- Los socialistas han respaldado la enmienda de la formación morada al proyecto de Ley Antifracking que reduce a año y medio el periodo para la elaboración de este Plan
La normativa con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere impedir que en esta comunidad autónoma puedan llevarse a cabo proyectos mediante la técnica del fracking ha recibido un nuevo impulso parlamentario. La Comisión de Medio Ambiente ha aprobado el dictamen del conocido como proyecto de Ley ‘Antifracking’ con varias enmiendas incorporadas, entre ellas, dos de Podemos respaldadas por el PSOE: la primera acorta de dos años a año y medio la elaboración del Plan Estratégico contra está técnica de extracción de hidrocarburos que se contempla dentro del proyecto de Ley; y la segunda garantiza “obligatoriamente” la participación de la población afectada en la realización de ese plan. También han salido adelante cuatro enmiendas socialistas que suponen meras correcciones técnicos en el texto.
El diputado de Podemos David Llorente ha defendido durante su intervención la necesidad de que el Plan Estratégico pueda aprobarse durante la presente legislatura, entendiendo que hasta su aprobación, cualquier proyecto de fracking queda en suspenso, una postura respaldada por la diputada del PSOE Carmen Torralba con el mismo argumento. En cuanto a la participación ciudadana, ambos partidos han coincidido en apelar a que los ciudadanos puedan contribuir a la redacción. Se ha cambiado el imperativo “participará”, en referencia a la población, por “se contará obligatoriamente con”.
Por su parte, desde el PP, el parlamentario Antonio Martínez ha defendido la única enmienda presentada por su partido a todo el proyecto de Ley, que pedía que ese plazo fuera de un año, y que ha sido rechazada. El diputado ha aprovechado para arremeter primero contra los socialistas por presentar una “chapuza” de Ley que “no cumple con las expectativas” de las poblaciones afectadas y que “no es una Ley Antifracking”.
Según ha dicho, este texto normativo tan solo procede “de la presión de Podemos” a costa de los Presupuestos regionales de 2017 y no refleja las necesidades sociales. De hecho, en este punto ha aprovechado para desviar el tema hacia la agricultura ecológica, recordando la manifestación que los agricultores de este colectivo protagonizarán este jueves en Toledo por el recorte de primas. Y así, ha acusado tanto a la Junta como a Podemos de no preocuparse por los “problemas reales” del campo en Castilla-La Mancha.
Desde Podemos, David Llorente le ha recordado que el PP no firmó el Pacto contra el fracking que rubricaron el resto de partidos en la región y le ha solicitado en varias ocasiones que aclare su postura en torno a esta técnica, cuando ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy quien “abrió las puertas” a este tipo de proyectos en Castilla-La Mancha y en toda España.
Una “amenaza” para la salud pública y la agricultura
“Nosotros somos coherentes con ese compromiso que suscribimos, que plantea condiciones dentro de las competencias de la región”, ha añadido, recordando que la fractura hidráulica supone una “amenaza grave” para la salud pública, el abastecimiento de agua y a la agricultura “que tanto menciona el PP”. Finalmente, ha manifestado que esa defensa del campo castellano-manchega también quedará reflejada con la presencia de Podemos en la manifestación de los agricultores ecológicos.
Por su parte, la socialista Carmen Torralba también ha arremetido contra el PP. Ha dicho no entender cómo este partido puede considerar una chapuza la ley y luego presentar tan solo una enmienda. “O está exagerando o le gusta poco trabajar”, le ha espetado al diputado ‘popular’. Dicho esto, ha recordado que los agricultores de Ciudad Real, Albacete y Guadalajara (zonas afectadas por proyectos de fractura hidráulica) han respaldado esta futura Ley.
También ha acusado al PP de estar buscando fórmulas para que el Tribunal Constitucional tumbe la futura Ley al igual que ha sucedido en La Rioja o Cantabria, al tiempo que ha recordado que el texto se ha elaborado dentro de las competencias de la comunidad autónoma, de forma similar a como se ha realizado en el País Vasco, para evitar que haya conflicto competencial. Ha aclarado por último el carácter retroactivo de la ley, de forma que afectará a los proyectos de fracking ya existentes.
Tras la aprobación de las enmiendas de PSOE y Podemos y el visto bueno al dictamen, el proyecto de Ley requiere ahora de la aprobación en pleno como último paso para su entrada en vigor. La norma plantea una serie de requisitos que tienen como objetivo impedir ‘de facto’ esta técnica de explotación de hidrocarburos. Todos ellos estarán precedidos del mencionado Plan Estratégico, que incluye cuestiones como la expedición previa de autorizaciones para esta actividad, la evaluación de los riesgos por fugas o migraciones, una zonificación del territorio que diferencie las zonas donde quede restringida la fractura y un detalle de distancias mínimas de profundidad y de exclusión.