El Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales que dirige Ana Mato ha convocado el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que agrupa a los departamentos correspondientes de las comunidades para acordar, entre otras cuestiones, el reparto del Fondo creado por el Gobierno central para hacer frente a las situaciones de exclusión social o riesgo de pobreza entre los menores. El Fondo se ha dotado con dieciséis millones de euros a repartir entre quince de las diecisiete comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, destinados a 2.320.000 menores en riesgo.
El método de reparto, así como la escasa cuantía del Fondo, han sido criticados por representantes de algunas comunidades, como Andalucía o Canarias. Dado que no se ha tenido en cuenta el número de menores en riesgo, las comunidades donde el problema es mayor en cuanto a afectados reciben una cuantía per cápita muy inferior a otras.
El indicador utilizado para el reparto es el riesgo de pobreza o exclusión social, la denominada tasa AROPE (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que agrega el riesgo de pobreza, la carencia material y el desempleo, y que se utiliza en toda la Unión Europea.
En el caso de Castilla-La Mancha dicha tasa afecta al 37,3 % de los menores de dieciocho años, es decir 146.299, que la sitúa como la cuarta con mayor porcentaje de afectados, y ello supone que en el reparto del Fondo ha obtenido 1.163.806,55 euros, o 7,95 euros por cada menor que habrá de destinar a alimentación, ropa, aseo, medicamentos o alquiler de vivienda.
El cálculo de AROPE incluye a la población que disponga de menos de un 60 % de los ingresos medios, a los hogares donde sus miembros trabajaron menos del 20 % de su potencial en un año, y que presente graves carencias en al menos uno de los siguientes conceptos: no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no poder irse de vacaciones una semana; no poder mantener la vivienda con temperatura adecuada; no poder afrontar gastos imprevistos; tener retrasos en pagos de recibos relacionados con la vivienda; o no disponer de automóvil, teléfono, televisor o lavadora.
En cuanto al total de la población la tasa AROPE en Castilla-La Mancha es de 38,3 %, según el Instituto Nacional de Estadística, es decir población que se encuentra en al menos uno de los criterios citados (riesgo de pobreza, carencia material o desempleo), siendo la segunda comunidad en este triste ránking, sólo por detrás de Andalucía, y muy alejada de la media estatal que es del 27,3%.
Con motivo de la polémica en torno a la negativa del Gobierno regional a abrir los comedores escolares en verano el consejero de Educación, Marcial Marín, anunció en las Cortes que no se “obviaría el problema de la alimentación de los más necesitados” y que la Junta apoyaría a los ayuntamientos que hayan decidido abrir comedores, por lo que es probable que la cuantía del Fondo se destine a este fin.