La gran ola de solidaridad desatada en toda la sociedad con el pueblo ucraniano debido a la invasión de Rusia y la receptividad en la acogida de personas refugiadas ha llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha, la Federación de Municipios, las diputaciones provinciales y la entidades y ONG de acogida a elaborar un manifiesto con recomendaciones para canalizar de forma adecuada y efectiva toda esta ayuda.
“Bajo la actual crisis humanitaria provocada por el conflicto armado en Ucrania, las muestras de solidaridad están siendo constantes”, reza el comunicado, recordando que tanto las entidades sociales, como las organizaciones internacionales y la administración están recibiendo numerosas ofertas de ayuda, muchas de ellas centradas en donaciones en especie de diversos materiales.
En situaciones como la actual, agrega, es más que nunca importante que la ayuda humanitaria llegue a las personas más vulnerables “sin dañar los mercados y canales locales”, sin poner en peligro al personal humanitario, ni a los actores de la ayuda internacional, y “sin comprometer la seguridad de las personas ni de los bienes”. Además, destaca como necesario optimizar la eficiencia en la distribución de la ayuda, evitando el consumo de recursos adicionales, “gastos superfluos y evitables” y “un daño ambiental excepcional, ocasionados por el traslado de mercancías entre países”.
Las organizaciones humanitarias especializadas en la materia están a cargo de la evaluación de necesidades, que varían a medida que el conflicto y la emergencia evoluciona y que “requiere constantes adaptaciones en cuanto a los materiales y recursos que son necesarios”. En este sentido, las donaciones materiales, “por bienintencionadas que sean, pueden no responder en absoluto a las necesidades detectadas o descubiertas sobre el terreno”.
Medicamentos, acogida y corredores humanitarios
También explican que la donación de algunos productos, como medicamentos, está sujeta a estrictos protocolos de calidad y seguridad que restringen las donaciones de particulares, situación que está provocando que “muchas donaciones de este tipo acaben desestimadas y desechadas, con el notable riesgo sanitario y medioambiental que supone”.
Adicionalmente, alertan de que la voluntad de acogida por parte de la ciudadanía castellanomanchega, de familias o individuos de origen ucraniano, especialmente cuando se realiza sin regulación o coordinación con las administraciones, y especialmente si conlleva la recogida y desplazamiento de niños y niñas no acompañados por adultos, o por adultos que no son sus tutores legales, puede incurrir, aun involuntariamente, en “prácticas peligrosas” para la seguridad de los menores, incluyendo riesgo de formar parte de redes de trata de personas.
De hecho, subrayan que en este momento del conflicto, está resultando muy difícil establecer y consolidar corredores humanitarios que permitan el acceso y la distribución de forma segura, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones humanitarias con las partes en conflicto. Para que estas negociaciones tengan éxito, es fundamental que exista una estructura de distribución perfectamente organizada y un estricto control de los materiales transportados, que deben cumplir estándares internacionales y ser homogéneos en sus características.
Por todo ello, los firmantes del comunicado, agradecen la red de solidaridad que desde particulares, entidades e instituciones ha surgido en relación a esta emergencia. Pero recomiendan evitar las donaciones de materiales “en especie”, que pueden ocasionar perjuicios e impactos negativos en el ámbito social, económico y medioambiental. Su gestión “dificulta el trabajo especializado de las entidades humanitarias, así como la distribución de ayuda con todas las garantías de seguridad que las víctimas de la guerra requieren y merecen”.
Asimismo, piden evitar los desplazamientos a título particular a la zona fronteriza al conflicto para la recogida de personas desplazadas “sin la coordinación imprescindible” con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “garante principal del acceso a servicios y ejercicio de derechos de la comunidad refugiada en España”.
Gobierno, municipios y ONG recuerdan que la acogida temporal, la tutela y adopción de menores no acompañados está regulada por los servicios del menor de la Junta, por el cumplimiento de las normas jurídicas de su país de origen y por el cumplimiento de las leyes autonómicas. “Cualquier interés particular por la acogida temporal de menores debe realizarse a través de este sistema para no incurrir en potenciales irregularidades y vulnerabilidades”.
Canalización de ayudas
Otra recomendación es que este solidario de la ciudadanía, entidades bancarias, sociales, empresariales y administraciones públicas de todo nivel, sea canalizado a través de ayudas económicas a entidades humanitarias acreditadas y solventes, a la Agencia Española de Cooperación Internacional a través de su Oficina de Acción Humanitaria. También a aquellas organizaciones no gubernamentales con experiencia acreditada que trabajan en Castilla-La Mancha dentro del Sistema Nacional de Acogida incluyendo o facilitando, la cesión, donación temporal o alquiler a bajo coste de viviendas que permitan garantizar el bienestar y promover la dignidad de las personas acogidas.
Asimismo, solicitan a los medios de comunicación la “proporción” en la difusión del conflicto, así como “una reflexión a dimensionar adecuadamente” la exposición de iniciativas particulares que podrían suponer a corto y medio plazo “un perjuicio para la población abordada”. En especial, se refieren a aquellos casos en los que se encuentran involucrados menores, acompañados o no, evitando todo lo posible la difusión pública de su imagen, su ubicación temporal y otros detalles que puedan poner en peligro su integridad física o emocional, su salvaguarda y seguridad.
Por último, resaltan que es posible que esta crisis humanitaria, como otras muchas, persista en el tiempo, y la ayuda “continuará siendo imprescindible en el futuro, y no solo en este punto inicial del conflicto”. Además de las instituciones, firman este manifiesto Unicef, la Coordinadora de ONG de Castilla-La Mancha, ACCEM, Fundación CEPAIM, Cruz Roja, Provivienda, Guadacoge y MPDL.