Es habitual el tráfico y las largas colas de vehículos, muchos parados o estacionados indebidamente, que se forman en los entornos de los centros escolares en las horas de entrada y salida de los mismos. Sin embargo, también hay quienes apuestan por que los más jóvenes vayan andando o en bicicleta a su colegio o instituto.
Es lo que reclaman quienes residen en el Casco Histórico de Toledo. Una práctica sostenible, con múltiples beneficios para el propio alumnado y para la sociedad, que los familiares de escolares que viven en este barrio han puesto en el punto de mira. Quieren que la Consejería de Educación de Castilla–La Mancha lo tenga en cuenta en la puntuación que se otorga dentro del procedimiento de admisión del alumnado en los centros educativos de la región.
La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del único colegio público del barrio antiguo de la ciudad –el CEIP San Lucas y María– ha presentado un recurso de alzada contra el decreto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que regula estos criterios y la baremación que se otorga al no puntuar la posibilidad de que el alumnado pueda desplazarse caminando a su centro educativo, algo que consideran “contrario a la normativa de la Unión Europea”.
“La Unión Europea consagra el derecho de velar por la sostenibilidad ambiental en la toma de decisiones. La directiva comunitaria es de transposición obligatoria. El Estado la ha transpuesto pero las comunidades autónomas no”, explica a este medio Marta Muñoz, madre de alumnos del CEIP San Lucas y María, cuyo centro de referencia es también el único instituto público que hay en el Casco Histórico: el IES Sefarad.
A él acuden también jóvenes de otros municipios limítrofes de Toledo en los que no hay instituto, por lo que la zonificación establecida les otorga la misma puntuación en el apartado que define la proximidad al centro. Sin embargo, al contrario que el alumnado que reside en el Casco, han de desplazarse al centro escolar en los autobuses que hacen rutas escolares o en vehículo privado.
La mitad del alumnado de Toledo va en coche al colegio
La cuestión que plantean las familias del alumnado de este colegio se recoge también en el documento de análisis realizado por el Ayuntamiento para definir el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad. Este documento recoge un gráfico, con datos del año 2004, que muestra los modos de transporte para acceder a centros escolares dependiendo de si se encuentran en el mismo barrio en el que se reside o no.
El mayor nivel de dotación de proximidad de estos centros hace que algo más de la mitad de los usuarios acudan a los mismos a pie, frente a un 31,5% que utiliza el automóvil privado. En este caso un 3,6% hace uso del transporte público o escolar. Cuando el centro se ubica en el propio barrio aumenta considerablemente el desplazamiento a pie (63,1%) y aumenta el uso de transporte público (14,3%) o escolar y el uso del automóvil privado afecta a más de la mitad de las familias.
Su instituto de referencia, el único público en el Casco Histórico
“No estamos en contra de que vengan niños de fuera, evidentemente, pero teniendo el instituto al lado creemos que se tiene que valorar antes que se pueda ir andando al mismo”, apunta también Raúl Vizcaya, padre de otros dos alumnos del colegio, quienes “desde pequeños han ido también al Sefarad a realizar un montón de actividades o talleres”.
Recuerdan las familias el pasado curso escolar saltaron las alarmas cuando buena parte del alumnado del CEIP San Lucas y María se quedaron fuera del IES Sefarad en la resolución provisional de escolarización. Tras las quejas de las familias, la Administración decidió abrir una nueva línea en dicho instituto para poder escolarizar al alumnado excluido, pero recuerdan que también se comprometió a realizar las modificaciones normativas necesarias para que este problema no volviese a ocurrir.
“Es de sentido común que quienes puedan ir andando o en bicicleta tengan más puntuación”, señala por su parte Juan Francisco Pérez, abogado del despacho Grupo Legal que ha impugnado por vía administrativa la resolución que regula los criterios y el procedimiento de acceso del alumnado para el curso 2023–2024, que a su juicio incumple normativa nacional y europea en cuanto a la sostenibilidad medioambiental.
Impugnación de la resolución
En este sentido, según recoge en el recurso de alzada presentado al que ha tenido acceso este medio, señalan que dicha resolución “no ha priorizado la movilidad activa”. “Se debe tratar de conceder alternativas al vehículo privado, tanto en el ámbito urbano como en el conjunto del territorio”, subrayan en este recurso, en el que instan a “reconocer la movilidad sostenible como un derecho de la ciudadanía como elemento de cohesión social”.
“No tienen acceso a ruta escolar ni facilidad alguna para ir en transporte público urbano, entre otras cosas, por la propia fisonomía de un centro histórico. Por ello, las familias se ven obligadas a tirar de su vehículo privado para poder llevar a sus hijos al instituto, ubicado fuera del Casco Histórico”, denuncian sobre la posibilidad de que no obtengan plaza en su instituto de referencia.
Tanto Marta como Raúl defienden que poder ir andando al colegio es “una maravilla hoy en día”. “Nosotros hemos optado por una vida urbana más sostenible”, subrayan estos vecinos del Casco Histórico, un barrio cuya población consideran que está “desprotegida” por “la falta de vivienda, los elevados precios del alquiler, la ausencia de servicios o las dificultades para encontrar aparcamiento cerca del domicilio”, añade también el abogado.
Tras la presentación del recurso, la Consejería de Educación dispone de un plazo de tres meses para responder. Si no lo hace, explica Juan Francisco Pérez, se interpretaría como un silencio administrativo que daría la posibilidad de judicializar el asunto. Sin embargo, confían en que puedan llegar a un punto de acuerdo sin tener que dar ese nuevo paso.
La Junta sostiene que las cuestiones de movilidad dentro de la ciudad “no le competen”
En las últimas horas, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha respondido a la Asociación de Madres y Padres del centro que las cuestiones relacionadas con la movilidad dentro de la ciudad no competen al Gobierno regional.
Rodríguez ha explicado que la normativa que contempla el proceso de admisión del alumnado en Castilla–La Mancha tiene como referente una normativa base que viene del Ministerio de Educación y que luego la Consejería del ramo la adapta en la Comunidad Autónoma. “En esa normativa no se consideran esas consideraciones que contempla el AMPA”, decía según recoge Europa Press.
En este sentido, ha señalado que en el decreto de admisión de alumnos existe una distinción de zonas en relación a la proximidad al domicilio familiar y también de la proximidad del trabajo que realizan los padres.
“Hay unos baremos y se establecen de forma justa las condiciones que tienen que tener en igualdad el conjunto de los alumnos que desean un centro educativo. En función de eso se establecen esas puntuaciones con carácter objetivo y en función de eso se establece el acceso a un centro u otro”, ha zanjado.