La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam) ha criticado que el Gobierno regional haya aprobado el Decreto de condiciones básicas de los centros de servicios sociales de atención especializada destinados a las personas mayores “sin contar con el consenso del sector y los trabajadores”, al tiempo que ha alertado de que “sin financiación es imposible asumir los costes añadidos a los que obliga” la norma. La patronal ha alertado, incluso, de que aplicarse dicho decreto “podría poner en riesgo la inversión privada en la construcción de nuevos centros residenciales”.
Por ello, ha presentado alegaciones al documento del Gobierno regional, al “no establecer en el documento ningún de modelo en el qué basarse ni adjuntar un análisis del impacto económico que generaría, ni en las empresas, ni en el bolsillo de las personas usuarias”.
Para ARTECAM, el primero de los hándicaps es que la nueva regulación no establece ni de termina qué tipo de modelo se quiere implantar, ni de Castilla-La Mancha no prevé un periodo de adaptación al nuevo modelo y que tan solo establece que deberán realizarse cambios arquitectónicos en los centros de nueva construcción. “Pero no habla de cuáles deberán ser los cambios estructurales, ni tampoco de los profesionales”, ha añadido.
“Exclusivamente si el precio de la plaza concertada aumentase hasta los 2.030 euros --a razón de 67,67 euros diarios por usuario-- y fijase una tarifa plana para todos los niveles de Dependencia, podría ser viable en la Comunidad”, ha añadido.
A su juicio, el texto, tal y como está redactado, adolece de un reconocimiento a los profesionales y no establece ningún tipo de formación para poder llevarlo a cabo con garantías. “Ni siquiera se ha trabajado con el sector en su elaboración”, ha advertido la patronal, que se ha mostrado “taxativa” a la hora de defender que el modelo que se debería implantar en Castilla-la Mancha tendría que estar basado “en la calidad de la atención y que esta estuviera centrada en la persona”.