Pueblos Vivos Cuenca, plataforma que agrupa a movimientos vecinales de poblaciones afectadas por proyectos de macrogranjas como Priego, Cañete, Fuentes, Reillo, Almendros, Belinchón, Villanueva de la Jara, Pozorrubielos de la Mancha, Campillo de Altobuey, Mota del Cuervo, Tinajas y Ecologistas en Acción Cuenca, han pedido responsabilidad política en el caso de “persecución” a funcionarios de la administración regional. Se refieren así al caso de los veterinarios al que se abrieron expediente por levantar actas de infracción de la normativa de bienestar animal en el antiguo matadero de la empresa Incarlopsa.
La plataforma señala que la empresa había incumplido la normativa de bienestar animal “durante cuatro años” y que la administración lo sabía. Además, han querido mostrar su apoyo a dichos funcionarios, que aseguran “cumplieron con su trabajo” al levantar dichas actas informando de las prácticas entre 2013 y 2017.
Las prácticas, relatan, consistían en “no aturdir suficientemente a los animales antes de la fase de degüelle, desangrado y escaldado a más de 65ºC, suponía dejarlos conscientes provocando un sufrimiento que la normativa europea de bienestar animal prohibe expresamente”. Los expedientes, señalan desde el colectivo, se abrieron “a petición de Incarlopsa”, tal como señala la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
El colectivo relata que estas prácticas han supuesto en otros países, como Bélgica, el cierre de los distintos mataderos. Así, recuerdan que en la localidad belga de Tielt, la organización Animal Rights grabó imágenes de lo que sucedía en el matadero de esta localidad, cuando los cerdos “no eran suficientemente aturdidos” antes de las fases de degüelle, desangrado y escaldado, al igual que describe la Sentencia del matadero de Incarlopsa.
Así mismo, recalcan que la sentencia señala la “complacencia y claudicación” de la Junta de Comunidades con la empresa cárnica. Esto lo tachan de “muy preocupante” al igual que las últimas palabras del presidente Emiliano García-Page que califica los hechos demostrados durante el procedimiento judicial que ha dado lugar a la Sentencia, como un “falso rumor”, “mostrando así una evidente falta de respeto a la administración de justicia”.
“Las palabras del presidente castellano-manchego no dejan de indignarnos a la vez que sorprendernos cuando pide que ”no se hable mal de Incarlopsa“ porque genera empleo”, aseguran. “¿Cómo no vamos a hablar mal de una empresa que realiza prácticas de maltrato animal durante 4 años?”, se preguntan. Por eso, cuestionan si los “intereses privados de Incarlopsa están por encima de la ley y del interés público”.