclama Liedo, quien afirma que las únicas personas que no saben del trance por el que está pasando son sus padres: “Yo estoy preparada para lo que venga. Mis hijos, de 17 y 19 años, están muy orgullosos de mí, así que seguiremos luchando mientras podamos”, finaliza.