Unas 70 familias desalojan el cuartel de la Guardia Civil en Toledo y otras 65 podrán hacerlo hasta junio, cuando se demolerá

Las más de 70 familias afectadas en una primera fase del desalojo previsto en el cuartel de la Guardia Civil en Toledo, cuya fecha límite se estableció para el próximo sábado 15 de febrero, han encontrado ya solución habitacional menos de un mes después de que se decretara por el estado de deterioro que sufren sus edificios y viviendas.

Así lo traslada Daniel Timón, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tras la última reunión que han mantenido con la Dirección General de la Guardia Civil para tratar el desalojo y la demolición del acuartelamiento de Toledo, que previsiblemente se llevará a cabo desde el mes de mayo o el de junio.

La mayoría de las familias afectadas en esta primera fase han encontrado vivienda por sus propios medios. No obstante, seis de ellas irán a pabellones de viviendas de otros cuarteles -con el compromiso de que no sean desalojados si llegan nuevos agentes a los mismos- y otros tres agentes están de baja, por lo que de momento no se les va a desalojar.

De esta forma, quedan aproximadamente otras 65 familias en otros pabellones del cuartel en la capital castellanomanchega que no presentan una situación tan urgente, por lo que podrán preparar su mudanza hasta finales del próximo mes de junio.

Sin embargo, según puntualiza Timón, el tiempo para que se produzca esa segunda fase del desalojo está supeditado a la continua monitorización del cuartel en las revisiones semanales que realizarán los técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil.

La AUGC considera que el desarrollo de este proceso, que se ha efectuado en apenas tres semanas, ha sido “muy precipitado” y no ha habido una comunicación “persona y directa” con los afectados para explicarles la gravedad del estado del cuartel en Toledo.

Por su parte, desde la Comandancia de la Guardia Civil han declinado hacer valoraciones a este medio sobre el proceso que se ha llevado a cabo.

Demolición y nuevas edificaciones

La demolición de las actuales edificaciones duraría en torno a diez meses y las obras de los futuros inmuebles, que se van a construir finalmente en la misma parcela en la que se ubica ahora el cuartel, en la avenida de Barber.

El presupuesto que financiará la Secretaría de Estado a través del Plan de Infraestructuras superaría los 70 millones de euros y la duración de las obras podría prolongarse durante tres o cuatro años, según calcula la asociación.