“Esto no hay quien lo entienda, es increíble, después de tanto tiempo”. “Que este infierno, esta larga noche del franquismo, se termine ya de una vez”. Con estas frases se lamentaban algunas de las ocho personas imputadas por intentar frenar un desahucio dentro de una entidad bancaria de Caixabank en Cabanillas del Campo en diciembre de 2017, y cuyo juicio estaba previsto para este 30 de noviembre. Se ha aplazado sin fecha. El motivo oficial alegado en el Juzgado de lo Penal de Guadalajara ha sido la huelga de letrados de la Administración de Justicia, pero entre ellos, sus allegados y su abogado, la sorpresa era generalizada. “No han avisado, no hay resolución”.
Esto sucedía dentro de los juzgados después de que, desde primera hora de la mañana, todos ellos, junto con las decenas de personas que se habían concentrado a las puertas del Palacio de Justicia para darles su apoyo, no tuvieran confirmación de que el juicio fuera a realizarse en audiencia pública, es decir, abierto a observadores y periodistas.
Este medio contaba con la acreditación para entrar a la sala del juicio confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, pero la posibilidad de que se celebrara a puerta cerrada comenzó a tomar fuerza cuando Amnistía Internacional llamó ayer al juzgado con el objetivo de solicitar autorización formal para estar presentes como observadores y garantes de los derechos procesales.
En esa llamada les comentaron que “no era seguro” que el juicio se celebrara de forma pública, por lo que la confusión era creciente entre todos ellos, sus allegados, los manifestantes, los miembros de Amnistía Internacional allí presentes y representantes políticos de Izquierda Unida y Podemos, apenas media ahora antes de la hora señalada para el juicio.
Finalmente, la noticia se confirmó dentro: el juicio no sería ni a puerta cerrada ni a puerta abierta. Ya en la sala de espera, una funcionaria del juzgado comunicaba a todas las partes –allí estaban también presentes tanto los representantes de la Fiscalía como la acusación particular ejercida por Caixabank- que el juicio se aplazaba. No hay nueva fecha ni señalamiento, al no haber letrados para ratificarla debido a la huelga.
El desánimo entre los acusados fue visible en un primer momento, pero pronto hicieron piña para animarse y tomar fuerzas. “Es terrible que tengamos que seguir esperando, pero seguiremos hasta el final, hasta nuestra absolución”, comunicaban a elDiarioclm.es. Al salir del juzgado, Diego, uno de los imputados se dirigó a las personas que seguían concentradas a las puertas del juzgado:
‘Los 8 de Caixabank’ no han parado de recibir apoyos durante los cinco años que llevan esperando un juicio que procede, afirman, de una “detención ilegal” y de un proceso “irregular”. Los han respaldado sindicatos, partidos políticos y colectivos sociales del Corredor del Henares y de toda la provincia, además de las Plataformas Antidesahucios y de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAH)
Los hechos se remontan a diciembre de 2017, cuando varios activistas trataron de paralizar el desahucio de una vecina de Cabanillas del Campo y sus dos hijos. Ahora, cinco años más tarde, ocho se enfrentan a penas de prisión que van de uno a tres años y siete meses de cárcel, acusados de delitos de allanamiento de establecimiento, resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos.
Según los escritos de la defensa, el banco se había comprometido verbalmente a paralizar el desalojo a la espera de que se negociara un alquiler social, por intermediación del Ayuntamiento de la localidad. Se negaron a dejar por escrito los términos de este compromiso, por lo que los activistas decidieron acudir a la sucursal a pedir los papeles necesarios para ayudar a la mujer.
Petición de cárcel por “resistencia pacifica”
La respuesta de CaixaBank ante la aparición de los activistas en su sucursal, según explica la PAG y refieren los escritos de la defensa judicial, fue llamar a la Guardia Civil, que posteriormente se llevaría a los presentes detenidos tras un acto de “resistencia pacífica”. Para ellos se piden ahora penas de cárcel, tanto por parte del fiscal como por la acusación particular.
Ni en el atestado ni en las declaraciones de los agentes se refiere que la jornada se saldara con actos violentos. Es más, uno de ellos declaró durante la instrucción judicial que “no se enfrentaron de forma verbal ni violenta” y que “fue una resistencia pasiva”. Además, a requerimiento del Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara, Caixabank fue instada a que aportara las cámaras de seguridad del día de los hechos, pero la entidad procedió a borrarlas: la entidad bancaria informó al juzgado de que las imágenes no se encontraban disponibles toda vez que fueron borradas al trascurrir el plazo de 15 días siguiendo la normativa establecida para las grabaciones de videovigilancia.
Fuentes de la entidad bancaria ya comunicaron a elDiarioclm.es que no ofrecería valoraciones sobre estos hechos mientras estuviera abierto el proceso judicial. Hoy su representación judicial tampoco ha valorado el aplazamiento del juicio.
Tras los hechos de hoy, la espera vuelve a alargarse. Pero las ocho personas imputadas insisten: en el caso de que no quede dictada su absolución, ya han anunciado que agotarán todas las instancias judiciales españolas hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. “No hay más camino que la absolución”, concluye cada uno de los imputados.
En la concentración celebrada el pasado sábado frente a la sede central de Caixabank en Guadalajara, la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara leyó un manifiesto en el que señalan que las acciones de la PAH siempre han tenido como principio la “no violencia y la resistencia pasiva como forma de señalamiento de los culpables”, así como “visibilizar las situaciones de maltrato que las entidades bancarias y fondos buitre con la connivencia de la justicia provocan a las familias más vulnerables”.
“Si se diese la misma situación a día de hoy, todas y cada una de nosotras volveríamos a repetir la misma acción, no nos arrepentimos”, afirmaron, al tiempo que consideraron el juicio como “un circo orquestado para acallar las protestas”.