La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha presidido la constitución de la comisión de trabajo de la futura Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha constituida por representantes de las principales entidades que operan es este sector de la región y técnicos de la Consejería de Bienestar Social.
De las entidades más representativas ha tomado parte en esta primera reunión de la comisión de trabajo Carlos Susías, presidente de EAPN Red Europea de Lucha contra la Pobreza; José Antonio Romero, gerente de CERMI CLM; Braulio Freyre, presidente de la Coordinadora ONGD de Castilla-La Mancha; Jesús Rodríguez, director de Cruz Roja CLM; José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE C-LM, y Amador Casquero, coordinador de Cáritas CLM.
Al inicio de la reunión, la consejera ha animado a los participantes a realizar aportaciones que hagan del borrador de Ley del Tercer Sector Social de la región “un documento de consenso” que todas las entidades “compartan y con el que se sientan representadas”, para que la ley sirva efectivamente para ofrecer un marco legal de estabilidad al sector. La futura Ley del Sector Social de Castilla-La Mancha abrirá nuevos formatos de relación con los sectores privados y el tercer sector para facilitar, canalizar y potenciar el uso de infraestructuras y las redes de servicios con el objetivo de ampliar y mejorar la atención a la ciudadanía, al considerar de manera generalizada la sociedad castellano-manchega que el Tercer Sector es parte importante de la economía social y actor necesario.
De esta forma, la comisión de trabajo se plantea redactar el borrador de una Ley Autonómica del Tercer Sector Social que reconozca jurídicamente y dé soporte y estabilidad institucional y económica a esta parte de la sociedad civil y regule legalmente el “concierto social” en el que las entidades prestan servicios sociales básicos para el conjunto de la sociedad.
El precedente de esta ley de ámbito regional para Castilla-La Mancha se encuentra en la de ámbito nacional Ley 43/2015 de 9 de octubre del Tercer Sector de Acción Social, y convertirá a nuestra región en la segunda en contar con un marco normativo propio para este ámbito de actividad, ya que en este momento sólo Euskadi tiene aprobada su propia ley territorial de Tercer Sector.