El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Puertollano han suscrito un convenio piloto por el que se crea una novedosa fórmula de gestión de viviendas públicas en alquiler que lleva aparejadas una serie de actuaciones adicionales en materia de intervención social. La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, y la alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, han firmado el acuerdo para la puesta en marcha inmediata de este sistema, cuya pretensión es aunar los recursos de integración a los de la mera gestión de los alquileres públicos de las viviendas.
Mediante el acuerdo, la Junta de Comunidades cede la gestión y administración de 152 viviendas ubicadas en los barrios de Cañamares (50 pisos) y del Pino (102 unidades) al Ayuntamiento, que será quien ingrese los recursos de la recaudación mensual de las rentas de alquiler (unos 75.000 euros anuales) para destinarlas al mantenimiento de las viviendas y sus zonas comunes. La cesión que contempla además la creación de una Oficina de Vivienda específica desde la que se articulará el programa.
Esta oficina tendrá sede en el barrio del Pino y estará formada por un técnico en vivienda, dos técnicos sociales, un especialista técnico derivado de programas propios del Plan Concertado y un auxiliar. El equipo humano se encargará no solamente de efectuar las gestiones administrativas que comportan los alquileres de las viviendas, sino de implementar un sistema que evaluará desde las relaciones de vecindad y convivencia de los vecinos hasta la escolarización efectiva de los menores.
También controlará que se produzca un adecuado mantenimiento y conservación de los inmuebles y de los espacios públicos aledaños y de ofrecer apoyo en las labores de búsqueda activa de empleo y ocupación de los habitantes de estas viviendas. Según ha explicado la consejera de Fomento, el seguimiento social que entraña esta actuación integral es un modelo que el Gobierno regional quiere extrapolar a otros municipios que muestren su interés. “Va a ser el germen de nuestra gestión de vivienda pública en la región”, ha dicho, “una gestión que no debe ser únicamente patrimonialista, sino social, o estará condenada al fracaso”.
Aunque Puertollano servirá como primera experiencia, De la Cruz ha mostrado su confianza en que serán más los ayuntamientos que apuesten por modelos conjuntos de estas características en toda Castilla-La Mancha. La consejera ha afirmado que mejorar la convivencia en este tipo de barrios es fundamental y ha recordado que durante el mandato anterior “la vivienda pública estuvo en una situación de total abandono”.
“Sin paternalismos”
De la Cruz ha apostado por trabajar “de manera responsable con las familias” que habitan la vivienda pública en alquiler, aclarando que Puertollano era un lugar idóneo para lanzar este programa piloto por el alto número de viviendas sociales regionales que posee (más de 500) y por los especiales problemas de convivencia o seguridad que se habían registrado. También por la “valentía” de su alcaldesa a la hora de afrontar los problemas.
Mayte Fernández ha indicado por su parte que la Junta de Comunidades se ha mostrado desde el principio “muy receptiva” en la solución final dada al convenio, que ha calificado de “innovador”, enmarcándolo en el terreno de la “acción social”. “Hay que mirar con alma a familias que no siempre tienen buena prensa”, ha dicho la alcaldesa, incidiendo en que la labor de la oficina “no va a ser paternalista, sino que vamos a trabajar con normas para mejorar las condiciones de vida de estas familias y de sus niños”.
Los pisos cuyos moradores entrarán a formar parte de este programa son todos de titularidad pública y fueron construidos por la Junta de Comunidades en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Puertollano para dar respuesta a familias con dificultades de acceso a la vivienda y a familias ocupantes de alojamientos en precarias condiciones de habitabilidad. Estas viviendas continuarán siendo de titularidad de la Junta de Comunidades.
El convenio no contempla gasto alguno asociado a ninguna de las dos administraciones. No obstante, recoge entre sus cláusulas que en caso de no cubrirse los gastos de conservación de las viviendas con las rentas de alquiler ingresadas por el Ayuntamiento, será la administración regional la que efectúe las reparaciones extraordinarias necesarias. De hecho, 37 de las viviendas asociadas al convenio precisan de arreglos para poderse habitar.