Un enorme socavón de ocho metros de profundidad y de diez metros de diámetro es la nueva pieza añadida a los elementos que aumentan las dudas sobre la seguridad de los terrenos para el transporte de residuos nucleares. La oquedad apareció hace días en la carretera que une Villarejo de Fuentes con Fuelespino de Haro (Cuenca), a menos de 15 kilómetros de los terrenos de Villar de Cañas destinados al futuro almacén de residuos nucleares (ATC). Ante esta situación y tras una nueva dimisión en el seno de Enresa, empresa encargada de gestionar los residuos, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha vuelto a pedir la “paralización definitiva” del proyecto.
Este colectivo considera que la falta de rigor y de estudios geológicos adecuados en el entorno del cementerio nuclear de Villar de Cañas se hacen cada vez más patentes, y explica que aunque por esa carretera no circularían residuos nucleares, sí que lo harían por la que parte de Villares del Saz a Villar de Cañas. En este tramo, que está en obras y en el que no se ha realizado estudio de impacto ambiental alguno, “no podrían detectarse este tipo de problemas” que “dejan en entredicho” a la empresa gestora.
Para la Plataforma, es “especialmente grave” todo lo relacionado con el transporte de residuos nucleares desde las centrales nucleares hasta el ATC. Argumenta que tan solo se ha informado de la decisión de que, finalmente, los recorridos serían cien por cien por carretera, es decir el “modo de transporte más peligroso para la población, como así reconoce el propio informe de Enresa”.
“Nada se dice sobre el posible impacto radiológico a la población, así como el número de convoyes, las toneladas de residuos y la cantidad de viajes que han de hacerse por cada una de las rutas. Tampoco se precisan los tramos de carreteras secundarias seleccionados o algunos accesos directos a las carreteras principales, en el supuesto (cada vez más lejano) que el proyecto siguiera adelante”, añaden.
A este “secretismo y falta de rigor técnico”, la plataforma une el administrativo, precisando que Enresa continúa licitando obras y compra de equipos que serían totalmente inútiles en caso de que, finalmente, el ATC no se llegara a construir. Dicen que este hecho es lo que ha llevado a la dimisión de la jefa del departamento de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad, Maribel Rivera, que “se ha negado a entrar en este juego”. Concretamente se ha negado a firmar la compra de 10 contenedores de residuos nucleares, con un valor de salida de 32 millones de euros sin incluir impuestos.
Para María Andrés, portavoz de la Plataforma y vecina de Villares del Saz, los vecinos que se verían afectados por estos transportes (auténticos “convoyes de la muerte”) tienen derecho a saber a qué se exponen. A la vista del “silencio cómplice” de Enresa, este colectivo ha encargado a técnicos cualificados un informe en el que darán a conocer a los afectados lo que significa que pase junto a sus casas “un camión cargado, entre otros residuos, de uranio y plutonio”.