El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha emitido un dictamen con respecto al proceso de externalización de la gestión de 'Aguas de Alcázar', en el que sostiene que el acuerdo del Pleno Municipal del 24 de julio de 2014 -por el que se aprobó la adjudicación de la gestión de Aguas de Alcázar a FCC Aqualia, bajo el Gobierno del Partido Popular- incurre en causa de anulabilidad, al vulnerar la Ordenanza municipal de suministros.
Un dictamen que no responde al deseo del actual equipo de Gobierno socialista, dirigido por Rosa Melchor quien aspira a que dicho acuerdo plenario pueda ser nulo de pleno derecho para revertir así al Consistorio la gestión del servicio de aguas municipal. La alcaldesa ya ha explicado que el matiz introducido por el Consejo Consultivo obliga a seguir “peleando” en la vía jurídica para lograr la reversión de la gestión.
Y es que en el dictamen emitido por cinco miembros del Consultivo existen discrepancias de criterio. Tres de los cinco votaron a favor de la anulabilidad mientras que los otros dos (entre ellos el presidente del Consejo, Joaquín Sánchez Garrido) votaron a favor de la nulidad de pleno derecho. Algo que permite recurrir dicho dictamen.
Ahora, las opciones que contempla el Gobierno municipal y que trasladará a la Mesa del Agua y a los portavoces de Equo e IU, pasan por recurrir el dictamen y denunciar ante el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCLM) “la lesión contra el interés general” que ha ocasionado la venta de Aguas de Alcázar.
La primera edil ya se ha puesto en contacto con los portavoces de Equo e IU (partidos municipales en favor de la remunicipalización) para trasladarles la decisión del Consultivo y, en las próximas horas, mantendrán una reunión. Igualmente, ha convocado la Mesa del Agua para el próximo viernes. Será este foro el que tendrá que valorar los siguientes pasos a dar: recurrir el dictamen del Consultivo o pedir amparo al TSJCLM a través de la denuncia por lesión del interés general, o ambas acciones.
Rosa Melchor recuerda que sigue abierto un proceso judicial -a través del recurso interpuesto por Ana Belén Tejado ante el TSJCLM- que persigue el mismo objetivo, la nulidad de pleno derecho del Pleno de adjudicación de Aguas. “En cualquier caso, no vamos a decaer y vamos a seguir luchando porque Aguas de Alcázar vuelva a ser cien por cien pública”, concluyó la alcaldesa.