Castilla-La Mancha sigue progresando en todos los indicadores analizados dentro del Sistema de Autonomía y Atención para la Dependencia (SAAD), incrementando el número de personas valoradas, personas con derecho, personas atendidas, y el número de servicios entregados, si bien decrece el número de cuidadores familiares. Esta es una de las conclusiones del XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que da a la región un 6,78 de nota, el tercer puesto entre las regiones con mejor atención, y dos puntos más que en julio de 2015.
Uno de los datos más significativos de este informe es que estima que Castilla-La Mancha ha dejado de recibir del Gobierno central en el año 2016 hasta 28,3 millones de euros por la supresión de la cofinanciación en 2012. Según el dictamen, con esa cantidad se habría conseguido que 3.800 personas más hubieran podido ser atendidas y se habrían podido contratar 950 empleos directos de nueva creación.
Asimismo, los datos desvelan que el ‘limbo’ de la dependencia es del 36% en la región, cuatro puntos superior a la media española, pero ha disminuido seis puntos con respecto al que mantenía en 2015. Igualmente, el mayor incremento se registra en Castilla-La Mancha en este periodo en el número de servicios entregados que aumenta un notable 20% y en la generación de empleos por millón de gasto público (un total de 33). El retorno económico en 2016 es de 137 millones de euros.
El Dictamen precisa que esto se debe, entre otros factores, al incremento del Servicio de Ayuda a Domicilio y servicio residencial, lo que ha generado casi 2.000 empleos directos nuevos en el Sistema. En total, establece que el “quebranto económico” de los recortes del Gobierno de España es de 136,7 millones de euros en los últimos cinco años y el Gobierno de Castilla-La Mancha aporta el 83% de la financiación pública.
Pese a todo ello, la comunidad autónoma está incluida en el grupo de regiones que “se estancan” o que tienen “una absorción muy lenta”. Los expertos explican que estas comunidades, como también es el caso de Aragón, Canarias, Cantabria, Extremadura, Navarra, País Vasco o La Rioja, “parecen haber llegado a punto en el que no pueden absorber la lista de espera a base de incrementar atenciones al ritmo necesario considerando el camino que les queda por recorrer”.
Un 20% más de beneficiarios en lo que va de legislatura
Pero desde la Junta de Castilla-La Mancha hacen una valoración positiva de estos datos. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha destacado hoy, conforme a los datos del SAAD del mes de enero, que hay un 20% más de beneficiarios en 19 meses de legislatura y un 22% menos de personas pendientes de recibir una prestación.
Entre las prestaciones que reciben las personas en situación de dependencia, ha detallado que las que más crecen son las de Ayuda a Domicilio, que se sitúan en 10.463, un 46% más que en julio de 2015 (3.274); la Teleasistencia, en 5.975, un 23% más (1.103); los usuarios de Centro de Día, 2.838 en la región, un 32% más (682; los usuarios en plaza residencial, un total de 11.161, un 12% más (1.179); así como las Prestaciones Vinculadas al Servicio, con un total de 3.712, un 33% más (928), y las de Servicio de Promoción de la Autonomía (SEPAP), que se elevan a 4.025 en enero, un 12% más (438 más).
Por su parte, las Prestaciones para el Cuidado en el Entorno Familiar (PECEF), se sitúan en 13.589 y descienden un 18% respecto a julio 2015 (2.990 menos), debido al fallecimiento de la persona titular del derecho (en un 72% de los casos), acceso a otra prestación, traslado de comunidad o ingreso en residencia, entre otras causas. Ha querido remarcar que no se ha desposeído de este derecho a ninguna persona, sino que al contrario, se han concedido 923 de estas ayudas en 19 meses frente a las tres que concedió el Gobierno del PP durante los cuatro años anteriores.
Como novedades, de cara al futuro, la consejera ha anunciado que desde el Gobierno regional se va a seguir dando seguridad jurídica a las personas dependientes, para lo que ya está en fase de redacción un nuevo Decreto de Procedimiento, que elabora una comisión de trabajo; se ha renovado la contratación de personal para reforzar el servicio de evaluación y se va dar impulso a nuevos tratamientos para dependientes de Grado I.